En marzo, un grupo de hackers filtró 28 bases de datos del Estado argentino. En junio, alguien ofrecía en un foro chino 750.000 registros de clientes de BBVA Argentina. Esta semana, mientras en el país se siguen sumando denuncias de estafas digitales, en Washington el gobierno de Estados Unidos cambió las reglas del juego: autorizó a empresas privadas a devolver el golpe a los ciberdelincuentes.
El miércoles 13 de agosto por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando de seguridad nacional que autoriza a empresas privadas seleccionadas a realizar operaciones ofensivas contra grupos de ciberdelincuencia transnacional, en coordinación con los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional (DHS) de ese país.
La medida habilita tareas que van desde la «vigilancia de redes delictivas» hasta «operaciones de hackeo que podrían llevar a la interrupción, manipulación o destrucción de sistemas de información». El objetivo declarado es frenar el robo de datos y las estafas financieras globales, que generan pérdidas multimillonarias cada año, apoyándose en lo que la Casa Blanca llamó «la capacidad e ingenio del sector privado».
No es una autorización abierta. Las empresas que participen deberán ser investigadas previamente por el gobierno, firmar contratos con multas de hasta un millón de dólares por infracciones, y pedir aprobación escrita para cada operación puntual. El memorando prohíbe explícitamente ataques que causen muertes o lesiones graves, o que «alcancen el nivel de uso de la fuerza o ataque armado según el derecho internacional». Solo se podrá apuntar a organizaciones criminales que actúen de forma independiente de gobiernos extranjeros.
**Una estrategia que Estados Unidos venía criticando en otros países.** Según explicó el investigador Dakota Cary a medios especializados, China copió durante años políticas de ciberseguridad estadounidenses, pero ahora el escenario se invierte: Washington se acerca al modelo que usan China y Rusia, donde las agencias de inteligencia recurrieron históricamente a piratas informáticos contratados por fuera del Estado para operar con mayor libertad de acción.
**Qué tiene que ver esto con Argentina.** El país no cuenta con una ley integral de ciberseguridad. El marco vigente se arma con piezas sueltas: la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), la Ley de Delitos Informáticos (26.388) y, desde el Decreto 941/2025, el recién creado Centro Nacional de Ciberseguridad, que exige a organismos públicos y privados alcanzados reportar los incidentes graves al CSIRT Nacional dentro de las tres horas de detectados. Un proyecto de Ley Marco de Ciberseguridad avanza en el Congreso, pero todavía no tiene sanción.
Mientras tanto, los ataques no esperan. Según cifras difundidas a comienzos de agosto, Argentina registró más de 5.700 millones de intentos de ciberataques en el último año. Durante 2025, el país fue el tercero de América Latina con más ciberataques, detrás de Brasil y México. A la filtración de datos del Estado argentino en marzo y a la presunta venta de registros de BBVA Argentina en junio se sumó, en julio, un incidente de seguridad reportado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Esta nota amplía una cobertura previa de ccomusoc: el 7 de agosto se informó que WhatsApp comenzará a etiquetar los videos hechos con inteligencia artificial, pero que esa etiqueta no llega a los chats donde circulan estafas en Argentina. El memorando de Trump se suma a ese mismo problema de fondo —el crimen digital transnacional— pero desde el otro extremo: mientras EE.UU. arma un esquema para que empresas privadas contraataquen, Argentina todavía no tiene sancionada una ley que ordene cómo el país, sus empresas y sus organismos deben responder a los ataques que ya sufren todos los días.
Especialistas consultados por medios especializados en ciberseguridad, como Nick Carr (de Microsoft) y Mieke Eoyang (ex funcionaria del Pentágono), advirtieron que el mayor riesgo de la medida estadounidense es la dificultad para atribuir con certeza un ataque a un grupo criminal y no a un Estado extranjero, lo que podría derivar en represalias imprevistas. Para Argentina, sin ese tipo de esquema ni la capacidad de un país como Estados Unidos, la respuesta a los ciberataques sigue dependiendo casi por completo de la cooperación internacional y de los organismos estatales que recién se están terminando de armar.
Glosario
- Memorando de seguridad nacional: un documento que firma el presidente de Estados Unidos para ordenar una política de seguridad, sin pasar por el Congreso.
- Ciberdelincuencia transnacional: grupos que cometen delitos informáticos (robo de datos, estafas, extorsión) operando desde un país pero afectando víctimas en otros.
- Atribución: en ciberseguridad, el proceso de identificar con certeza quién está detrás de un ataque informático, algo que suele ser muy difícil de comprobar.
- CSIRT Nacional: el equipo del Estado argentino encargado de recibir y coordinar la respuesta ante incidentes graves de ciberseguridad que le reportan organismos públicos y privados.