Un pañuelo que debía agitarse en una ventana y una frazada que se agitó por error cambiaron el destino de 25 presos políticos un 15 de agosto. Seis llegaron a tiempo a un avión hacia Chile y recibieron asilo. Diecinueve llegaron tarde: una semana después, 16 de ellos fueron fusilados en la Masacre de Trelew.
Jorge Lewinger manejaba la camioneta que debía recoger a los fugitivos en la parte trasera del penal de Rawson. Adentro, la consigna era simple: alguien iba a agitar un pañuelo blanco desde una ventana para indicar que todo estaba en orden. Pero esa tarde alguien agitó una frazada. Lewinger interpretó la señal como una orden de retirada y se fue con la camioneta vacía. Ese malentendido, confirmado por el propio conductor años después, terminó decidiendo quién viviría y quién no.
Fue el 15 de agosto de 1972, a las 18:05, hace 54 años. Alrededor de 200 presos políticos —militantes del ERP, las FAR y Montoneros, detenidos por su pertenencia a organizaciones armadas durante la dictadura autodenominada «Revolución Argentina»— tomaron el control del penal de Rawson, en Chubut. El operativo lo encabezaba Mario Roberto Santucho, con la planificación previa de Marcos Osatinsky. De los 200, solo 25 lograron salir del penal: la mayoría, unos 91, nunca alcanzó siquiera la calle porque no quedó transporte disponible tras el error de la señal.
De los 25 que sí salieron, un grupo llegó a tiempo al aeropuerto de Trelew. Vestidos con uniformes militares para simular ser un contingente del Ejército, seis de ellos —Santucho, Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna— secuestraron un avión de Austral con 96 personas a bordo y lo desviaron a Chile. Allí, el gobierno de Salvador Allende les otorgó asilo político antes de que partieran hacia Cuba.
Los otros 19 llegaron al aeropuerto cinco minutos después de que el avión despegara. En lugar de huir, tomaron la torre de control y negociaron su rendición con las autoridades, que les garantizaron un traslado a una cárcel común. Siete días más tarde, en la base aeronaval Almirante Zar, fueron sacados de sus celdas de madrugada y fusilados: 16 murieron. Sobrevivieron María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar, que dieron testimonio de lo ocurrido en el libro «La patria fusilada», de Francisco Urondo. Ninguno de los tres llegó a la vuelta de la democracia: los tres fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura militar que empezó en 1976.
La Masacre de Trelew, como quedó conocida, se convirtió en uno de los antecedentes más citados del terrorismo de Estado que la Argentina sufriría cuatro años después. Recién en 2012, cuatro décadas más tarde, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a tres de los responsables —Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino— por 16 homicidios y tres tentativas de homicidio. En agosto de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esas condenas y estableció que el fusilamiento formó parte de un plan sistemático contra la población civil: por eso lo calificó como delito de lesa humanidad, es decir, imprescriptible.
El otro costado de esa misma tarde de agosto —el asilo que Chile le dio a los seis que sí llegaron a horario— también integra una tradición que la región sostiene hasta hoy: la del derecho a pedir refugio cuando la propia vida corre peligro por motivos políticos. Ese mismo derecho lo ejercería después, en sentido inverso, la propia Argentina con miles de personas perseguidas por la dictadura de Augusto Pinochet tras el golpe de 1973 contra Allende.
Glosario
- Presos políticos: personas privadas de su libertad no por delitos comunes sino por su militancia o ideas políticas.
- Asilo político: protección que un país le da a una persona perseguida en su país de origen por sus ideas o actividad política, permitiéndole vivir allí sin ser extraditada.
- Delito de lesa humanidad: crimen tan grave (como el asesinato sistemático de personas por parte de un Estado) que no prescribe nunca y puede juzgarse sin límite de tiempo.
- Tribunal Oral Federal: organismo judicial que juzga causas penales federales, como los crímenes cometidos durante la última dictadura.
- Terrorismo de Estado: uso de las fuerzas y los recursos de un gobierno para perseguir, secuestrar, torturar o matar a opositores políticos.