Miles de personas con discapacidad, trasplantadas o en tratamiento por cáncer viajan gratis en micros de larga distancia para llegar a sus turnos médicos. Si una empresa decide no cumplir con ese beneficio, el usuario puede denunciarlo ante la CNRT, pero eso no le garantiza llegar a tiempo a la consulta. Ahora el Gobierno nacional eliminó los pagos que hacía a las compañías de transporte para cubrir esos pasajes, y el costo quedó enteramente en sus manos.
El Gobierno nacional eliminó, el martes 26 de mayo de 2026, el régimen por el cual el Estado le pagaba una parte a las empresas de micros de larga distancia a cambio de que dieran boletos gratuitos. La medida se oficializó mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.
El beneficio alcanzaba a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera de un trasplante, y a niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Lo que desaparece no es el pasaje gratuito en sí, sino el mecanismo por el cual el Estado financiaba parcialmente esos boletos a las empresas. Ahora son las compañías las que deben asumir todo el costo, algo que en la práctica puede tener consecuencias serias para quienes necesitan viajar para atenderse o hacer tratamientos.
El sistema que se dio de baja estaba vigente desde 2018. Desde entonces, el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional.
La obligación de dar boletos gratuitos a personas con discapacidad existe desde hace décadas. Hasta fines de 2024, el Estado reconocía parcialmente ese costo porque consideraba que las empresas prestaban un «servicio público». Según se fundamenta en la resolución, el cambio responde a la modificación del marco regulatorio introducida por el Decreto 883/2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte automotor y permitió a las empresas definir precios, recorridos y modalidades de servicio. Con esa desregulación, el Gobierno entendió que la figura de «servicio público» ya no aplica y que las empresas pueden absorber esos costos con la libertad tarifaria que tienen. Las organizaciones de personas con discapacidad no están de acuerdo.
Este conflicto tiene una historia previa que explica la urgencia de la medida. Desde el sector empresario aseguran que el Gobierno dejó de cumplir con los pagos desde noviembre de 2024. La deuda se acumuló mientras las compañías seguían entregando los pasajes gratuitos, tal como ordenó la Justicia, y el pasivo acumulado desde la suspensión de pagos supera actualmente los 27.000 millones de pesos. La resolución, entonces, no sería solo una decisión de política pública: también sería una forma de cerrar formalmente una deuda que el Estado ya venía ignorando.
Aunque la normativa oficial aclara que el derecho a la gratuidad «permanece plenamente vigente y exigible» frente a las empresas, la realidad en las terminales de ómnibus muestra otra cara: un sector empresarial asfixiado que ya empezó a retacear los cupos ante la falta de pago estatal.
El transporte, además, pesa cada vez más en el bolsillo de las familias. El aumento de las tarifas superó ampliamente a la inflación y al salario mínimo. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), mientras en diciembre de 2023 una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de 2026 ese porcentaje trepó al 17,3%. Para una persona con discapacidad, que ya enfrenta gastos extra en salud, medicamentos y cuidados, este aumento pega especialmente fuerte.
La decisión generó cuestionamientos de distintos sectores sociales y políticos, que advirtieron sobre el impacto que podría tener en personas que necesitan trasladarse para tratamientos médicos, controles o intervenciones de alta complejidad. Algunas asociaciones advierten que podrían aparecer mayores dificultades para conseguir disponibilidad de pasajes, especialmente en fechas de alta demanda o durante fines de semana largos.
Por ahora, las empresas continúan entregando los pasajes gratuitos, pero el sector advierte que la situación económica se vuelve cada vez más difícil de sostener. Si una empresa decide no cumplir, el usuario puede denunciarlo ante la CNRT, pero eso no garantiza que llegue a tiempo a su turno médico.
Glosario
- Compensación económica: Dinero que el Estado le pagaba a las empresas de micros para cubrir el costo de los pasajes que, por ley, debían dar gratis a ciertos grupos de personas.
- CUD (Certificado Único de Discapacidad): Documento oficial que acredita que una persona tiene una discapacidad. Es el principal requisito para acceder a los beneficios de transporte gratuito y otros derechos previstos por la ley.
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