El Gobierno nacional eliminó las compensaciones económicas que recibían las compañías de transporte de larga distancia por los boletos sin costo para personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer. El derecho a viajar gratis sigue vigente en la ley, pero el riesgo real está en cómo las empresas van a sostener ese costo.
El Gobierno nacional eliminó, este martes 26 de mayo de 2026, el régimen por el cual el Estado le pagaba una parte a las empresas de micros de larga distancia a cambio de dar boletos gratuitos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. El beneficio alcanzaba a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera de un trasplante, y también a niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Lo que desaparece no es el pasaje gratuito en sí mismo, sino el mecanismo por el cual el Estado financiaba parcialmente esos boletos a las empresas. Ahora serán las compañías las que deberán asumir completamente ese costo. Pero eso, en la práctica, puede tener consecuencias serias para quienes necesitan viajar para atenderse o hacer tratamientos.
El Ejecutivo dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional. Según se fundamenta en la resolución, el cambio responde a la modificación del marco regulatorio introducido por el Decreto 883/2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte automotor, permitiendo a las empresas definir precios, recorridos y modalidades de servicio.
La obligación de dar boletos gratuitos a personas con discapacidad existe desde hace décadas. Hasta fines de 2024, el Estado reconocía parcialmente ese costo bajo la figura de que las empresas prestaban un «servicio público». Con la desregulación del sector, el Gobierno entendió que esa figura ya no aplica y que las empresas pueden absorber esos costos con la libertad tarifaria que tienen. Las organizaciones de personas con discapacidad no están de acuerdo.
Lo que pocos mencionan es que este conflicto tiene una historia previa que explica la urgencia de la medida. Desde el sector empresario aseguran que el Gobierno dejó de cumplir con los pagos desde noviembre de 2024. La deuda comenzó a acumularse mientras las compañías siguieron entregando los pasajes gratuitos, tal como ordenó la Justicia. Esa cifra representa apenas una parte del total adeudado, ya que el pasivo acumulado desde la suspensión de pagos supera actualmente los 27.000 millones de pesos. La resolución, entonces, no sería solo una decisión de política pública: también sería una forma de cerrar formalmente una deuda que el Estado ya venía ignorando.
Si bien la normativa oficial se esfuerza en aclarar que el derecho a la gratuidad «permanece plenamente vigente y exigible» frente a las empresas, la realidad en las terminales de ómnibus cuenta una historia diferente: un sector empresarial asfixiado que ya empezó a retacear los cupos ante la falta de pago estatal.
Este escenario se da en un contexto donde el transporte ya pesa mucho más en el bolsillo de las familias que antes. El aumento de las tarifas superó ampliamente a la inflación y al salario mínimo. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), mientras en diciembre de 2023 una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de 2026 ese porcentaje trepó al 17,3%. Para una persona con discapacidad, que ya enfrenta gastos extras en salud, medicamentos y cuidados, este aumento es especialmente duro.
La decisión generó cuestionamientos por parte de distintos sectores sociales y políticos, que advirtieron sobre el impacto que podría tener en personas que necesitan trasladarse para tratamientos médicos, controles o intervenciones de alta complejidad. Algunas asociaciones advierten que podrían aparecer mayores dificultades para conseguir disponibilidad de pasajes, especialmente en fechas de alta demanda o durante fines de semana largos.
Crece la preocupación respecto del impacto que el conflicto podría tener sobre los usuarios que dependen de estos beneficios para acceder a tratamientos médicos, rehabilitaciones o traslados de larga distancia. Aunque hasta el momento las compañías continúan entregando los pasajes gratuitos, el sector advierte que la situación económica se vuelve cada vez más difícil de sostener. Si una empresa decide no cumplir, el usuario puede denunciarlo ante la CNRT, pero eso no garantiza que llegue a tiempo a su turno médico.
Glosario
Compensación económica: Dinero que el Estado le pagaba a las empresas de micros para cubrir el costo de los pasajes que, por ley, debían dar gratis a ciertos grupos de personas.
CUD (Certificado Único de Discapacidad): Documento oficial que acredita que una persona tiene una discapacidad. Es el principal requisito para acceder a los beneficios de