El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) derogó dos capítulos de su Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, vigentes desde 1968, con el objetivo declarado de modernizar la normativa y adaptarla a los avances tecnológicos en la producción agroalimentaria. La resolución 62/2026 se publicó este 23 de enero en el Boletín Oficial.
Los capítulos eliminados son el XXIX, que regulaba el asesoramiento a los productores y la divulgación de la normativa, y el XXXIII, que establecía reglas específicas para los productos provenientes de la agricultura familiar. SENASA argumenta que ambos capítulos habían quedado obsoletos ante los cambios tecnológicos, las plataformas digitales y la evolución de los métodos de producción.
Si bien la medida busca claridad y coherencia en el reglamento, expertos advierten posibles efectos negativos y vacíos normativos:
La eliminación del Capítulo XXXIII deja a los productores de agricultura familiar sin un marco normativo adaptado a sus particularidades, generando incertidumbre sobre controles, etiquetado y comercialización.
Sin el Capítulo XXIX, se reduce el acceso a asesoramiento y a información oficial sobre buenas prácticas, lo que puede provocar errores involuntarios o incumplimientos legales.
La resolución reafirma que la responsabilidad sobre la sanidad e inocuidad sigue siendo directa y solidaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Sin guía normativa, esto aumenta el riesgo legal para pequeños productores.
La actualización tecnológica no viene acompañada de pautas claras sobre cómo los productores deben adaptarse a nuevas plataformas digitales, lo que puede generar brechas de cumplimiento y fiscalización.
En síntesis, la medida representa un paso hacia la modernización reglamentaria, pero también genera un escenario de desprotección para los pequeños y medianos productores, que deberán adaptarse rápidamente para cumplir con la normativa vigente sin un marco específico que los guíe.
La resolución entra en vigencia 24 de enero, consolidando un proceso de reordenamiento normativo impulsado por el Gobierno Nacional para actualizar la gestión y control de los alimentos y productos agropecuarios, aunque dejando abiertos desafíos en la protección y asesoramiento de la producción familiar.