El intendente de Río Grande, Martín Pérez, presentó al municipio como parte interesada en la causa judicial contra las petroleras que operan frente a Malvinas. Fue después de que una jueza federal se declarara competente para investigar el proyecto «León Marino», que avanza sin el estudio de impacto ambiental que exige la ley argentina.
«Río Grande no puede ser indiferente ante la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur», dijo el intendente Martín Pérez cuando anunció que su municipio se sumaba, como parte interesada, a la demanda judicial contra dos petroleras que operan frente a las islas Malvinas. «Defender las Malvinas también es actuar», agregó.
La presentación, a cargo del abogado municipal Sebastián Tesei, se formalizó entre el 11 y el 12 de septiembre ante el Juzgado Federal de Río Grande. Pide que se ordene a las empresas frenar las obras, las perforaciones y cualquier actividad del proyecto petrolero mientras no cumplan con los requisitos ambientales que la ley argentina exige.
Esta es una actualización de una causa que CCOMUSOC ya había contado el 2 de septiembre, cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) demandaron a las petroleras Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí) para frenar la extracción de crudo. Ahora esa causa sumó dos actores nuevos —el municipio de Río Grande y, según confirmó la Justicia, también la provincia de Tierra del Fuego, que pidió intervenir para proteger sus intereses ambientales y patrimoniales— y dio un paso procesal clave.
El 9 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto se declaró competente para investigar el caso. Lo hizo con un argumento que va más allá de lo ambiental: sostuvo que la degradación del ecosistema del Atlántico Sur puede afectar «recursos ambientales interjurisdiccionales» por la dinámica del océano, y que las instalaciones del proyecto se asientan sobre el lecho marino y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción argentina. A eso sumó que de fondo está en juego «la soberanía nacional, un bien colectivo e indivisible» de interés federal.
El proyecto en discusión se llama «León Marino» (Sea Lion en inglés) y está ubicado entre 200 y 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas. Contempla pozos de explotación, instalaciones submarinas y una logística intensiva de transporte de hidrocarburos. Según los demandantes, nunca pasó por la Evaluación de Impacto Ambiental que exige la normativa argentina, con riesgo de derrames, contaminación química y alteración de los hábitats marinos.
La causa judicial no es un hecho aislado. Días antes, el presidente Javier Milei había anunciado sanciones administrativas, legislativas y presupuestarias contra la actividad hidrocarburífera no autorizada en Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Rockhopper y Navitas respondieron el 4 de septiembre con un comunicado conjunto: dijeron que operan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido, y que las medidas argentinas no tendrán «efectos materiales» sobre el proyecto ni sobre su cronograma. Esa misma mañana, las acciones de Rockhopper cayeron 6,5% en la Bolsa de Londres y las de Navitas, 2,3% en Tel Aviv.
Además de la causa ambiental que ahora tramita en Río Grande, existe una denuncia penal separada, presentada por el Gobierno nacional, que quedó asignada al Juzgado Federal N°12 de Buenos Aires. Todavía no se definió si esa causa se mantiene en Buenos Aires o si se une a la de Tierra del Fuego.
Por ahora, la jueza Borruto no resolvió el pedido central: la medida cautelar para frenar las obras. Antes de eso, exigió a los demandantes presentar, dentro de cinco días, declaraciones juradas de que no existen juicios idénticos en trámite, junto con traducciones oficiales de la documentación en otros idiomas. De esa decisión, todavía pendiente, depende si el proyecto petrolero se detiene mientras avanza el juicio o si sigue adelante como aseguran las empresas.
Glosario
- Parte interesada: quien se presenta en un juicio sin ser el demandante original, porque el resultado del caso puede afectarlo directamente.
- Medida cautelar: una orden judicial urgente y provisoria, que se dicta antes de resolver el fondo de una causa, para evitar un daño mientras dura el juicio.
- Evaluación de Impacto Ambiental: un estudio obligatorio por ley que mide qué daño puede causar una obra o actividad al ambiente antes de autorizarla.
- Recursos interjurisdiccionales: bienes naturales (como el agua o el mar) que no respetan los límites entre provincias o países, por lo que un daño en un lugar puede afectar a otro.
- Plataforma continental: la extensión del territorio de un país bajo el mar, más allá de la costa, sobre la que el Estado tiene derechos de explotación de recursos.
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