El Gobierno logró firmar el dictamen de la reforma laboral en el Senado, pero no pudo avanzar con el debate en el recinto. La discusión quedó postergada para febrero. El motivo es claro: el oficialismo no tiene los votos ni el respaldo político suficiente para aprobar la ley ahora.
La decisión se tomó después de una jornada caótica. Hubo negociaciones tensas, reuniones de urgencia y riesgo real de ruptura con los bloques dialoguistas. Patricia Bullrich tuvo que intervenir para evitar que el acuerdo se cayera. El resultado fue un dictamen frágil, con cambios prometidos y firmas en disidencia. No fue un triunfo: fue un freno de emergencia.
El conflicto se agravó tras lo ocurrido en Diputados. La aprobación desordenada del Presupuesto 2026 y el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación, acordado entre el oficialismo, el kirchnerismo y algunos gobernadores, generó malestar en el Senado. Los bloques que venían acompañando al Gobierno se sintieron desplazados y advirtieron que no iban a convalidar reformas exprés.
Mientras el oficialismo negociaba puertas adentro, la calle habló. La CGT y otros sindicatos se movilizaron en Plaza de Mayo y en varias ciudades del país contra la reforma laboral. El mensaje fue directo: si la ley avanza, habrá paro nacional. El rechazo no fue aislado ni simbólico; fue masivo y organizado.
El Gobierno eligió minimizar la protesta y presentar la jornada como “normal”. También reforzó el operativo de seguridad. En lugar de escuchar el reclamo social, respondió con control y silencio. Esa distancia entre el poder político y los trabajadores profundizó el conflicto.
La postergación del debate hasta febrero no responde a una estrategia legislativa, sino a una realidad política: la reforma laboral hoy no pasa. El oficialismo sabe que avanzar ahora implicaría un choque directo con sindicatos, sectores sociales y parte del Congreso.
En contraste, el Presupuesto 2026 sí avanza rápido. El dictamen se firmará y la ley se votaría el 26 de diciembre, junto con la ley de inocencia fiscal. El Gobierno prioriza cerrar el año con las herramientas económicas que necesita, aun cuando el conflicto social sigue abierto.
La reforma laboral quedó en suspenso, pero el problema no desapareció. El oficialismo enfrenta un límite claro: sin consenso político y sin apoyo social, las reformas no se imponen. La calle ya avisó. El Congreso tomó nota. El Gobierno, por ahora, retrocedió.
El conflicto sigue abierto. Lejos de descomprimirse, el rechazo social a la reforma laboral crece con el correr de las horas. Para este mismo día, a las 20 horas, se convoca a un ruidazo (cacerolazo) en distintos puntos del país, como forma de protesta contra el proyecto del Gobierno. La consigna es clara: hacer oír el malestar social frente a una reforma que avanza en el Congreso, pero que encuentra un freno cada vez más fuerte en la calle.