En Argentina, 6 de cada 10 personas dicen haber sufrido acoso en el ambito de una organización. El problema no es solo la violencia en sí: es que muchas organizaciones la toleran o la ignoran como si fuera parte del trabajo.
Cada día, miles de trabajadores y trabajadoras en Argentina van a sus empleos sabiendo que serán humillados, ignorados o presionados por sus jefes o compañeros. Esto tiene un nombre: mobbing. Es el acoso sistemático dentro de un lugar de trabajo o institución, y ocurre en empresas privadas, organizaciones sociales, organismos del Estado, escuelas y hospitales por igual.
Según un estudio elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, en Argentina 6 de cada 10 personas aseguran sufrir o haber sufrido alguna situación de mobbing, de acuerdo con datos citados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, 3 de cada 10 personas afirman que padecen acoso laboral en su trabajo actual, y el 78% de los casos corresponde a violencia psicológica.
La violencia psicológica se produce de forma sistemática y reiterada durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años. No se trata de un conflicto puntual ni de un mal día: es un patrón que se repite, que desgasta y que daña profundamente a quien lo recibe.
El mobbing como concepto nació en el campo de la psicología del trabajo en la década de 1980. El académico Heinz Leymann lo definió como «situación en la que una persona ejerce violencia psicológica externa, de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo».
Sus formas son variadas: insultos y menosprecio, difusión de rumores malintencionados, aislamiento y exclusión de actividades comunes, amenazas, limitación de oportunidades de trabajo, o negación de los medios necesarios para realizar las tareas.
El problema no es nuevo. El acoso moral laboral, conocido como mobbing, es un riesgo psicosocial que en Argentina preocupa desde hace más de dos décadas. Lo que sí es relativamente reciente es su visibilización como problema colectivo y no como responsabilidad individual de quien lo sufre.
La violencia laboral afecta en mayor medida a personas no binarias y mujeres, con porcentajes del 87,6% y 65,5% respectivamente.
En Argentina, el mobbing se ejerce mayormente desde posiciones jerárquicas. Es decir: en la mayoría de los casos, quien acosa tiene más poder que quien es acosado.
Una de las causas menos mencionadas del problema es la cultura organizacional que lo habilita. La violencia, el acoso y el incivismo afectan negativamente no solo a las víctimas directas, sino también a los testigos y a la organización en su conjunto, deteriorando la productividad y atacando los vínculos de solidaridad. Sin embargo, muchas instituciones prefieren mirar para otro lado antes que enfrentar el conflicto. Entre más tiempo tienen los trabajadores laborando en una organización, más normalizan las situaciones de acoso. Esa normalización es, en sí misma, una forma de sostener el maltrato.
Otro factor oculto es el miedo a perder el empleo. El desempleo y la amenaza de perderlo hacen que las situaciones de acoso sean toleradas, produciéndose como consecuencia la somatización de la agresión. Quien sufre mobbing suele callarse para no perder su fuente de ingresos o su lugar en ese espacio, y eso le da al acosador más poder todavía.
Argentina cuenta con marcos legales que protegen a los trabajadores. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina en 2020 mediante la Ley 27.580, reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación de los derechos humanos. Además, existen leyes provinciales como la Nº 12.434 en Santa Fe, que aborda específicamente el acoso laboral y se aplica a todos los empleados públicos de esa provincia.
Sin embargo, las leyes no alcanzan si no hay denuncias. El acoso laboral sigue siendo un tema tabú porque las víctimas consideran que resulta difícil de demostrar. La dificultad para probar el mobbing en los tribunales se debe a que las conductas van desde la infravaloración de las capacidades del empleado hasta la asignación de tareas irrealizables, pasando por la difamación o el trato vejatorio.
Las consecuencias son graves: ansiedad, depresión y estrés son comunes entre quienes sufren acoso.
También se registra baja productividad y alta rotación de personal, lo que genera costos adicionales para las propias organizaciones. Una situación de acoso muy prolongada puede desembocar, en situaciones extremas, en el suicidio de la víctima.
Si el mobbing no se nombra, no se denuncia y no se sanciona, seguirá reproduciéndose. Para abordarlo, es fundamental implementar políticas de prevención, ofrecer talleres y capacitaciones y establecer procedimientos claros para denunciar situaciones de acoso, garantizando la confidencialidad.