Mientras el debate político avanza en otras direcciones, un trabajo clave del CONICET y la UBA, publicado en diciembre de 2025, expone el mapa más preciso del avance extranjero sobre la tierra en Argentina. A más de un mes de su difusión, el tema sigue fuera de la agenda pública.
A fines de 2025, el Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras e investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, publicó un informe que debería estar en el centro de la discusión política y social. Sin embargo, al 26 de enero de 2026, el trabajo circula casi en silencio.
El artículo, firmado por Julieta Caggiano y Matías Oberlin, advierte sobre un proceso sostenido de extranjerización de tierras que afecta directamente a la soberanía territorial, al control de recursos estratégicos y a cualquier proyecto de desarrollo nacional a largo plazo.
Un problema estructural que vuelve a escena
El informe se conoce en un contexto político particular: con la asunción de nuevos diputados y senadores, el Gobierno nacional anunció el envío de proyectos considerados “clave”, entre ellos la derogación definitiva de la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011 para limitar la tenencia extranjera de suelo rural.
Para dimensionar lo que está en juego, el trabajo reconstruye el proceso histórico. Señala como punto de quiebre a fines de los años noventa, cuando durante el gobierno de Carlos Menem se habilitaron ventas masivas de tierras en zonas de seguridad de frontera, áreas que estaban protegidas desde 1944 por normativa específica.
En ese período se autorizaron ventas por más de 8 millones de hectáreas, muchas de ellas mediante operaciones irregulares o triangulaciones. Casos como Lago Escondido, en Río Negro, adquirido por el magnate británico Joe Lewis, o las extensas tierras patagónicas compradas por el grupo Benetton, aparecen como ejemplos emblemáticos.
La ley que buscó poner límites
Durante los años 2000, el alza internacional del precio de los alimentos y la devaluación del peso facilitaron la compra de tierras fértiles y estratégicas por parte de capitales extranjeros. En ese escenario se sancionó la Ley de Tierras, que fijó un límite del 15 % de extranjerización por provincia y por departamento, además de fortalecer los mecanismos de control estatal.
Sin embargo, el informe detalla que en 2016 el Decreto 820/2016, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, modificó sustancialmente la aplicación de la norma. Se flexibilizaron procedimientos, se redujeron controles y se alteró la forma de medir la extranjerización, especialmente en casos de sociedades, sucesiones y participaciones indirectas.
Como resultado, los relevamientos oficiales posteriores mostraron una supuesta baja en la extranjerización que, según el estudio, no refleja una reducción real, sino un cambio metodológico.
El freno judicial y el escenario actual
En diciembre de 2023, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras. Sin embargo, en enero de 2024 un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) logró frenar provisoriamente esa derogación en la Justicia. Desde entonces, la situación legal permanece en un limbo.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene oficialmente que ninguna provincia supera el límite del 15 %. El informe del Observatorio de Tierras pone en duda esa afirmación.
Cuánto, dónde y quiénes
A nivel nacional, cerca del 5 % del territorio argentino está en manos extranjeras. En términos de superficie, son más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a Inglaterra.
Pero el dato más relevante surge al bajar la escala. El relevamiento —basado en información del Registro Nacional de Tierras Rurales, obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública— identifica 36 departamentos que ya superan el límite legal.
En cuatro casos, la extranjerización es extrema:
- Lácar (Neuquén)
- General Lamadrid (La Rioja)
- Molinos y San Carlos (Salta)
En todos ellos, más del 50 % del territorio está en manos extranjeras. Se trata, además, de zonas con agua dulce, minerales y alto valor estratégico.
Otros departamentos —como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana (Buenos Aires)— superan el 30 % y se ubican sobre corredores logísticos clave, como el río Paraná.
El patrón se repite: fronteras, cordillera, acuíferos, recursos mineros y vías fluviales concentran los niveles más altos de extranjerización.
Quiénes concentran la tierra
Según el informe, los principales poseedores extranjeros son ciudadanos de Estados Unidos, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.
Para dimensionar el dato: la superficie en manos de ciudadanos estadounidenses supera la extensión total de la provincia de Tucumán.
Un debate que no es administrativo
El trabajo advierte que la derogación de la Ley de Tierras apunta a habilitar operaciones sobre territorios de valor excepcional: lagos patagónicos, bosques nativos, zonas mineras, áreas fronterizas y regiones asentadas sobre grandes reservas de agua.
En un contexto internacional atravesado por disputas por agua, energía y alimentos, los autores sostienen que reducir las capacidades del Estado para regular el acceso a estos bienes implica resignar soberanía y margen de decisión futura.
Definir qué tierras se pueden vender, a quién y bajo qué reglas no es una cuestión técnica. Es una decisión política que ordena quién accede a recursos centrales y quién queda afuera.
A más de un mes de su publicación, el informe del CONICET sigue disponible, con datos públicos y un mapa interactivo abierto. Lo que falta, al menos hasta ahora, es que el tema entre de lleno en la agenda pública.