Desde esta semana, si una directora de una secundaria porteña se entera de que un alumno de 14 años pudo haber cometido un delito, incluso fuera de la escuela, está obligada a denunciarlo. Así lo establece un nuevo protocolo que el Gobierno de la Ciudad publicó el lunes en el Boletín Oficial para aplicar el Régimen Penal Juvenil en las aulas. Los gremios UTE y Ademys dicen que convierte a la escuela en «antesala de las cárceles».
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó el lunes 29 de septiembre un protocolo para las escuelas ante hechos que podrían ser delitos. Es la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial porteño.
La firmaron los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Alcanza a estudiantes desde los 14 años, tanto de escuelas públicas como privadas.
La medida busca adaptar las escuelas porteñas a la Ley nacional 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa ley rige desde el 5 de septiembre y bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas de hasta 15 años de privación de la libertad.
**Qué dice el protocolo**
El texto aprueba dos documentos. Uno trata sobre «el impacto del régimen penal juvenil en el ámbito educativo». El otro es un «procedimiento de actuación ante hechos con posible relevancia penal».
El punto central está en el artículo 1: cuando la autoridad de la escuela «tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia». Según la cobertura de El Argentino Diario, esto incluye hechos ocurridos fuera del establecimiento.
En las escuelas privadas, si la persona que representa legalmente al colegio no hace la denuncia, deberá hacerla la Supervisión de la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Según La Nación, la escuela tiene que «acompañar, proteger, comunicar y activar los canales correspondientes, pero no investigar ni determinar si existió un delito». Por eso, el personal no puede interrogar a los alumnos ni retener material digital, como celulares o archivos.
**Cuándo puede entrar la policía**
El protocolo habilita el ingreso policial en tres casos: si la escuela lo pide llamando al 911, si hay una orden judicial o si existe riesgo inminente. Entre las situaciones urgentes menciona la presencia o sospecha fundada de armas y los hechos de violencia en curso.
En una emergencia, los pasos son llamar al 911, al SAME (107) si hay personas heridas y a la Línea 102 de derechos de niñas, niños y adolescentes. También hay que resguardar a las y los estudiantes, preservar el lugar y avisar a las familias.
**El rechazo de los gremios**
Los dos sindicatos docentes con más presencia en la Ciudad rechazaron la medida. Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, dijo que el protocolo «obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que ‘podrían estar cometiendo un delito'» y lo calificó como «una clara persecución a los jóvenes».
La UTE sostuvo que la medida «profundiza una política de control y vigilancia sobre las adolescencias y juventudes, en lugar de fortalecer políticas de cuidado, prevención y acompañamiento». También rechazó «que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal».
Los gremios advierten que la redacción es muy amplia. Temen que conflictos de convivencia, protestas estudiantiles o discusiones entre alumnos y docentes terminen leídos en clave penal. Reclaman que el Ministerio de Educación garantice equipos especializados, capacitación y recursos para abordar la violencia sin criminalizar a las y los estudiantes.
**Una semana con dos mensajes**
El protocolo salió en la misma semana en que las escuelas porteñas empezaron la Semana del Bienestar Socioemocional. Como informó ccomusoc el 29 de septiembre, ese programa parte de un dato preocupante: 4 de cada 10 adolescentes muestran señales de alerta en su salud emocional. Así, en pocos días, el sistema educativo porteño recibió dos mensajes: uno de cuidado y otro de denuncia.
Los gremios también recordaron otro antecedente que publicó este portal el 6 de septiembre. El Ministerio de Educación porteño demandó a 69 familias de estudiantes que participaron en la toma del Lenguas Vivas en 2022. Para los sindicatos, ambas medidas responden a la misma lógica de judicializar conflictos escolares.
**De dónde viene el cambio**
Hasta este año, el sistema penal juvenil argentino se regía por la Ley 22.278, un decreto-ley de 1980, en plena dictadura cívico-militar. El Senado sancionó la nueva ley el 27 de febrero de 2026, con 44 votos a favor y 27 en contra. La ley prevé que las y los adolescentes imputados accedan a programas educativos para terminar la escolaridad obligatoria. También hace responsables civiles a madres y padres por los delitos de sus hijos.
La pregunta que queda abierta es cómo se aplicará el protocolo en las aulas. Directivos que hasta ahora actuaban junto con equipos de orientación y familias ahora tienen una obligación legal de denunciar. Los gremios anticiparon que seguirán reclamando que se revise el protocolo.
Glosario
- Protocolo: guía oficial que indica paso a paso qué hacer ante una situación determinada.
- Resolución conjunta: norma firmada al mismo tiempo por varios ministerios u organismos del Estado.
- Boletín Oficial: publicación del gobierno donde aparecen las leyes y normas. Desde que se publican, empiezan a regir.
- Régimen Penal Juvenil: conjunto de leyes que define cómo se juzga a adolescentes acusados de cometer delitos.
- Edad de imputabilidad: edad a partir de la cual una persona puede ser juzgada y condenada penalmente por un delito.
- Delito de acción pública: delito que el Estado debe investigar por su cuenta, aunque la víctima no haga la denuncia.
- Decreto-ley: norma con fuerza de ley dictada sin pasar por el Congreso, algo típico de los gobiernos de facto.
CCOMUSOC se sostiene con el aporte de quienes nos leen. Si te sirve, podés colaborar con un aporte mensual y acceder a contenido exclusivo y a la revista completa.