Esta semana, vecinos del barrio Don Pedro volvieron a pararse en la entrada del Parque Industrial de Gualeguaychú para repartir volantes y pedir respuestas. Detrás de ese reclamo hay más de un año de denuncias, muestras de agua con contaminación por encima de lo permitido y una planta de tratamiento de efluentes que, pese a una orden judicial de clausura, siguió funcionando.
El 16 de septiembre, la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná respaldó la clausura preventiva de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), en Entre Ríos. El dictamen, firmado por el fiscal general Ignacio Candiotti, coincide con la postura que ya había sostenido el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y sostiene que hay elementos suficientes —apariencia de buen derecho y riesgo en la demora— para mantener la medida ambiental.
La orden de clausura la había dictado antes el juez federal Hernán Viri, tras una investigación que arrancó en julio de 2025 por una denuncia de vecinos del barrio Don Pedro, pegado al parque industrial. Ellos habían advertido que la planta volcaba efluentes sin el tratamiento adecuado hacia el río Gualeguaychú.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Gualeguaychú. En agosto de 2025 hubo un primer allanamiento con toma de muestras, que dio valores de contaminación por encima de lo permitido. En noviembre, un segundo procedimiento tomó muestras en siete puntos y volvió a detectar niveles elevados de DBO, coliformes termotolerantes y Escherichia coli, indicadores de contaminación fecal e industrial.
Pese a la clausura dictada por Viri, la planta —administrada por una Comisión Administradora con representantes de las empresas del parque y de CODEGU, la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú— volvió a estar operativa semanas después, según reportaron medios locales, mientras la medida era apelada. Ahora la decisión final queda en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que debe resolver si confirma o revierte la clausura.
El Parque Industrial de Gualeguaychú funciona desde 1974, cuando se creó para frenar la migración de jóvenes tras la crisis del frigorífico local. Hoy operan ahí 32 empresas de rubros textil, metalúrgico, químico y alimenticio, y cuenta con una planta compacta de lodos activados con capacidad para tratar hasta 250 metros cúbicos de efluentes por hora. Según consta en la causa judicial, esa capacidad resulta insuficiente frente al volumen de líquidos que generan hoy las industrias instaladas.
El reclamo de los vecinos no es nuevo: según publicaciones locales, la convivencia entre el barrio Don Pedro y el parque industrial arrastra tensiones desde hace cuatro décadas, con denuncias por olores y vertidos que llegaron a derivar en una denuncia penal contra CODEGU y la Municipalidad. Este año, además, la Municipalidad constató que una empresa del parque, RPB S.A., cerrara un ducto que volcaba residuos industriales en un terreno lindero al barrio.
Hay un dato que le agrega peso simbólico al conflicto: Gualeguaychú es la ciudad que desde 2003 lidera la Asamblea Ciudadana Ambiental que enfrentó a la pastera UPM (ex Botnia), instalada en Fray Bentos, Uruguay, por la contaminación del río Uruguay. Esa asamblea cumplió en 2023 veinte años de marchas y cortes de ruta bajo la consigna «Sí a la vida, no a las papeleras», y en abril de este año volvió a movilizarse al puente internacional. La misma comunidad que construyó una identidad nacional en la defensa del río frente a una industria extranjera hoy pelea judicialmente contra una fuente de contaminación propia, sobre otro curso de agua de su territorio.
Lo que sigue ahora depende de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Si confirma la clausura, la planta deberá dejar de operar hasta garantizar un tratamiento de efluentes acorde a los parámetros legales; si la revierte, el conflicto judicial y el reclamo vecinal seguirán abiertos.
Glosario
- Clausura preventiva: medida judicial que obliga a cerrar una instalación de forma temporal, antes de una sentencia final, cuando hay riesgo de que el daño continúe.
- DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno): indicador que mide cuánta materia orgánica contaminante hay en el agua; cuanto más alto, más sucia está.
- Coliformes termotolerantes: bacterias que indican presencia de materia fecal en el agua, señal de riesgo sanitario.
- Dictamen fiscal: opinión formal que un fiscal presenta ante un tribunal para orientar una decisión judicial; no es la sentencia final.
- Cámara Federal de Apelaciones: tribunal que revisa las decisiones de un juez de primera instancia cuando alguna de las partes apela.
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