En los comedores de las escuelas públicas de Entre Ríos llegaron budines con hasta cuatro sellos negros de advertencia, por exceso de azúcares, grasas y calorías. Un grupo de padres, el gremio docente Agmer y la Fundación Cauce llevaron el caso a la Justicia, que ya ordenó frenar esos productos. Ahora, la Justicia entrerriana convocó públicamente a todas las familias afectadas para que decidan si se suman al reclamo colectivo.
El Juzgado de Juicio y Apelaciones N°9 de Paraná, a cargo del vocal Juan Francisco Malvasio, publicó el sábado 8 de agosto una convocatoria dirigida a las familias de las escuelas públicas de Entre Ríos con comedor. Tienen siete días desde la última publicación para presentarse en la causa —ya sea para sumarse al reclamo o para autoexcluirse—. El expediente, registrado como Legajo N° 36.759 en el Registro de Procesos Colectivos del Superior Tribunal de Justicia provincial, quedó abierto a partir de esta semana.
La causa la iniciaron a fines de julio un grupo de padres, el sindicato docente Agmer y la Fundación Cauce contra el Gobierno de Entre Ríos. El motivo: el rechazo al nuevo sistema centralizado de compra de alimentos para los comedores escolares, que reemplazó el mecanismo anterior —en el que cada escuela administraba fondos propios— por una provisión unificada a cargo de la empresa Teknofood S.A., bajo la marca Abanderado.
El 5 de agosto, antes de esta convocatoria, el juez Malvasio ya había fallado a favor de los demandantes: ordenó suspender la entrega de alimentos con sellos de advertencia en los desayunos y meriendas escolares, y dispuso volver transitoriamente a la modalidad de provisión que regía antes de la centralización. Según el fallo, se identificaron al menos 23 productos de la marca Abanderado con sellos octogonales, varios de ellos budines que acumulaban hasta cuatro advertencias por exceso de azúcares y grasas saturadas.
El Gobierno provincial no se quedó de brazos cruzados: el 6 de agosto, a través de la Fiscalía de Estado, apeló esa medida cautelar y el caso pasó a manos del Superior Tribunal de Justicia. Los demandantes buscan ahora que se declare «mal concedida» esa apelación, con el argumento de que la ley provincial 8.369 no permite apelar medidas cautelares dictadas en un amparo. Mientras el tribunal superior resuelve, la cautelar del 5 de agosto sigue vigente.
El reclamo se apoya en dos leyes nacionales: la 25.724, que crea el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional, y la 27.642, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que desde 2023 obliga a poner sellos negros octogonales en los productos ultraprocesados con exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías. La discusión de fondo es si un programa alimentario financiado con fondos públicos y destinado a chicos en las escuelas puede incluir productos con esas advertencias.
El Gobierno de Entre Ríos había presentado la centralización, anunciada en julio para llegar a casi mil comedores escolares de la provincia, como una forma de «fortalecer los controles y asegurar la calidad nutricional» del servicio alimentario. Los demandantes sostienen lo contrario: que nunca buscaron frenar el servicio, sino evitar que ese cambio de modalidad expusiera a los chicos a productos con riesgo sanitario mientras dura el proceso judicial.
Agmer, el mismo gremio que en julio protagonizó paros docentes en la provincia por el salario —ya cubiertos por este medio—, vuelve así a chocar con el Gobierno entrerriano, ahora por un frente distinto: la comida que llega a los chicos, no el bolsillo de los maestros. El contraste con otras provincias es marcado: en Buenos Aires, el Gobierno provincial optó por otro camino frente al mismo problema de fondo —el financiamiento de los comedores escolares— y aumentó un 15% la inversión en el Servicio Alimentario Escolar, sin tercerizar la compra en un proveedor único.
Glosario
- Amparo colectivo: un tipo de juicio rápido que se presenta cuando un derecho de un grupo de personas —en este caso, chicos y chicas de escuelas públicas— está en riesgo, y que puede resolverse de forma más urgente que un juicio común.
- Medida cautelar: una orden judicial provisoria, que rige mientras dura el juicio, para evitar que se produzca un daño mientras la Justicia resuelve el fondo del problema.
- Sellos octogonales: los avisos negros con forma de octágono que la ley obliga a poner en el envase de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías.
- Autoexclusión: la posibilidad de que una persona alcanzada por un juicio colectivo decida no formar parte de esa causa y, en cambio, resolver su situación por su cuenta.