En el norte de Salta, comunidades wichí denuncian un desmonte de más de 3.000 hectáreas sobre el río Itiyuro

«En la parte donde ahora están pasando las topadoras, viven cantidad de esos animalitos que llamamos chenhas. Al atardecer, salen a comer el pastito tierno que solo crece justamente ahí», cuenta una mujer wichí de la zona. Desde fines de julio, cuatro topadoras avanzan sobre el bosque nativo de la cuenca del río Itiyuro, en el norte de Salta, y cinco comunidades indígenas denuncian que nadie las consultó antes de empezar.

Las comunidades wichí de Alcoba, Cañitas, Km 18, Tonono y Pacará, ubicadas entre Tartagal y General Mosconi, en el norte salteño, denunciaron que desde el lunes 27 de julio la empresa Desdelsur S.A. abrió picadas de desmonte con cuatro topadoras en un predio de unas 3.043 hectáreas de bosque nativo, dentro de la cuenca del río Itiyuro. La zona forma parte del territorio que las comunidades reconocen como Zlaqatahyi, de uso ancestral wichí.

Desdelsur es la principal productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina —poroto, garbanzo, maní— de las familias Macera y Blaquier, con más de 52.000 hectáreas en producción en la zona. Según las comunidades y las organizaciones que las acompañan, el avance se ampara en la figura de «picada», que la normativa provincial autoriza casi automáticamente como «intervención menor», aunque en los hechos funciona como antesala de un desmonte más amplio. Los denunciantes sostienen que no hubo consulta previa, libre e informada —el mecanismo que la ley exige antes de intervenir en territorio indígena— y que no consiguieron acceder a información pública sobre si existe un permiso válido para estos trabajos.

La cuenca del Itiyuro está en el Chaco Seco, uno de los últimos grandes bosques secos de Sudamérica y una de las regiones con mayor tasa de desmonte del país. Desdelsur ya desmontó más de 27.000 hectáreas en sus tres décadas de historia en la zona. La ley nacional de bosques exige un ordenamiento territorial con participación indígena, pero en 2025 Salta aprobó una actualización de su propio ordenamiento que, según Greenpeace, habilitaría desmontar hasta 720.000 hectáreas en toda la provincia. Por eso la organización ambientalista presentó una denuncia ante la Corte Suprema.

Este caso se suma a un patrón que CCOMUSOC viene registrando en el norte argentino: hace apenas una semana, un informe de Greenpeace había detectado 40.862 hectáreas de bosque desmontadas en la región en solo seis meses. También repite un conflicto de fondo que atraviesa a otras comunidades del país: en Misiones, la Justicia ordenó en julio desalojar a una comunidad mbya guaraní en medio de una disputa de tierra de años; en Chubut, la Justicia le exigió en cambio a una empresaria reabrir un camino que le había cortado a la comunidad mapuche-tehuelche Nahuelpan.

Las comunidades wichí señalan además que Desdelsur ofrece empleos precarios y bienes —motos, pozos de agua, alimentos— a familias de la zona a cambio de que no se opongan a los trabajos. La empresa creó la Fundación El Fortín, presentada como un programa de apoyo comunitario, que organizaciones sociales cuestionan como una estrategia de relaciones públicas frente al conflicto.

Para las comunidades, la pérdida del monte no es abstracta: de ahí sacan los animales que cazan, los frutos, la leña y las plantas medicinales que usan a diario. Referentes de la zona vienen advirtiendo, además, que la deforestación agrava los efectos del calor extremo —con temperaturas que en época estival ya superan los 50 grados— y multiplica el riesgo de inundaciones, al eliminar la vegetación que retiene el agua de lluvia en la cuenca.

Ante la falta de información oficial sobre los permisos, las comunidades iniciaron una recolección de firmas para exigir a la provincia que transparente si el desmonte cuenta con autorización. Hasta el cierre de esta nota, ni el gobierno de Salta ni Desdelsur habían dado una respuesta pública a los reclamos.

Glosario

  • Picada: camino angosto abierto en el monte con maquinaria pesada para avanzar sobre el bosque; suele ser el primer paso antes de un desmonte más grande.
  • Consulta previa, libre e informada: derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, con información clara y sin presiones, antes de cualquier obra o actividad que afecte su territorio.
  • Ordenamiento territorial de bosques nativos: mapa y normativa que cada provincia debe aprobar para definir qué zonas de bosque se pueden desmontar y cuáles deben protegerse, según la ley nacional de bosques.
  • Chaco Seco: gran región de bosque nativo que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay y Bolivia, con uno de los ritmos de deforestación más altos del mundo.

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