El viernes 11 de agosto, trabajadores del hospital pediátrico más grande del país cortaron turnos administrativos y se movilizaron del Congreso a Plaza de Mayo. Reclaman que se aplique la Ley de Emergencia Pediátrica, sancionada hace casi un año y todavía sin presupuesto asignado.
El viernes 11 de agosto a las 7 de la mañana, el personal del Hospital Garrahan —en Parque Patricios, Ciudad de Buenos Aires— inició un paro de 48 horas. A las 15:30 de ese mismo día marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, junto con la Asociación Gremial Docente de la UBA y otras organizaciones sindicales. El paro se extendió hasta el domingo 13 a la misma hora.
La medida la convocaron ATE (a través de su junta interna) y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT). El reclamo central: que el Gobierno nacional aplique la Ley 27.796, conocida como de Emergencia Pediátrica, que exige recomposición salarial para todo el personal de salud pediátrica y refuerzo presupuestario para insumos, medicamentos y equipamiento. «Este veto, lejos de ser una muestra de fuerza, es un recurso desesperado de un gobierno en crisis», dijo Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.
**Una ley que existe pero no se aplica**
La ley tiene una historia de casi un año. El Congreso la sancionó en agosto de 2025. Días después, el presidente Javier Milei la vetó, junto con la ley de financiamiento universitario, argumentando un impacto fiscal directo que él mismo estimó en más de 115 mil millones de pesos. Diputados rechazó ese veto el 17 de septiembre con 181 votos a favor, y el Senado hizo lo mismo días después con 59 votos afirmativos, lo que convirtió el rechazo del veto en ley firme.
El Gobierno la promulgó en octubre de 2025, pero mediante el Decreto 760/2025 supeditó su aplicación efectiva a que el Congreso aprobara el Presupuesto 2026 con una partida específica para financiarla. Según publicó LA NACION en noviembre de 2025, ese proyecto de Presupuesto 2026 no incluyó una partida para la emergencia pediátrica ni para la ley de discapacidad, pese a que ambas ya eran ley. Esa es la razón concreta —no una demora administrativa cualquiera— por la que, un año después de sancionada, la norma sigue sin bajar a los bolsillos ni a los insumos del hospital.
**Un patrón que se repite en la salud pública porteña**
El paro del Garrahan no es un hecho aislado dentro del mapa sanitario de la Ciudad. En la misma semana, CCOMUSOC informó que el Hospital Bonaparte —el único centro de salud mental de la Nación en Buenos Aires— empezará a cobrarles a extranjeros sin residencia, y que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, defendió esa política señalando que esos pacientes ya representan menos del 1% de la atención hospitalaria. Son medidas distintas, pero comparten un mismo trasfondo: instituciones de salud con sede en la Ciudad discutiendo, al mismo tiempo, de dónde sale la plata para sostener la atención.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), citados durante el debate legislativo, la ley de emergencia pediátrica implica un costo fiscal de 65.573 millones de pesos entre julio y diciembre de 2025, que anualizado equivale a 133.433 millones. Es la cifra que el Ejecutivo invoca para frenar su aplicación, y la que los trabajadores del Garrahan consideran insuficiente frente a lo que definen como una fuga de profesionales y un deterioro edilicio y salarial sostenido.
El delegado gremial Gerardo Oroz pidió durante la protesta que las centrales sindicales CGT y CTA convocaran un paro general «en defensa de la salud, la educación y los salarios». Por ahora esa convocatoria mayor no se concretó, pero el conflicto en el hospital pediátrico más importante del país —que ya tuvo paros a lo largo de todo 2025 y 2026— no muestra señales de resolverse mientras la ley siga sin partida presupuestaria asignada.
Glosario
- Ley de Emergencia Pediátrica (Ley 27.796): norma que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y ordena mejorar sueldos y recursos en hospitales como el Garrahan.
- Veto presidencial: herramienta que tiene el presidente para rechazar una ley ya aprobada por el Congreso; el Congreso puede insistir y convertirla en ley igual si junta suficientes votos.
- Decreto: norma que dicta el Poder Ejecutivo para reglamentar o poner en marcha una ley, sin necesidad de pasar de nuevo por el Congreso.
- ATE (Asociación Trabajadores del Estado): sindicato que representa a empleados públicos, entre ellos gran parte del personal del Hospital Garrahan.
- Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC): organismo técnico que calcula cuánto cuesta aplicar una ley, para que los legisladores tengan esa información antes de votar.