Un informe del Instituto de Política Económica Aplicada (IPAC) advierte que el precio de las garrafas de gas envasado aumentó hasta un 218% desde que el Gobierno nacional desreguló ese mercado, un salto que golpea de lleno a los sectores populares en pleno invierno.
Menos garrafas por el mismo salario
Según el relevamiento, antes de la desregulación un trabajador con el salario mínimo podía comprar unas 31 garrafas por mes. Hoy, ese mismo ingreso apenas alcanza para 13 a 18, según el punto de venta. En el mismo período, el Salario Mínimo, Vital y Móvil subió solo un 38%, muy por debajo del precio del gas envasado.
Quiénes sufren el impacto
El ajuste golpea especialmente a trabajadores informales, jubilados y familias de la economía popular que dependen de la garrafa para cocinar y calefaccionarse, sobre todo quienes no tienen conexión a la red de gas natural y para quienes la garrafa social muchas veces no llega o no alcanza.
Una crisis que se retroalimenta
Este dato se suma al reclamo que esta semana la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) trasladó a la Iglesia Católica por el deterioro social en los barrios populares del conurbano: salarios estancados, endeudamiento familiar creciente y un impacto directo sobre la seguridad alimentaria de niños y adolescentes.
Por qué importa
La suba de la garrafa no es un dato aislado: se combina con el estancamiento salarial y la caída del consumo popular para configurar un cuadro en el que cocinar y calefaccionarse dejaron de ser un derecho garantizado para pasar a ser, para millones de argentinos, una cuenta que no siempre cierra.
Glosario: Desregulación (proceso por el cual el Estado reduce el control sobre los precios de un mercado) · Garrafa social (programa estatal de garrafas a precio subsidiado para hogares sin gas de red) · Economía popular (actividades productivas de subsistencia de trabajadores excluidos del mercado formal).