El 20 de septiembre de 1984, Ernesto Sábato le entregó a Raúl Alfonsín el informe de la CONADEP con 8.961 desapariciones documentadas. Esa misma noche, sus primeros 40.000 ejemplares desaparecieron de las librerías porteñas. Un año después fue la prueba central del Juicio a las Juntas, y hoy sigue siendo la base de los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en Argentina.
La noche del 20 de septiembre de 1984, en las librerías de Buenos Aires no quedaba un solo ejemplar de un libro que nadie había promocionado con publicidad. Eran los 40.000 ejemplares de la primera edición de «Nunca Más», el informe que unas horas antes la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) le había entregado al presidente Raúl Alfonsín. La editorial universitaria Eudeba tuvo que sacar cinco reimpresiones en un mes para llegar a más de 100.000 copias vendidas.
Quien lo llevó en sus manos hasta la Casa Rosada fue el escritor Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, una comisión integrada también por referentes religiosos de distintos cultos —entre ellos el rabino Marshall Meyer, el obispo católico Jaime de Nevares y el obispo metodista Carlos Gattinoni— y por intelectuales y defensores de derechos humanos. El encuentro con Alfonsín ocurrió en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en Buenos Aires, mientras afuera, según las crónicas de la época, cerca de 70.000 personas marchaban desde Plaza de Mayo hacia Tribunales para reclamar justicia.
El informe reunía más de 7.000 legajos y 50.000 páginas de testimonios, recopilados durante nueve meses de trabajo casa por casa, con visitas a centros clandestinos junto a sobrevivientes que los reconocían. Documentaba 8.961 desapariciones y 380 centros clandestinos de detención en todo el país. El propio texto aclaraba que esa cifra era un piso, no un techo: «no menos de» esa cantidad, porque muchas familias nunca habían hecho la denuncia por miedo.
La CONADEP había nacido apenas diez días después de que Alfonsín asumiera la presidencia: la creó por decreto el 15 de diciembre de 1983, en el primer tramo de la vuelta a la democracia tras la última dictadura cívico-militar, que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 con el terrorismo de Estado como método. La comisión no tenía poder judicial ni podía obligar a los militares a declarar, y esa limitación fue una de las críticas de organismos de derechos humanos, junto con el prólogo del propio Sábato, que enmarcó lo ocurrido en una «teoría de los dos demonios» —equiparar la violencia estatal con la de las organizaciones armadas— que buena parte del movimiento de derechos humanos rechazó por años.
Pese a esas críticas, el informe se convirtió en la prueba central del Juicio a las Juntas, que empezó siete meses más tarde, el 22 de abril de 1985, y en el que el fiscal Julio César Strassera basó buena parte de su acusación en los legajos de la CONADEP. Ese juicio, con más de 840 testigos y 500 horas de declaraciones, terminó con la condena a los principales jefes de la dictadura y fue el primer juicio en el mundo en el que un gobierno civil sentó en el banquillo a las cúpulas militares que lo habían precedido.
El camino abierto por el Nunca Más y el Juicio a las Juntas se cortó pocos años después, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987) y los indultos de 1989 y 1990, que frenaron o cerraron las causas contra los responsables. Recién se reabrió en 2003, cuando el Congreso anuló esas leyes, y se consolidó en 2004 con el fallo de la Corte Suprema que declaró imprescriptibles los crímenes de la dictadura —un fallo del que ccomusoc contó los 22 años el mes pasado—. Ese mismo circuito judicial es el que, dos décadas más tarde, permitió juicios como el que en 2006 condenó al comisario Miguel Etchecolatz por genocidio, en el que debía declarar el testigo Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez la víspera de esa condena y cuya causa ccomusoc recordó hace apenas dos días, al cumplirse 20 años de su desaparición.
Hoy, a 42 años de aquel 20 de septiembre, el número de 8.961 desaparecidos que registró la CONADEP sigue siendo, para organismos de derechos humanos, un piso: la cifra que manejan Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de alrededor de 30.000, incluye los casos que nunca llegaron a denunciarse en 1984 por miedo o por desconocimiento. El informe que se agotó esa noche en las librerías sigue reimprimiéndose y se sigue citando como prueba en juicios de lesa humanidad que continúan abiertos en tribunales argentinos.
Glosario
- CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por decreto en diciembre de 1983 para investigar los crímenes de la última dictadura.
- Legajo: carpeta con la documentación y los testimonios reunidos sobre el caso de una persona desaparecida.
- Juicio a las Juntas: proceso judicial de 1985 que condenó a los jefes militares de la dictadura 1976-1983 por los crímenes cometidos.
- Delitos de lesa humanidad: crímenes graves contra la población civil (como la desaparición forzada o la tortura) que, según el derecho internacional, no prescriben ni pueden ser indultados.
- Imprescriptibilidad: condición legal por la cual un delito puede ser juzgado sin límite de tiempo, sin importar cuántos años hayan pasado.
- Leyes de impunidad: nombre con el que se conoce a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que entre 1986 y 1987 frenaron los juicios contra militares y fueron anuladas por el Congreso en 2003.
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