El 14 de agosto de 1985, después de cuatro meses de sesiones, se cerró la etapa de testimonios del histórico juicio a los comandantes de la dictadura. Sobrevivientes, familiares de desaparecidos y militares habían desfilado por la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia para declarar, por primera vez ante un tribunal civil, lo que había pasado en los centros clandestinos de detención.
Durante cuatro meses, todos los días de audiencia, se armaban filas frente al Palacio de Justicia de Buenos Aires. Solo entraban 80 personas por sesión —las gradas tenían capacidad para cien— y para conseguir un lugar había que pedirlo con anticipación. Afuera y adentro, se acreditaron 600 periodistas de distintas partes del mundo. El 14 de agosto de 1985 esa rutina llegó a su fin: fue la última de las 78 audiencias públicas del Juicio a las Juntas, el proceso que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar.
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal fue el tribunal que llevó adelante el juicio, con los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo a cargo de la acusación. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 declararon 833 personas —ex detenidos y detenidas, familiares de desaparecidos y desaparecidas, y personal de las fuerzas de seguridad— a lo largo de 530 horas de audiencias. Ese 14 de agosto se escucharon los últimos testimonios antes de que el proceso pasara a la etapa de alegatos.
El juicio había arrancado en abril de ese mismo 1985 por decisión de la Cámara Federal, después de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas —a quien el gobierno de Raúl Alfonsín le había dado la primera oportunidad de juzgar a sus propios jefes, por decreto 158/83— no avanzara con las causas. Detrás de ese proceso estaba el trabajo de la CONADEP, la comisión que en 1984 había recopilado el informe «Nunca Más» con miles de testimonios sobre desapariciones, torturas y centros clandestinos.
Por su forma y su momento, el Juicio a las Juntas no tuvo casi antecedentes en el mundo: fue de las primeras veces que un tribunal civil —no militar, no un tribunal internacional como el de Núremberg— juzgó con el Código Penal común a los jefes de una dictadura por el sistema de secuestro, tortura y desaparición que habían organizado desde el Estado.
Ese cierre de agosto conecta con otro capítulo que ccomusoc ya contó: casi dieciocho años después, en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las mismas normas que en 1986 y 1987 habían frenado en seco el impulso de este juicio y permitido que la mayoría de los responsables del terrorismo de Estado quedaran sin condena durante años. Recién en 2005, con el fallo «Simón» de la Corte Suprema, esas leyes fueron declaradas inconstitucionales y se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país.
La sentencia de este primer juicio llegó cuatro meses después de aquella última audiencia, el 9 de diciembre de 1985: condenó a reclusión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, y a penas de entre 4 y 17 años a Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti, mientras que otros cuatro comandantes fueron absueltos. En 2014, la Corte Suprema rebautizó aquella Sala de Audiencias del Palacio de Justicia como «Salón de los Derechos Humanos», en reconocimiento al lugar donde, dijo el propio tribunal, «comenzó a expresarse la voluntad de terminar con la impunidad».
A 41 años de aquella última audiencia, el Juicio a las Juntas sigue citado como uno de los pocos casos en el mundo en que una democracia recién recuperada llevó a los jefes de una dictadura ante la justicia ordinaria, con jueces y fiscales civiles, y sin esperar a un tribunal internacional.
Glosario
- Juicio a las Juntas: proceso judicial de 1985 en el que un tribunal civil argentino juzgó a los comandantes de la dictadura militar de 1976-1983 por delitos como secuestro, tortura y desaparición de personas.
- CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada en 1983, que investigó y documentó los crímenes de la última dictadura en el informe «Nunca Más».
- Leyes de Punto Final y Obediencia Debida: normas sancionadas en 1986 y 1987 que frenaron los juicios contra militares por crímenes de la dictadura; fueron anuladas por el Congreso en 2003 y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005.
- Delitos de lesa humanidad: crímenes graves cometidos de forma sistemática contra la población civil, como la desaparición forzada o la tortura, que no prescriben con el paso del tiempo.
- Cámara Federal: tribunal de justicia integrado por jueces civiles que, en este caso, reemplazó a la justicia militar para juzgar a los comandantes de la dictadura.