Miguel Bru tenía 23 años, estudiaba periodismo y esa noche no volvió a su casa. Lo habían llevado a una comisaría de La Plata que ya lo tenía marcado por haber denunciado a sus propios policías. Treinta y tres años después, su cuerpo sigue sin aparecer, pero el juicio que ganó su madre cambió la Justicia argentina.
Miguel Bru tenía 23 años y cursaba la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Había nacido en Pigüé, en el interior bonaerense, y vivía en La Plata compartiendo una casa con otros estudiantes. Esa casa ya había sido allanada dos veces, de manera ilegal, por policías de la Comisaría 9ª, con la excusa de «ruidos molestos». Miguel había denunciado esos procedimientos. Desde entonces, esos mismos policías lo perseguían y lo amenazaban.
La noche del 17 de agosto de 1993, entre las 23 y la medianoche, Miguel fue detenido y llevado a esa comisaría. Ahí lo torturaron hasta matarlo. Después hicieron desaparecer su cuerpo, que hasta hoy no fue encontrado. Ocurrió en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a diez años del regreso de la democracia.
Su madre, Rosa Schoenfeld de Bru, encabezó la búsqueda desde el primer día. Se convirtió en una referente de la lucha contra la violencia policial en la Argentina democrática, un rol que sostiene hasta la actualidad.
**Una década de democracia no alcanzó para frenar la Bonaerense**
El caso de Miguel Bru ocurrió apenas diez años después de que terminara la última dictadura militar (1976-1983), que había secuestrado y desaparecido a miles de personas con el aparato del Estado. Su desaparición demostró que las prácticas de secuestro, tortura y ocultamiento de cuerpos no habían desaparecido junto con los militares: seguían vivas dentro de una fuerza policial provincial, ahora bajo un gobierno constitucional.
El primer obstáculo lo puso la propia Justicia. El juez de instrucción Amílcar Vara se negó durante meses a investigar la conexión entre la desaparición y los policías de la Comisaría 9ª. Con el tiempo, Vara fue sometido a un jury de enjuiciamiento y destituido por haber encubierto la causa.
**El primer juicio y la condena histórica**
El caso llegó a juicio oral en 1999. La fiscalía tuvo que probar la tortura y la muerte de Miguel sin contar con el cuerpo, algo que hasta entonces los defensores de los represores de la dictadura usaban como argumento de impunidad («sin cadáver no hay delito»). El tribunal lo rechazó: reconstruyó lo ocurrido con testimonios y prueba indiciaria.
El 17 de mayo de 1999, los policías Walter Abrigo y Justo José López fueron condenados a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tortura seguida de muerte. El comisario Juan Domingo Ojeda y el oficial Ramón Cerecetto recibieron penas menores por encubrimiento. La sentencia quedó firme en 2003, y quedó registrada como el primer juicio por un desaparecido en democracia en obtener una condena firme en la Argentina.
Abrigo murió en 2003. López murió el 18 de noviembre de 2025, casi 32 años después del crimen, sin que su cuerpo apareciera nunca.
**Lo que el caso dejó después**
La lucha de Rosa Bru y de organizaciones de derechos humanos convirtió el caso en un antecedente para visibilizar la violencia institucional policial en democracia, un problema que en Argentina se conoce también bajo el nombre de «gatillo fácil». De esa lucha nació la Asociación Civil Miguel Bru, dedicada a acompañar a otras familias que atraviesan casos de violencia institucional, apadrinada por el músico León Gieco.
Hoy, a 33 años de aquella noche, la pregunta «¿dónde está Miguel?» se sigue repitiendo en La Plata cada 17 de agosto, en actos que reclaman memoria y el paradero de su cuerpo.
Glosario
- Desaparecido en democracia: término usado para nombrar a personas que fueron secuestradas, torturadas o asesinadas por fuerzas de seguridad después del retorno de la democracia en 1983, replicando prácticas de la última dictadura.
- Gatillo fácil: expresión con la que se conoce en Argentina a los casos de violencia y muerte causados por policías que actúan de forma ilegal o desproporcionada contra civiles.
- Prisión perpetua: la condena penal más alta prevista en el Código Penal argentino, sin un límite máximo de años fijado de antemano.
- Jury de enjuiciamiento: procedimiento especial para juzgar y, si corresponde, destituir a un juez que cometió una falta grave en el ejercicio de su cargo.
- Prueba indiciaria: conjunto de indicios y pruebas indirectas que, combinados, permiten a un tribunal reconstruir un hecho aunque no exista una prueba directa (como el cuerpo de la víctima).