Patricia Walsh llevaba años insistiendo, sesión tras sesión, con un proyecto que nadie lograba convertir en ley. Era diputada por la Ciudad de Buenos Aires e hija de Rodolfo Walsh, el escritor secuestrado y asesinado por la dictadura en 1977. En la madrugada del 13 de agosto de 2003 —hace 23 años—, ese proyecto se convirtió en la ley que declaró nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La noche del 12 de agosto de 2003 se extendió hasta la madrugada siguiente en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Cuando amaneció el 13, la Cámara de Diputados, con 206 legisladores presentes, había aprobado a mano alzada la ley que declaró «insanablemente nulas» las leyes de Punto Final y Obediencia Debida: el primer paso legislativo que reabrió el camino para juzgar los crímenes de la última dictadura.
El proyecto era de Patricia Walsh, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Esa noche de agosto de 2003, con el respaldo del flamante gobierno de Néstor Kirchner, su iniciativa llegó finalmente al recinto después de años de intentos frustrados.
El debate se extendió por horas. Solo el diputado trotskista Luis Zamora y la mayor parte del bloque de la Unión Cívica Radical —el partido de Raúl Alfonsín, quien había impulsado esas leyes en los años 80— votaron en contra o se abstuvieron, aunque cuatro radicales rompieron la disciplina partidaria y votaron a favor. Nueve días después, el 21 de agosto, el Senado hizo lo mismo y convirtió el proyecto en la Ley 25.779, que Kirchner promulgó el 2 de septiembre.
El hecho marcó un quiebre en la historia reciente argentina: por primera vez el Poder Legislativo declaraba nulas —no derogadas, sino nulas desde su origen— dos leyes que habían frenado el juzgamiento de delitos cometidos por el terrorismo de Estado.
Para entender por qué esas dos leyes pesaban tanto, hay que retroceder a los años 80. Punto Final (Ley 23.492, de diciembre de 1986) puso un plazo perentorio para presentar nuevas denuncias contra militares. Obediencia Debida (Ley 23.521, de junio de 1987) fue más lejos: estableció que los oficiales de rango inferior a coronel no podían ser juzgados porque se presumía que habían actuado bajo obediencia a sus superiores. Alfonsín las impulsó bajo la presión de los levantamientos militares «carapintadas», apenas un año y medio después de que el histórico Juicio a las Juntas de 1985 hubiera condenado a los comandantes de la dictadura. El resultado fue que cientos de causas quedaron frenadas durante más de una década y media.
La nulidad votada en 2003 no cerró el proceso por sí sola: necesitaba el aval de la Justicia. Ese aval llegó el 14 de junio de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia, en el llamado «fallo Simón» —por el caso de Julio Héctor Simón, represor de la ESMA vinculado a la desaparición de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su hija—, declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y confirmó la validez de la Ley 25.779. Fue, según remarcan especialistas en derecho constitucional, la primera vez que los tres poderes del Estado coincidieron en la necesidad de juzgar los crímenes de la dictadura: el Ejecutivo enviando el proyecto, el Legislativo sancionándolo y el Judicial ratificándolo.
Esa cadena de decisiones —Congreso en 2003, Corte Suprema en 2005— es la que permitió la reapertura masiva de los juicios de lesa humanidad que hoy conocemos. Según el informe de diciembre de 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, desde 2006 hubo 357 sentencias que condenaron a 1.208 personas y absolvieron a 247, mientras 706 causas seguían en trámite investigando a 3.875 personas.
El mismo informe señaló que 2025 fue el año con mayor cantidad de absoluciones desde que se reanudaron los juicios, un dato que distintos organismos de derechos humanos vienen siguiendo de cerca junto al envejecimiento de los acusados, la mayoría de los cuales cumple su condena bajo arresto domiciliario.
A 23 años de aquella madrugada, la ley que impulsó Patricia Walsh sigue siendo el punto de partida legal de un proceso judicial que, con avances y retrocesos, continúa abierto en tribunales de todo el país.
Glosario
- Lesa humanidad: nombre que reciben los crímenes graves y sistemáticos cometidos contra la población civil, como la desaparición forzada de personas, la tortura o el asesinato político. No prescriben, es decir, se pueden juzgar sin límite de tiempo.
- Ley de Punto Final: norma de 1986 que fijó un plazo límite para presentar nuevas denuncias penales contra militares por delitos de la dictadura.
- Ley de Obediencia Debida: norma de 1987 que impidió juzgar a militares de rango inferior a coronel, bajo el argumento de que habían actuado siguiendo órdenes de sus superiores.
- Insanablemente nula: declaración legal que dice que una norma nunca debió existir, como si nunca hubiera tenido validez, a diferencia de «derogar» una ley, que solo la deja sin efecto hacia adelante.
- Fallo Simón: sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2005 que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
- Carapintadas: sector de las Fuerzas Armadas que protagonizó levantamientos militares contra el gobierno democrático durante los años 80, en rechazo a los juicios por delitos de la dictadura.