En el Senado de la Nación Argentina se discute una reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional junto a provincias con fuerte perfil minero para habilitar inversiones, principalmente de litio y cobre, en zonas hoy protegidas de Argentina.
Por otro lado, las organizaciones ambientales, científicos y comunidades cordilleranas denuncian que el cambio pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce y ecosistemas andinos que son clave para el abastecimiento, la producción y la vida en regiones de montaña.
En el Senado de la Nación Argentina se está discutiendo modificar la Ley 26.639, la norma sancionada en 2010 que protege los glaciares y ambientes periglaciales en la cordillera y los declara reservas estratégicas de agua dulce en Argentina.
Aún hoy la ley es clara y prohíbe actividades industriales, incluida la minería, sobre los glaciares y en zonas cercanas para garantizar que esos cuerpos de hielo, que son clave en el ciclo del agua, no se dañen. Lo que se debate ahora es cambiar ese esquema uniforme y preventivo por otro con “nuevos criterios” y más poder para las provincias, que podrían evaluar proyecto por proyecto y definir qué áreas tienen “función hídrica significativa” antes de aplicar restricciones.
El argumento oficial: inversión y empleo
El Gobierno nacional y las provincias con perfil minero sostienen que la ley actual frena inversiones y les resta competitividad, especialmente en proyectos de cobre, litio y otros minerales considerados estratégicos para la industria tecnológica y la transición energética.
Plantean que la reforma permitiría atraer capitales, generar empleo y dinamizar economías regionales. Gobernadores como Raúl Jalil, en Catamarca, aseguran que los ingresos de la minería pueden financiar obra pública y desarrollo local, y que la pobreza también produce impactos ambientales negativos. El planteo se alinea con la agenda económica del Gobierno, que apunta a desregular sectores productivos para acelerar inversiones privadas.
La resistencia: el agua en el centro
Por otro lado, las organizaciones ambientales, científicos y referentes sociales advierten que la reforma debilita las salvaguardas actuales y sostienen que se pasaría de un principio preventivo, proteger primero, a evaluaciones con fuerte peso económico.
Alertan a la población sobre el importante rol que los glaciares cumplen, un rol central en la regulación hídrica de regiones productivas y pobladas, y que modificar la ley puede comprometer la seguridad del agua para millones de personas. También señalan riesgos para ecosistemas sensibles, con posibles impactos en la agricultura, el turismo y abastecimiento urbano.
Además, advierten sobre los eventuales conflictos con la Constitución y con el Acuerdo de Escazú, por una posible reducción de los estándares federales de protección ambiental y limitaciones al acceso a la información. En paralelo, convocaron movilizaciones y campañas públicas, denunciando que el cambio favorecería intereses extractivos sobre reservas estratégicas de agua dulce.
La discusión se amplía
El debate salió del terreno técnico. La Iglesia Católica pidió a los legisladores que prioricen el “bien común” y la protección del agua como derecho esencial. Artistas, intelectuales y figuras públicas firmaron solicitadas en rechazo a la reforma, a la que califican como un retroceso ambiental.
Federalismo en tensión
También está en juego el federalismo ambiental. Provincias con grandes reservas minerales presionan por mayor autonomía para decidir sobre sus recursos. Críticos responden que descentralizar la protección puede generar criterios dispares y debilitar un estándar común en todo el país.
Lo que se define
Lo que vote el Senado puede marcar un punto de inflexión: o se mantienen los estándares actuales de protección de glaciares, o se habilita un esquema más flexible con impacto directo en inversiones mineras, derechos ambientales y en las comunidades que dependen del agua de montaña.
No es solo una discusión técnica. Es un choque de modelos: uno que prioriza atraer capitales y acelerar proyectos extractivos, y otro que pone en el centro la protección de bienes comunes estratégicos como el agua.