Un pibe de 14 años, detenido en Buenos Aires por un intento de robo, iba a convertirse en uno de los primeros adolescentes juzgados con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad. Una jueza porteña se lo impidió, declaró inconstitucional esa baja para su caso puntual y lo sobreseyó. El jefe de Gobierno porteño respondió pidiendo que la echen del cargo.
Tenía 14 años y lo agarraron in fraganti, acusado de intentar robar, en algún punto de la Ciudad de Buenos Aires. Con la ley que rige desde marzo, ese chico podría haber sido procesado penalmente. No lo fue, porque una jueza dijo que aplicarle esa ley violaba sus derechos.
La jueza es Laura Beatriz De Marinis, del fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño, especializada en causas de adolescentes. El lunes 21 de septiembre declaró inconstitucional, para ese caso concreto, el artículo de la Ley 27.801 —el nuevo Régimen Penal Juvenil— que bajó de 16 a 14 años la edad desde la que un adolescente puede ser sometido a proceso penal. Como consecuencia directa, sobreseyó al chico.
La reacción no tardó. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, instruyó a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, para pedir el juicio político contra De Marinis. «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», escribió Macri en redes sociales. También sugirió que si la jueza quiere cambiar las leyes, «que se presente en una lista y sea diputada». Tapia, por su parte, sostuvo que «los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores», y adelantó que presentará el pedido de juicio político a título personal. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, acusó a jueces como De Marinis de estar «más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas». La Fiscalía porteña, a su vez, apeló el fallo y pidió que a la jueza la aparten de la causa.
La edad de imputabilidad en la Argentina no se tocaba desde hacía 46 años. La Ley 22.278, sancionada durante la última dictadura militar en 1980 y ajustada en 1983 con el regreso de la democracia, fijaba en 16 años la edad a partir de la cual un adolescente podía ser penalmente responsable. La Ley 27.801, aprobada por el Senado en febrero de este año con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, y promulgada en marzo, bajó ese piso a 14 años. La norma invita a las provincias y a la Ciudad a adaptar sus procedimientos, prioriza medidas educativas, tareas comunitarias y monitoreo electrónico, y deja la prisión como último recurso para delitos graves. Desde que se aprobó, organismos de derechos humanos la calificaron de regresiva y «anticonvencional», por chocar con la Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina incorporó a su Constitución en 1994.
El fallo de De Marinis no frena la ley en toda la Ciudad: su alcance quedó limitado a este caso puntual, el de un chico de 14 años. Pero se convirtió en el primer choque judicial fuerte, en el territorio porteño, entre un juez y el nuevo régimen penal juvenil desde que empezó a regir. Ahora el caso sigue dos caminos en paralelo: la apelación de la Fiscalía por un lado, y el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno porteño por el otro, un mecanismo que —si avanza— deberá tramitarse ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Glosario
- Imputabilidad: la capacidad legal para que una persona pueda ser juzgada y responsabilizada penalmente por un delito que cometió.
- Sobreseer: es la decisión de un juez o jueza de cerrar una causa penal sin condena, porque considera que no corresponde seguir juzgando a esa persona por ese hecho.
- Juicio político: el proceso mediante el cual un funcionario público, como un juez, puede ser apartado de su cargo por presunto mal desempeño; en la Ciudad lo tramita el Consejo de la Magistratura porteño.
- Fuero garantista: se usa para nombrar a jueces o juezas que, al resolver una causa, priorizan el respeto estricto de los derechos y garantías constitucionales del acusado.
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