«El agua es vida», gritaron organizaciones sociales frente al Ministerio de Economía el 15 de septiembre. Ese mismo día, mientras una medida judicial seguía protegiendo los controles de calidad del agua, el Gobierno abrió los primeros sobres para privatizar AySA, la empresa que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios bonaerenses.
El 15 de septiembre, mientras funcionarios del Ministerio de Economía abrían los sobres técnicos de la licitación para privatizar AySA, afuera del edificio un grupo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos coreaba «el agua es un derecho humano». No era la primera protesta: días antes hubo encuentros informativos en Lomas de Zamora, uno de los 26 municipios bonaerenses que dependen del servicio.
La escena resume la tensión de fondo: un proceso de privatización que avanza en los pasillos administrativos mientras la Justicia, del otro lado, sigue advirtiendo sobre el riesgo ambiental y sanitario que implica.
**Qué pasó.** El Gobierno nacional formalizó en mayo, mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, la venta del 90% de las acciones estatales de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos). El 8 de septiembre, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó que AySA no recorte inversiones ni controles de calidad del agua durante la transición. El 10 de septiembre, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata rechazó la apelación de AySA, ratificó la cautelar y derivó la causa a la Justicia federal, por entender que la discusión de fondo requiere aplicar normativa nacional.
**Quién está detrás.** La cautelar la impulsó el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en representación de los habitantes de los 26 municipios donde opera AySA. Del otro lado, el Gobierno sostiene el proceso de licitación pese al freno judicial parcial: de 17 interesados iniciales, solo dos consorcios presentaron ofertas técnicas. Uno está encabezado por la constructora Rowing, junto a la química Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo neerlandés PHX. El otro lo lidera Roggio ROAS, del Grupo Roggio, que ya opera Aguas Cordobesas y tiene presencia en el transporte subterráneo porteño.
**Dónde y cuándo.** El epicentro judicial está en La Plata, pero el servicio en juego —agua potable y cloacas— llega a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El 20 de septiembre, el proceso entró en una nueva etapa: una comisión evaluadora debe verificar si los dos consorcios cumplen los requisitos legales, técnicos y económicos antes de abrir las ofertas de precio, sin piso mínimo establecido.
**Por qué importa.** AySA fue estatizada en 2006, después de que el Estado le rescindiera el contrato a Aguas Argentinas, el consorcio privado —liderado por la francesa Suez— que había gestionado el servicio desde los años 90 y que terminó cuestionado por la caída en la calidad del agua y la falta de inversión. Ese antecedente es la referencia obligada de organizaciones y especialistas cuando se discute una nueva privatización del mismo servicio.
El fallo del 8 de septiembre fue explícito sobre el riesgo: advirtió que «la disminución de los parámetros de control de calidad del agua pueden ocasionar un daño inminente a la salud de los habitantes y del medio ambiente de la provincia de Buenos Aires», y señaló que el nuevo esquema contractual tendería a postergar obras críticas y flexibilizar compromisos ya asumidos.
Lorenzino fue más allá: dijo que la privatización, tal como está planteada, entregaría la empresa sin obligaciones firmes de provisión de agua potable y trasladaría «el pasivo ambiental para que se haga cargo la provincia, los municipios o los habitantes con su salud».
El Gobierno, por su parte, exige al futuro operador privado una inversión de más de 2.000 millones de dólares entre 2027 y 2031, con metas de cobertura del 75,3% en agua potable y 63,9% en cloacas para 2031, camino a un 90% y 75% respectivamente en etapas posteriores.
**Qué puede pasar.** La causa quedó ahora en manos de la Justicia federal, que todavía no definió qué juzgado tendrá competencia definitiva. Mientras esa definición no llegue, la cautelar que protege los controles de calidad del agua sigue vigente en el papel — pero el proceso de venta continúa su propio calendario administrativo. Esa doble vía, judicial y administrativa, avanzando en paralelo sin cruzarse todavía, es lo que deja abierta la posibilidad de un choque institucional si se adjudica la empresa antes de que la Justicia resuelva el fondo del reclamo ambiental.
Glosario
- Medida cautelar: una orden judicial que frena o condiciona algo de forma provisoria, mientras la Justicia investiga a fondo si ese algo es legal.
- Pasivo ambiental: los daños o costos ambientales que deja una actividad económica y que, si nadie se hace cargo, terminan pagando el Estado, los municipios o los propios vecinos.
- Licitación: el proceso por el cual el Estado invita a empresas a competir por un contrato o una compra, y elige según condiciones técnicas y económicas.
- Fuero federal: la parte de la Justicia argentina que interviene cuando el conflicto involucra normas o intereses de alcance nacional, y no solo de una provincia.
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