En cientos de escuelas rurales argentinas todavía no llega señal de internet, y el Estado depositó esa esperanza en Starlink, la empresa de Elon Musk. Esa misma compañía presta wifi en las Islas Malvinas con una licencia otorgada por el gobierno británico del archipiélago, algo que el propio secretario de Malvinas calificó de «inadmisible». El contrato con el Estado argentino sigue en pie.
Es una actualización de una nota publicada por ccomusoc el 3 de septiembre, cuando el Gobierno firmó el contrato con Starlink para conectar 6.000 escuelas rurales con un aporte estatal cercano a los 12 millones de dólares. Lo nuevo es un dato que esa cobertura no tenía: la misma empresa opera desde hace casi un año en las Islas Malvinas bajo licencia del gobierno británico del archipiélago, y el funcionario argentino a cargo del tema Malvinas salió a cuestionarlo públicamente, sin que eso afecte el convenio ya firmado.
Quien puso el dato sobre la mesa fue el diario Perfil, que este sábado reveló que Andrés Dachary, secretario de Malvinas del Gobierno nacional, calificó como «inadmisible» que Starlink «brinden servicios en nuestro territorio amparados en ‘licencias’ del gobierno usurpador británico». Lo dijo mientras su propio Gobierno mantiene un convenio de conectividad con esa compañía por unos 22 millones de dólares, de los cuales el Estado argentino pone 11,89 millones.
La causa del cruce está en dos hechos separados que ahora quedaron unidos. El 30 de octubre de 2025, el regulador de comunicaciones de las Islas Malvinas le otorgó a Starlink la licencia para operar en el archipiélago; al día siguiente, la empresa anunció en inglés que su internet satelital ya estaba disponible ahí. Meses después, el 27 de julio de 2026, el Gobierno argentino firmó con esa misma empresa el convenio para llevar conectividad a escuelas rurales del país, a través de Enacom y el Ministerio de Capital Humano, sin licitación ni concurso.
El contraste no es un hecho aislado. Desde septiembre, el Gobierno de Javier Milei viene endureciendo su discurso sobre Malvinas: el 3 de septiembre publicó el Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial, que acelera las sanciones contra empresas, accionistas y directivos que exploten recursos naturales en las islas, apuntado en particular a un proyecto petrolero de las compañías Navitas y Rockhopper. Ese mismo paquete de medidas incluyó la prohibición de contratar con el Estado a firmas alcanzadas por sanciones.
Starlink no está comprendida en ese decreto, porque la norma apunta a la explotación de recursos naturales —como el petróleo— y no a servicios de telecomunicaciones. Por eso la crítica de Dachary no tiene, por ahora, ningún correlato en una sanción o una revisión del contrato de conectividad escolar. Es una tensión política y discursiva, no una infracción confirmada a una norma vigente.
El caso de Starlink no es el único donde negocios privados chocan con el reclamo de soberanía. El empresario Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, mantiene desde hace casi veinte años una participación accionaria en la Falkland Islands Company, la principal operadora económica del archipiélago. Y Harbour Energy, con participación en un consorcio que exporta gas desde Río Negro con beneficios del régimen RIGI, es la continuidad jurídica de una petrolera que la Argentina había inhabilitado en 2013 por explorar hidrocarburos cerca de Malvinas sin autorización. Ese antecedente ya generó un pedido de informes en el Congreso, presentado por el diputado Maximiliano Ferraro, sobre cómo una empresa con ese historial terminó beneficiada por incentivos estatales.
Para las escuelas rurales, el trasfondo geopolítico no cambia la necesidad concreta: acceder a internet donde hoy no llega ninguna red fija. Ese es el problema que el convenio busca resolver, y sigue vigente más allá de la polémica que ahora rodea a la empresa elegida para resolverlo.
Glosario
- Licencia VSAT: autorización que necesita un usuario para usar una antena satelital como la de Starlink en un territorio determinado; en Malvinas la otorga el regulador de comunicaciones del gobierno de las islas.
- RIGI: Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un esquema con beneficios impositivos y aduaneros que el Estado argentino ofrece a proyectos privados de gran escala.
- Enacom: Ente Nacional de Comunicaciones, el organismo del Estado argentino que regula la telefonía, la radio, la televisión e internet en el país.
- Boletín Oficial: la publicación del Estado argentino donde se hacen públicas y quedan validadas las leyes, decretos y resoluciones del Gobierno.
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