La noche del 5 de septiembre de 1958, la policía porteña detuvo a 119 estudiantes secundarios que se habían enfrentado a pedradas en la Plaza del Congreso. Fue el primer choque callejero de la Laica o Libre, el conflicto que discutió si las universidades privadas podían competir con la universidad pública y gratuita en la formación de profesionales.
Ese 5 de septiembre, alumnos del Colegio del Salvador, un colegio católico de Buenos Aires, hicieron un acto puertas adentro en defensa de la enseñanza «libre» y después salieron a marchar por la avenida Santa Fe hacia otros colegios religiosos. Un grupo de estudiantes secundarios «laicistas» les salió al cruce a pedradas. La respuesta fue igual de violenta.
Los incidentes se trasladaron a la Plaza del Congreso, donde continuaron hasta pasada la medianoche: piedras contra la policía, corridas y 119 detenidos, la mayoría menores de edad que recién terminaban el secundario.
La chispa venía de más arriba. A fines de agosto de 1958, el presidente Arturo Frondizi había anunciado que reglamentaría el artículo 28 de un decreto-ley de 1955, dictado por la dictadura que había derrocado a Perón. Ese artículo permitía que las universidades privadas -en su mayoría católicas y recién fundadas- expidieran títulos habilitantes: los diplomas que autorizan legalmente a ejercer una profesión, como médico o abogado. Hasta entonces, esa potestad era exclusiva de las universidades nacionales, públicas y gratuitas.
Para buena parte del movimiento estudiantil, de los rectores de las universidades nacionales y de los sindicatos, habilitar a las privadas a titular profesionales abría la puerta a una educación superior de dos velocidades: una gratuita para quien pudiera esperar su lugar en la universidad pública, y otra paga para quien pudiera comprarla. Del otro lado se alineaban el gobierno, la Iglesia católica y el Partido Cívico Independiente de Álvaro Alsogaray, que defendían la libertad de enseñanza.
Lo del 5 de septiembre fue apenas el comienzo. Cinco días después, la Federación Universitaria de Buenos Aires declaró la huelga. El 15 de septiembre, el sector «libre» reunió a unas 60.000 personas frente al Congreso, encabezadas por el arzobispo de La Plata. El 19, el campo «laico» respondió con una concentración estimada entre 250.000 y 350.000 personas, una de las movilizaciones estudiantiles más grandes que había visto Buenos Aires hasta entonces. Entre quienes se opusieron a la medida de su propio hermano estaba Risieri Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires.
El 26 de septiembre, la Cámara de Diputados votó 109 a 52 a favor de derogar el artículo 28. El Senado respondió con una versión intermedia: las universidades privadas podían seguir existiendo y graduar profesionales, pero sin recibir subsidios del Estado y bajo controles administrativos. Esa fue, finalmente, la ley que quedó vigente.
El propio gobierno evitó nuevas movilizaciones con una decisión de calendario: la reglamentación definitiva recién se firmó en febrero de 1959, en pleno receso escolar, cuando estudiantes y docentes estaban de vacaciones y no había forma de organizar una nueva protesta masiva.
El historiador Horacio Sanguinetti sostuvo que Frondizi «pagó un precio político muy alto» por esa reglamentación: buena parte de su base reformista y de izquierda le retiró el apoyo en los meses siguientes. Pero el conflicto también dejó una marca que llega hasta hoy: la universidad pública argentina, gratuita y sin restricciones de ingreso en la mayoría de sus carreras, siguió siendo la puerta de entrada mayoritaria a los títulos universitarios, mientras las privadas crecieron como una oferta paralela, nunca como un reemplazo.
Casi setenta años después, la discusión sobre qué lugar debe ocupar el Estado en el sostenimiento de la universidad pública volvió a las calles. El 23 de abril de 2024, cientos de miles de personas marcharon en todo el país en la primera Marcha Federal Universitaria, en reclamo por los recortes de presupuesto a las 57 universidades nacionales durante el gobierno de Javier Milei. El reclamo de fondo -quién puede estudiar y en qué condiciones- es, en esencia, el mismo que salió a las piedras aquel 5 de septiembre de 1958.
Glosario
- Título habilitante: el diploma que permite ejercer legalmente una profesión regulada, como médico, abogado o ingeniero.
- Decreto-ley: una norma con fuerza de ley que dicta un gobierno de facto, sin pasar por el Congreso.
- Universidad laica: una universidad pública, gratuita y no religiosa, sostenida por el Estado.
- Reformismo universitario: el movimiento estudiantil que defiende la universidad pública, gratuita y con participación de los propios estudiantes en su gobierno.