El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una demanda judicial para detener el proyecto petrolero Sea Lion, que una empresa británica y otra israelí planean poner en marcha en 2028 a 220 kilómetros de las islas. Piden frenar las obras y embargar hasta US$156,4 millones a las compañías y a quienes las financian.
Los mismos hombres que en 1982 combatieron en Malvinas volvieron a cruzar, ahora en un tribunal, a quienes explotan los recursos de esas islas. El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), junto con la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), presentó el 1 de septiembre una demanda para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que las empresas Rockhopper (Reino Unido) y Navitas (Israel) impulsan en aguas cercanas al archipiélago.
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene jurisdicción sobre esa provincia, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. Los denunciantes piden que se declare ilegal el proyecto, se suspendan de inmediato las obras, las perforaciones y los movimientos del lecho marino, y se impida girar nuevos fondos para sostenerlo. También solicitaron un embargo preventivo de bienes por unos US$156,4 millones.
Sea Lion es un yacimiento descubierto en 2010 en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. Rockhopper y Navitas recién tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollarlo, después de postergarla varias veces desde 2016. Navitas controla el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%. La primera fase apunta a extraer 170 millones de barriles, con un pico de producción de 50.000 barriles diarios, y demandará una inversión de unos US$2.100 millones hasta completarse. La producción comenzaría en 2028.
El planteo de Cecim y AAdeAA reúne dos argumentos que, según sus autores, no se pueden separar: el daño ambiental y la soberanía argentina sobre Malvinas. Sostienen que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas no reemplazan los requisitos que exige el derecho argentino, porque disponen de recursos naturales en una zona que Argentina considera parte de su plataforma continental.
En el plano ambiental, la demanda advierte que las tareas de perforación y de movimiento del lecho marino pueden alterar ecosistemas del Mar Argentino y del Atlántico Sur, con impacto en especies como la ballena franca austral y el pingüino de Magallanes, además de generar contaminación acústica submarina y riesgo de derrames.
Enrique Viale, presidente de AAdeAA, explicó que además de frenar las obras buscan identificar quién financia el proyecto. «Nuestra idea es, posteriormente, solicitar embargos sobre los bancos y demás financistas e, incluso, las propias petroleras», señaló, según reprodujeron varios medios que cubrieron la presentación.
Esta demanda no es un hecho aislado dentro de un patrón que ccomusoc viene siguiendo: el mismo 1 de septiembre, en Neuquén, la Justicia definía si habrá juicio por una de las mayores contaminaciones de Vaca Muerta, y a comienzos de agosto Comodoro Rivadavia había demandado a YPF por los pasivos ambientales de un siglo de explotación petrolera en la Patagonia. En las tres causas, distintos actores —municipios, fiscalías, y ahora excombatientes y abogados ambientalistas— recurren a la Justicia para frenar o cobrar por el impacto de la actividad petrolera, dentro y fuera del territorio continental.
La demanda es una acción preventiva: todavía no hay fecha de audiencia ni resolución del juzgado de Río Grande sobre el pedido de suspensión y embargo. Rockhopper y Navitas no respondieron públicamente al planteo judicial hasta el momento de esta nota.
Glosario
- Acción judicial preventiva de incidencia colectiva: un reclamo ante la Justicia para evitar un daño antes de que ocurra, presentado en nombre de un interés que afecta a toda la comunidad y no solo a quien demanda.
- Decisión final de inversión (FID): el momento en que una empresa petrolera confirma que va a poner el dinero para construir un proyecto, después de años de estudios y negociaciones.
- Embargo preventivo: una medida judicial que traba el uso de bienes o dinero de una persona o empresa mientras dura un juicio, para asegurar que haya con qué responder si pierde.
- Plataforma continental: el fondo marino y el subsuelo que se extienden bajo el mar frente a la costa de un país, que ese país puede reclamar como propios según el derecho internacional.
- Cuenca Malvinas Norte: la zona del mar al norte de las islas Malvinas donde se encuentra el yacimiento de petróleo Sea Lion.