«No somos descartables, somos trabajadores que cuidamos el ambiente», gritaron los cartoneros el 19 de agosto frente a la estación Once. El Gobierno porteño licita de nuevo la recolección de residuos secos y un informe de la UBA advierte que la inclusión de los recuperadores urbanos dejó de ser obligatoria.
El 19 de agosto, un grupo de cartoneros caminó desde la Plaza Manzana 66, en Balvanera, hasta la estación Once. Llevaban carteles y una consigna que resumía su reclamo: «No somos descartables, somos trabajadores que cuidamos el ambiente». Detrás de esa frase hay un miedo concreto: perder el trabajo con el que separan y reciclan buena parte de la basura de la Ciudad de Buenos Aires.
Quienes protagonizan este conflicto son, de un lado, más de 6.000 recicladores urbanos organizados en 12 cooperativas, agrupados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Del otro, el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, a través de la Secretaría de Higiene.
Lo que está en juego es una nueva licitación pública para la recolección, el traslado y el procesamiento de los residuos secos (los reciclables) porteños. El Gobierno publicó los pliegos técnicos el 17 de julio, mediante la Resolución N° 53/SECH/26, y abrió una consulta pública de diez días hábiles antes de avanzar. El proceso ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y su urgencia tiene una fecha límite: el contrato vigente vence en septiembre.
El nuevo esquema cambia varias reglas del juego. Reduce las zonas de trabajo de 15 a 6, organizadas por comunas y ligadas a centros de reciclado estatales, como los de Barracas, Saavedra, Núñez o Varela. Exige GPS y sistemas de seguimiento en todos los camiones, y fija seis servicios obligatorios, entre ellos la recolección puerta a puerta al menos dos veces por semana. También pone un límite: como máximo, el 20% del material recolectado puede descartarse sin reciclar cada mes. Es decir, al menos 8 de cada 10 kilos que se levantan de la calle tienen que terminar reciclados.
El Gobierno porteño sostiene que el cambio busca «mejorar la limpieza urbana». Según su versión, detectaron incumplimientos de horarios, uso inadecuado de uniformes y herramientas, y residuos desparramados en la vía pública. Afirman que «el cuidado del ambiente y la limpieza de las calles tienen que ir de la mano», y que las cooperativas pueden presentarse a la licitación y competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas.
Pero un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA, publicado el 25 de agosto por su Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales (CIEPA-FAUBA), pone en duda esa idea de «igualdad de condiciones». El estudio, titulado «¿Reciclado con inclusión o privatización? Lo que está en juego en el nuevo pliego de la Ciudad», señala que la reducción de zonas y las mayores exigencias económicas y administrativas dificultan que las cooperativas puedan presentarse. Según el informe, de las seis zonas nuevas, solo una quedaría preadjudicada a una cooperativa. Y hay un cambio de fondo: incluir a los recuperadores urbanos deja de ser un requisito obligatorio del pliego y pasa a ser apenas un criterio a evaluar, no una condición excluyente.
El mismo informe agrega un dato que explica por qué el modelo cooperativo y el privado no son equivalentes en términos ambientales: «el sistema privado cobra por tonelada enterrada, desincentivando el reciclaje real», mientras que el esquema cooperativo cobra por lo que efectivamente se recupera y reintroduce en la cadena de reciclado.
Este no es el primer round de tensión entre esta gestión porteña y el sector cartonero. En julio y agosto de 2025 —un episodio distinto y anterior al de esta licitación— el Gobierno había cortado el transporte gratuito que llevaba a cartoneros del conurbano hasta la Ciudad. Ese conflicto incluyó una huelga de hambre de Sergio Sánchez, titular de la FACCyR, en Parque Lezama, y terminó con un fallo judicial que ordenó restituir el servicio, aunque el Gobierno lo apeló. Un año después, el punto de fricción cambió —ya no es el transporte, sino quién se queda con la gestión del reciclado— pero el actor que reclama es el mismo, y el patrón también: cambios que las cooperativas viven como un corrimiento de su lugar en el sistema.
Con el contrato actual venciendo en septiembre, la definición de esta licitación va a marcar en las próximas semanas si los 6.000 recicladores organizados siguen siendo parte central del reciclado porteño o si compiten, en desventaja según el informe de la UBA, con empresas privadas por un trabajo que hoy es suyo.
Glosario
- Licitación pública: un proceso mediante el cual el Estado invita a empresas u organizaciones a presentar propuestas para prestar un servicio, y elige la que mejor cumple con las condiciones que fijó.
- Pliego: el documento oficial que establece las reglas, condiciones y requisitos que tienen que cumplir quienes se presenten a una licitación.
- Residuos secos: la basura reciclable (papel, cartón, plástico, vidrio, metales), diferenciada de los residuos húmedos u orgánicos.
- Cooperativa: una organización formada por trabajadores que gestionan en conjunto su actividad, sin patrón, y se reparten las decisiones y las ganancias entre todos sus integrantes.
- Recuperador urbano / cartonero: persona que junta y clasifica materiales reciclables de la basura para venderlos o reciclarlos, muchas veces organizada en cooperativas.