El miércoles, dos filas de carros y bicicletas cargadas de cartón avanzaron desde la Manzana 66 de Balvanera hasta la estación Once. Doce cooperativas de recuperadores urbanos marcharon contra una nueva licitación del Gobierno porteño que, según denuncian, pone en riesgo un sistema de reciclado construido durante más de veinte años.
El miércoles 19 de agosto, poco después del mediodía, un grupo de cartoneros y cartoneras salió desde la Plaza Manzana 66, en el barrio de Balvanera, y caminó hasta la estación Once. No fue una marcha aislada: la organizaron doce cooperativas nucleadas en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), que temen perder el trabajo que sostienen desde hace dos décadas.
El motivo es una licitación pública lanzada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para renovar el servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos secos. La convocatoria se formalizó el 17 de julio, mediante la Resolución N° 53/SECH/26 de la Secretaría de Higiene Urbana, y establece un contrato base de dos años.
Según las cooperativas, ese esquema pone en riesgo la continuidad laboral de 6.500 trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y afecta a unas 7.000 familias que hoy dependen, de manera directa o indirecta, del sistema de recolección diferenciada porteño.
El sistema que está en discusión no nació ayer. Se remonta a la crisis de 2001, cuando miles de personas empezaron a juntar cartón y papel para sobrevivir en las calles de la Ciudad. En diciembre de 2002 la Legislatura porteña sancionó la Ley 992, que reconoció a la higiene urbana como servicio público e incorporó a los recuperadores a la recolección oficial a través de un registro obligatorio. De ahí nació el Programa de Recuperadores Urbanos (PRU), que formalizó por primera vez a miles de cartoneros. Desde 2008, ese vínculo entre las cooperativas y el Gobierno de la Ciudad se ordenó en un Sistema de Recolección Diferenciada que hoy integran oficialmente doce organizaciones y cerca de 5.500 recuperadores urbanos registrados, con beneficios como descuentos en transporte, uniformes, incentivos económicos y cobertura médica.
La marcha de los cartoneros no estuvo sola en el calendario de esta semana. Un día después, el jueves 20, otro grupo —esta vez de personas endeudadas y organizaciones sociales— marchó hacia el Ministerio de Economía para reclamar por la morosidad familiar, en una protesta que ccomusoc ya viene siguiendo desde hace semanas. Las dos marchas, aunque reclaman por motivos distintos, comparten un mismo escenario: la Ciudad de Buenos Aires como centro de reclamos económicos de sectores populares en agosto de 2026.
El pliego técnico de la nueva licitación divide a la Ciudad en seis zonas operativas, según los límites de las comunas, y exige control satelital (GPS) en toda la flota de camiones, seis servicios obligatorios por zona —entre ellos recolección puerta a puerta al menos dos veces por semana y vaciado de Puntos Verdes— y una tolerancia máxima del 20% de material descartado en las plantas de procesamiento. El esquema contempla nueve Centros de Reciclado estatales distribuidos entre las distintas zonas.
Desde las cooperativas afirman que el Gobierno porteño dejó de financiar, desde el año pasado, el traslado de cartoneros que viven en el conurbano y trabajan en la Ciudad, y que ahora usa esa merma operativa como argumento para avanzar con la licitación. «Antes de que la Ciudad discutiera economía circular, miles de nosotros, recuperadores urbanos, organizábamos la separación en origen», dijo Sergio Sánchez, presidente de FACCyR, durante la protesta. Jesica Alfonzo, titular de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, sostuvo que el ajuste deliberado en la logística fue la excusa para justificar después el llamado a licitación.
Por el momento, no hay una respuesta pública del Gobierno de la Ciudad a los reclamos planteados en esta marcha puntual. En instancias previas del debate por el nuevo esquema de residuos, el funcionario porteño Ignacio Baistrocchi había señalado que la situación actual «genera un problema en el barrio porque la gente tiene que convivir con eso todos los días», y aseguró que los cartoneros podrán seguir reciclando en los centros verdes, una explicación que hasta ahora no convenció a los legisladores de la oposición ni a las cooperativas.
Si la licitación avanza tal como está redactada, el resultado dependerá de a quién se le adjudiquen los seis lotes: si a las cooperativas que hoy integran el sistema, o a empresas privadas de higiene urbana, como temen los recuperadores. De eso depende que miles de familias sigan formando parte de un circuito que la propia Ciudad reconoce como servicio público desde hace más de veinte años.
Glosario
- Licitación pública: proceso mediante el cual el Estado convoca a empresas u organizaciones a presentar ofertas para prestar un servicio, y elige una según reglas fijadas de antemano.
- Economía popular: conjunto de actividades de trabajo autogestionado (como el cartoneo, la costura o la venta ambulante) que no dependen de un patrón formal y suelen organizarse en cooperativas.
- Recuperador urbano: nombre formal que usa la normativa porteña para los cartoneros y cartoneras que juntan y clasifican materiales reciclables en la vía pública.
- Pliego técnico: documento oficial de una licitación que detalla las condiciones, obligaciones y requisitos que debe cumplir quien se presente a prestar el servicio.
- Punto Verde: contenedor o espacio público de la Ciudad destinado a que los vecinos depositen materiales reciclables por separado.