«Quiero que, cuando un ciudadano nos busque, nos encuentre», dijo el candidato a fiscal general de la Ciudad ante los legisladores. Mientras se define quién va a conducir la Justicia porteña, otra audiencia paralela definía quién va a estar al frente de la Defensoría del Pueblo. Dos designaciones que muestran cómo se reparte el control del Estado en Buenos Aires.
El miércoles 12 de agosto, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, Martín López Zavaleta se paró frente a los diputados de la Ciudad para defender su candidatura a fiscal general. Habló de víctimas, de tiempos judiciales y de un Ministerio Público «cercano» a la gente. Un día antes, en el Salón San Martín del mismo edificio, otra audiencia pública definía el futuro de la Defensoría del Pueblo porteña. Dos oficinas distintas, la misma semana, el mismo mecanismo: control ciudadano sobre quién controla al Estado.
López Zavaleta es abogado de la UBA, con posgrado en ciberdelincuencia, y desde 2024 dirige el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Ocupa la fiscalía general de manera interina desde que Juan Bautista Mahiques, quien tenía el cargo, asumió como ministro de Justicia de la Nación. Su candidatura la elevó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y necesita el aval de dos tercios de la Legislatura para quedar firme.
En paralelo, María Rosa Muiños, la actual Defensora del Pueblo, busca renovar su mandato con el respaldo de gran parte del bloque peronista. Ese proceso también requiere dos tercios de los votos, un piso alto que obliga a negociar entre los bloques.
**De dónde viene el reclamo de fondo.** CABA tiene autonomía desde la reforma constitucional de 1996, pero treinta años después el traspaso de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad sigue incompleto. Ya se transfirió buena parte del fuero penal y contravencional, pero faltan los fueros Laboral, Civil y Comercial. López Zavaleta puso ese pendiente entre sus prioridades de gestión, junto con la implementación del juicio por jurados.
**La misma semana, la misma Legislatura.** La designación de estos dos cargos de control no fue lo único que se debatió en el recinto de Perú e Hipólito Yrigoyen esta semana: el martes 11, legisladores de La Libertad Avanza habían presentado un proyecto para instalar el silencio administrativo positivo en trámites comerciales, otra muestra de que la agenda legislativa porteña viene cargada en agosto.
**Lo que no se dice en el estrado.** Según reconstruyó el medio Ámbito Financiero a partir de la audiencia por la Defensoría del Pueblo, detrás de la foto institucional hay una negociación de poder concreta: la repartición de las cinco adjuntías de ese organismo entre los bloques políticos. Participaron de la audiencia Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación y referente del peronismo no kirchnerista; Daniel Angelici, exdirigente de Boca que oficia de nexo entre el radicalismo y el PRO; y la legisladora libertaria Pilar Ramírez, que propuso a María Graciela Giorgione y Giselle Furcada para esos puestos. Es un dato verificado, no una interpretación: la fuente detalla nombres y cargos de cada uno de los negociadores.
Ni la fiscalía general ni la Defensoría del Pueblo tienen fecha confirmada de votación final. Lo que sí está claro es el mecanismo: en ambos casos hace falta que dos de cada tres legisladores porteños digan que sí, un umbral que en una Legislatura repartida entre oficialismo, PRO, peronismo y La Libertad Avanza obliga a construir acuerdos cruzados antes de que cualquiera de los dos cargos quede formalmente cubierto.
Son dos oficinas pensadas para vigilar al poder desde afuera: una audita que la Justicia porteña funcione, la otra recibe los reclamos de los vecinos contra el propio Estado de la Ciudad. Quién las ocupe, y con qué respaldo político, no es un detalle menor para cualquiera que alguna vez haya tenido que hacer un reclamo contra una oficina pública porteña y no haya sabido a quién recurrir.
Glosario
- Fiscal General: es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, el organismo que investiga los delitos y lleva adelante las causas penales en nombre del Estado.
- Defensor del Pueblo: funcionario independiente que recibe reclamos de vecinos contra el Estado y vela porque se respeten sus derechos, sin depender de ningún gobierno.
- Audiencia pública: reunión abierta donde cualquier persona puede escuchar y, en algunos casos, opinar sobre una decisión que va a tomar el Estado, antes de que se resuelva.
- Mayoría de dos tercios: regla que exige que al menos dos de cada tres legisladores voten a favor para aprobar algo, pensada para que decisiones importantes tengan consenso amplio y no dependan de un solo partido.
- Traspaso de competencias judiciales: proceso por el cual la Nación transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la facultad de juzgar determinados delitos o causas, como parte de la autonomía porteña.