El Senado frenó la venta de tierra a extranjeros, pero habilitó desalojos exprés para el campo y las ciudades

Frente al Congreso, bajo la bandera wiphala, miles de personas repitieron una consigna: «la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja». En medio de la represión, una fotorreportera terminó internada con una fractura de cráneo. El Senado frenó la ley que iba a permitir comprar más tierra argentina desde el exterior, pero aprobó otro capítulo que preocupa a las comunidades campesinas e indígenas: procedimientos más rápidos para desalojar gente del campo y de la ciudad.

El jueves 6 y la madrugada del viernes 7 de agosto, el Senado argentino debatió y votó la ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto tenía varios capítulos metidos en un mismo paquete. Uno de ellos subía del 15% al 25% por provincia el límite de tierra rural que pueden comprar extranjeros, y eliminaba protecciones municipales y de zonas cercanas a ríos. Otro modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Un tercero establecía «juicios sumarísimos» —de apenas 10 días— para desalojos urbanos y rurales.

Con la sesión ya en marcha y sin los votos necesarios, la ministra Patricia Bullrich negoció con la Casa Rosada retirar el capítulo de extranjerización. Poco después de la 1 de la madrugada cayó también el de manejo del fuego. Lo que sí se aprobó, por 37 a 33, fueron los capítulos de desalojos y reforma del régimen de expropiaciones, que ahora pasan a la Cámara de Diputados.

La ley que se defendió esta semana, la 26.737, es de 2011 y puso por primera vez un techo a la compra de tierra rural por parte de extranjeros en la Argentina. Según datos citados durante el debate, hoy cerca del 5% de la tierra del país ya está en manos extranjeras. El proyecto que cayó buscaba destrabar ese límite.

Afuera del Congreso, la Confederación General del Trabajo, las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, la Red Puna y organizaciones ambientales como Extinction Rebellion sostuvieron una movilización de horas. Hubo represión con camión hidrante durante cerca de dos horas y una fotorreportera terminó internada en el Hospital Argerich con una fractura en la base del cráneo. «Lo que hizo cambiar todo fue la presión popular», dijo Nahuel Levaggi, dirigente de la UTT y la Mesa Agroalimentaria Argentina, tras conocerse el retiro del capítulo de extranjerización.

El capítulo de desalojos que sí avanzó es el que más preocupa a organizaciones que este portal ya viene siguiendo. Ccomusoc contó en las últimas semanas el desalojo judicial contra la comunidad mbya guaraní de Misiones (25 de julio), el fallo que obligó a reabrir un camino a la comunidad mapuche-tehuelche Nahuelpan en Chubut, y la absolución de dos comunidades mapuches acusadas de usurpar sus propias tierras en la Patagonia. Vale una actualización sobre el primer caso: el 2 de agosto, un fiscal de Misiones dictaminó dejar sin efecto la orden de desalojo contra la comunidad Puente Quemado, aunque la definición final todavía depende de la Justicia. Si el capítulo de desalojos sumarísimos avanza en Diputados, procesos como ese podrían resolverse en apenas diez días.

Entre los gobernadores que le bajaron el pulgar al capítulo de extranjerización estuvieron Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Leandro Zdero (Chaco). En Misiones, donde según se mencionó durante el debate una sola empresa forestal de capitales chilenos, Arauco, controla cerca del 10% de la tierra provincial, el tema no es abstracto: es el mismo escenario donde se disputa la tierra de la comunidad mbya guaraní.

El proyecto ahora depende de lo que decida la Cámara de Diputados, donde el oficialismo también deberá negociar apoyos. Mientras tanto, organizaciones campesinas e indígenas ya adelantaron que seguirán movilizadas contra el capítulo de desalojos, el que finalmente sí logró media sanción.

Glosario

  • Extranjerización de tierras: proceso por el cual personas o empresas de otros países compran cada vez más tierra dentro de un país, lo que puede afectar el control local sobre los recursos.
  • Ley 26.737: norma argentina de 2011 que puso un límite máximo (15%) a la cantidad de tierra rural que pueden tener extranjeros en el país.
  • Juicio sumarísimo: un tipo de proceso judicial mucho más corto y rápido de lo habitual, con menos instancias para presentar pruebas o apelar.
  • Media sanción: cuando un proyecto de ley es aprobado por una sola de las dos cámaras del Congreso (Senado o Diputados) y todavía necesita el visto bueno de la otra para convertirse en ley.
  • Wiphala: bandera cuadriculada de siete colores que representa a los pueblos originarios de la región andina, usada como símbolo de identidad indígena.

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