En el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que atiende a más de 700 mil personas al año, los directores llevan meses advirtiendo que las cirugías se redujeron a la mitad por falta de fondos. Esa alerta se sumó esta semana al paro universitario nacional convocado para el próximo miércoles 12 de agosto, en un conflicto que CCOMUSOC viene siguiendo desde julio.
El director del Hospital de Clínicas «José de San Martín», Marcelo Melo, lo viene repitiendo desde mayo: sin los fondos que la Nación debería girar, el hospital funciona endeudándose con proveedores y atendiendo a la mitad de su capacidad habitual. Esta semana, esa misma denuncia se convirtió en uno de los tres motivos de un nuevo paro nacional universitario.
Los gremios y federaciones que integran el Frente Nacional de Docentes de Universidades Nacionales, con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica a la cabeza, convocaron un paro total de actividades para el miércoles 12 de agosto en todas las universidades públicas del país. Lo anunciaron el 5 y 6 de agosto.
El reclamo tiene tres patas. La primera es la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace casi 300 días. La segunda es el incumplimiento de una medida cautelar judicial que ordena actualizar salarios y becas. La tercera, la más nueva, es la falta de pago de las partidas para el funcionamiento de los hospitales universitarios, como el de Clínicas.
Esta nota actualiza una cobertura que CCOMUSOC viene haciendo desde hace varias semanas. El 17 de julio informamos que el Gobierno había destinado $1,32 billones más a las universidades para cumplir un fallo de la Corte Suprema. El 21 de julio, que las universidades le pedían a la Justicia que fallara antes de las vacaciones de invierno. Y el 23 de julio, que seguían sin cobrar el aumento ordenado por ese mismo fallo. El paro del 12 de agosto muestra que, a tres semanas de esa última nota, el conflicto no se resolvió: se amplió.
La Ley de Financiamiento Universitario se publicó en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025, pero el Gobierno suspendió por decreto la aplicación de dos de sus artículos centrales, los que fijan cómo se actualizan los salarios docentes y el presupuesto de funcionamiento. En diciembre, un juzgado contencioso administrativo ordenó aplicarlos de todos modos mientras se discute el fondo del asunto, al considerar que el incumplimiento generaba «un daño grave e irreparable». Ese fallo fue el antecedente directo de la intervención posterior de la Corte Suprema.
Sobre los salarios, el Ministerio de Capital Humano sostiene que no hay incumplimiento: recuerda que el 10 de junio firmó un acuerdo con los gremios universitarios que fijó un aumento del 24,33% en dos tramos, uno del 21,33% aplicado en junio y otro del 3% previsto para octubre, y que también se pagaron las becas Manuel Belgrano. El Gobierno calificó el paro de «prematuro».
Los gremios responden que ese acuerdo salarial no cubre todo lo adeudado: falta un 20% de aumento para gastos de funcionamiento de las universidades y, sobre todo, los $50.000 millones extra comprometidos para los hospitales universitarios, que nunca se giraron. El Presupuesto 2026 había previsto 80.000 millones de pesos para esos hospitales, de los cuales debía ejecutarse al menos un 25% en el primer trimestre del año. Según los propios directores hospitalarios, eso no ocurrió.
La situación del Clínicas no es un caso aislado: otros hospitales universitarios, como los de la Universidad de Buenos Aires, advirtieron en mayo que podían dejar de atender en 45 días si no llegaban los fondos. Cinco meses después, según el reclamo gremial, la partida específica para sostenerlos sigue sin aparecer.
De concretarse, el paro del 12 de agosto será la tercera medida de fuerza universitaria en poco más de un mes, después de las protestas de julio por el mismo conflicto de financiamiento. Los gremios advierten que, si el Gobierno no gira los fondos pendientes, seguirán profundizando las medidas en el segundo cuatrimestre del año.
Glosario
- Ley de Financiamiento Universitario: norma aprobada por el Congreso que obliga al Gobierno nacional a aumentar cada año el presupuesto de las universidades públicas, incluyendo salarios docentes y gastos de funcionamiento.
- Medida cautelar: una orden judicial provisoria que obliga a cumplir algo de inmediato, mientras la Justicia sigue estudiando el caso de fondo.
- Paritaria: la negociación entre el Estado (o una empresa) y los gremios para acordar aumentos de sueldo y otras condiciones laborales.
- Decreto: una norma que dicta el Poder Ejecutivo (el Gobierno) sin necesidad de que la vote el Congreso.
- Partida presupuestaria: el monto de dinero que el Estado destina específicamente a un fin, como pagar los sueldos de un hospital o mantener un edificio.
- Hospital universitario: un hospital público que depende de una universidad nacional, donde además de atender pacientes se forman médicos y médicas.