El lunes, cuando millones de chicos y chicas vuelvan a clase tras las vacaciones de invierno, buena parte de las escuelas públicas del país amanecerá con las puertas cerradas. CTERA convocó a un paro nacional docente de 24 horas para el 3 de agosto, y el Gobierno respondió exigiendo que el 75% de los establecimientos funcione, bajo la nueva ley que declaró a la educación «servicio esencial».
El lunes 3 de agosto no habrá clases en la mayoría de las escuelas públicas de la Argentina, el mismo día en que se retoma el ciclo lectivo tras el receso invernal en buena parte del país. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional de 24 horas, y el Gobierno nacional exigió que el 75% de los establecimientos funcione, bajo la nueva ley que declaró a la educación «servicio esencial».
El motivo central es salarial y gremial: el Gobierno nacional se niega a reabrir la Paritaria Nacional Docente, la mesa de negociación donde se discute el sueldo mínimo del sector. Según CTERA, ese salario mínimo permanece congelado en 500.000 pesos desde hace un año.
El conflicto no es nuevo, pero se había mantenido en pausa. Los gremios habían sostenido una tregua durante el Mundial, y ahora, con el sistema educativo otra vez en el centro de la escena, retoman el reclamo con más fuerza.
El Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, respondió invocando la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que clasifica a la educación como «servicio esencial» y obliga a garantizar el funcionamiento del 75% de la actividad escolar durante una huelga. El Gobierno advirtió que aplicará sanciones a los sindicatos que no cumplan con ese piso.
Ese mismo punto tiene un capítulo menos conocido: un juzgado había frenado, de manera cautelar, la aplicación de esa exigencia del 75%. Pero el Gobierno apeló esa decisión, y mientras la apelación está en trámite, la restricción sigue vigente. Es, en los hechos, una disputa legal en paralelo a la disputa salarial, y explica por qué no todos los gremios eligen el mismo camino.
Justamente por esa ley, los gremios docentes ligados a la CGT —encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA)— evitaron sumarse a un paro nacional y en cambio anunciaron un plan de lucha que se extenderá durante todo agosto: trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa dirigidas a los propios estudiantes, «semaforazos» en esquinas, volanteadas en distintos puntos del país y una movilización al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación. El dirigente de UDA, Sergio Romero, dará una conferencia de prensa el lunes a las 14 horas en la sede gremial de Azopardo 802, en Buenos Aires.
Desde CTERA, las referentes Sonia Alesso y Roberto Baradel apuntan contra lo que definen como un «ajuste en la educación», y suman a los reclamos salariales otros dos pedidos: la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y una nueva ley de financiamiento educativo.
Con la ley de servicio esencial de fondo, la apelación judicial en danza y un plan de lucha que recién empieza, agosto se perfila como un mes de tensión creciente entre el Gobierno y los gremios docentes, con la posibilidad de que las sanciones anunciadas y nuevas medidas de fuerza se sumen en las próximas semanas.
Glosario
- Paritaria docente: es la mesa de negociación donde el Gobierno y los gremios discuten juntos el salario y las condiciones de trabajo de los y las docentes de todo el país.
- FONID: sigla de Fondo Nacional de Incentivo Docente, un dinero adicional que el Estado nacional gira a los y las docentes para completar su sueldo.
- Servicio esencial: categoría legal que obliga a garantizar un mínimo de funcionamiento (en este caso, 75% de las escuelas) incluso durante una huelga, bajo riesgo de sanciones para quienes no cumplan.
- Medida cautelar: es una decisión judicial provisoria que frena, mientras dura el juicio, la aplicación de una ley o una medida, hasta que se resuelva el conflicto de fondo.
- Trabajo a reglamento: una forma de protesta gremial en la que los y las trabajadoras cumplen estrictamente sus tareas, sin agregar ni ceder nada más allá de lo que marca la norma, como forma de reclamo sin llegar al paro total.