La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa uno de los conflictos laborales más graves de los últimos años. Desde el 30 de junio, cientos de trabajadores contratados recibieron notificaciones de que sus contratos no serían renovados, y la protesta pacífica que organizaron en la sede central terminó con un operativo de Gendarmería Nacional que desalojó a los manifestantes a la fuerza.
Un ajuste que golpea a la ciencia
Según los gremios ATE y APCNEAN, la cifra de despedidos podría llegar a 350 personas: administrativos, técnicos, científicos e ingenieros de alta calificación. Las autoridades del organismo confirmaron la desvinculación a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), sin instancias previas de diálogo con los representantes sindicales.
Represión dentro de un edificio público
Lo que comenzó como una protesta pacífica en reclamo de explicaciones derivó, horas más tarde, en un operativo de Gendarmería que ingresó con escudos y bastones largos para desalojar a los trabajadores que custodiaban el acceso a las oficinas de las nuevas autoridades del organismo. El hecho generó un fuerte repudio de organizaciones sindicales, científicas y de derechos humanos.
Un reclamo con historia
Los gremios sostienen que el ajuste no es un hecho aislado: en los últimos tres años, la CNEA redujo un 45% su presupuesto y perdió alrededor de 500 trabajadores. Diputados de la oposición calificaron la medida como una entrega de la soberanía nuclear del país y exigieron una reunión informativa urgente en el Congreso.
Por qué importa
Más allá del conflicto puntual, lo ocurrido en la CNEA expone una tensión de fondo: el uso de fuerzas de seguridad para disciplinar reclamos laborales legítimos de trabajadores estatales, en un organismo estratégico para la salud, la energía y la investigación científica del país.
Glosario:
CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo estatal a cargo del desarrollo nuclear argentino)
GDE (Gestión Documental Electrónica, sistema oficial de notificaciones del Estado)
Vaciamiento institucional (proceso de desmantelamiento progresivo de las capacidades de un organismo público).