En las universidades nacionales, docentes, no docentes y estudiantes becarios revisan sus recibos de julio sin encontrar el incremento que la Justicia ordenó pagar hace casi un mes. El Gobierno anunció una ampliación de fondos para el sistema universitario, pero las casas de estudio todavía no saben cuándo ni cómo va a llegar ese dinero.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo resumió así hace pocos días: la ampliación de presupuesto «sería una noticia importante» si finalmente se concreta. Pero agregó una condición que todavía no se cumple: «Antes de eso necesitamos el cumplimiento y la aplicación del fallo de la Corte Suprema».
Ese fallo tiene casi un mes. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia confirmó una medida cautelar dictada en primera instancia por el juez federal Martín Cormick, que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar «de manera inmediata» los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). Esos artículos ordenan actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, y también las becas estudiantiles, según la inflación medida por el INDEC desde diciembre de 2023.
La ley había sido sancionada en agosto de 2025, en medio de un reclamo de larga data del sistema universitario público por la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores y por los recortes en el financiamiento del área. Ante la falta de cumplimiento, distintas universidades llevaron el conflicto a la Justicia, hasta llegar a la Corte Suprema.
El Gobierno nacional respondió parcialmente. En junio pagó un aumento salarial del 21,3% para docentes y no docentes universitarios, y actualizó el monto de las becas. Según los gremios del sector, ese incremento «no llega a abarcar ni siquiera la mitad de lo que dispone la norma»: todavía resta un 29% adicional para llegar a la suba total del 56% respecto de mayo que exige el fallo. Las becas, por su parte, deberían subir un 95% para reflejar la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
El 16 de julio, el Gobierno formalizó por decreto (594/2026) una ampliación del Presupuesto 2026 por 4,45 billones de pesos, de los cuales 1,33 billones se destinan al sistema universitario a través del programa de Desarrollo de la Educación Superior. El 98% de esos fondos iría a las transferencias para universidades nacionales, y el resto a becas estudiantiles.
El anuncio, sin embargo, fue recibido con cautela por el CIN. Una semana después de conocido el decreto, las universidades todavía no recibieron notificación formal sobre cuándo se van a efectivizar las transferencias ni con qué criterio se van a repartir entre las distintas casas de estudio. Tampoco hay definiciones sobre los gastos de funcionamiento ni sobre los hospitales universitarios, dos rubros que la ley también contempla y que el Gobierno no pagó todavía.
Mientras tanto, el CIN presentó una nueva demanda para pedir que se habilite la feria judicial de invierno y la Justicia avance con una sentencia definitiva sobre el caso, en lugar de sostener el reclamo únicamente a través de la medida cautelar.
Para Bartolacci, lo que está en juego no es solo la aplicación del fallo actual. En un mes, el Congreso empezará a discutir el Presupuesto 2027, y el resultado de este conflicto va a marcar «un piso diferente» para esa negociación. Es decir: lo que las universidades logren cobrar ahora define desde dónde arranca la discusión sobre sus fondos del año que viene.
Glosario
- Medida cautelar: una orden judicial provisoria que obliga a hacer o no hacer algo mientras un juicio sigue en trámite, antes de que haya una sentencia final.
- Ley de Financiamiento Universitario: norma aprobada en 2025 que fija cómo deben actualizarse los salarios universitarios y las becas estudiantiles según la inflación.
- CIN (Consejo Interuniversitario Nacional): organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas de todo el país para coordinar reclamos y políticas comunes.
- Feria judicial: período del año (en invierno y en enero) en que los tribunales reducen su actividad; «habilitarla» significa pedir que un caso puntual se siga tramitando igual durante esos días.
- Decreto de necesidad y urgencia / decreto presupuestario: herramienta que usa el Poder Ejecutivo para modificar el presupuesto sin esperar una nueva ley del Congreso.