A tres meses de la promulgación del decreto que reformó la Ley de Glaciares, la Justicia federal todavía no resolvió el amparo colectivo que reclama frenar el avance de la megaminería sobre zonas protegidas. Mientras el expediente sigue cajoneado en los tribunales, el proyecto Vicuña, de las mineras BHP y Lundin, avanza sobre un glaciar de escombros en San Juan después de haber sido incorporado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el 16 de junio pasado.
La reforma, aprobada por Diputados el 8 de abril y promulgada el 24 de ese mes mediante el decreto 271/2026, modificó de raíz los criterios de protección que fijaba la ley 26.639 desde 2010. El nuevo texto, sancionado como ley 27.804, condiciona el resguardo de glaciares y ambiente periglacial a que se demuestre que cumplen «funciones hidrológicas relevantes» y habilita a las provincias a pedir que geoformas ya inventariadas sean excluidas del Inventario Nacional de Glaciares. Para organizaciones ambientales, se trata de un mecanismo pensado a medida de la industria extractiva.
Asambleas y organismos de derechos humanos, unidos en la demanda
El rechazo a la reforma derivó en una movilización civil sin precedentes. Impulsada por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la campaña por un amparo colectivo sumó cerca de 900 mil adhesiones en menos de dos semanas. A la demanda, presentada el 5 de mayo, se sumaron la Asamblea Jáchal No Se Toca y la Asamblea Popular por el Agua, además de Marta Maffei, autora de la ley original de 2010, y organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional.
En mayo, un juez federal rechazó la cautelar que pedía suspender la vigencia de la reforma, pero admitió a trámite el amparo colectivo, que continúa abierto. Las organizaciones interpretaron el fallo como parcial: perdieron la carrera contra el tiempo para frenar la ley, pero mantienen abierta la vía judicial de fondo.
Un glaciar en la mira de la megaminería cordillerana
El caso testigo del conflicto es el glaciar de escombros identificado como GE110, ubicado en el norte de San Juan, en el límite con La Rioja, que alimenta la subcuenca superior del río Blanco, dentro de la cuenca del río Jáchal. Ese cuerpo de hielo fue incorporado al Inventario Nacional de Glaciares en 2021 a partir de un pedido que la propia Asamblea Jáchal No Se Toca elevó al IANIGLA, con el aporte de científicos y el respaldo de otras asambleas y organizaciones de la región.
El proyecto Vicuña, que combina yacimientos de cobre, oro y plata, prevé una explotación a cielo abierto de 259 hectáreas dentro del área donde se encuentra ese glaciar protegido. Su ingreso al RIGI en junio, ya con la reforma en vigencia, disparó una nueva presentación judicial: organizaciones ambientalistas exigieron a la Justicia que frene el proyecto minero mientras aportaron evidencia científica adicional sobre el rol hídrico del glaciar para las comunidades de la cuenca.
Por qué importa
El conflicto expone la tensión entre la política de fomento a la megaminería que impulsa el Gobierno nacional y la protección de reservas de agua dulce en la cordillera, en momentos de crisis hídrica creciente. La demora judicial deja en los hechos habilitado el avance de un proyecto extractivo de gran escala sobre una fuente de agua inventariada y protegida por ley, mientras asambleas socioambientales, organismos de derechos humanos y fundaciones ambientalistas sostienen una de las causas colectivas más masivas de la historia ambiental argentina, con casi un millón de firmas, a la espera de que la Justicia federal se expida sobre el fondo del reclamo.
Glosario
Glaciar de escombros: cuerpo de hielo cubierto por una capa de rocas y sedimentos, que almacena y regula agua subterránea y alimenta cuencas hídricas de montaña.
Ambiente periglacial: zona de alta montaña con suelos permanentemente helados o con hielo subterráneo, clave para la regulación natural del agua.
RIGI: Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, marco de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala, entre ellos los mineros.
Amparo colectivo: acción judicial que permite a un conjunto de personas u organizaciones reclamar la protección urgente de un derecho, en este caso el acceso a un ambiente sano.
IANIGLA: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo técnico a cargo del Inventario Nacional de Glaciares.