Con las aulas vacías por el receso invernal, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, presentó un escrito urgente para que un juez federal dicte sentencia definitiva sobre el incumplimiento de la ley que debía actualizar salarios docentes y becas estudiantiles.
Mientras las aulas de las universidades públicas están vacías por el receso de invierno, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, se sentó a escribir un pedido urgente a la Justicia. Como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas del país, le pidió a un juez federal que no espere a que termine la feria judicial para fallar.
El escrito se presentó el lunes 20 de julio ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo a cargo de Martín Cormick, en Buenos Aires. El pedido es concreto: que el juez habilite la feria para poder dictar una sentencia definitiva sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
Esa ley, identificada como 27.795, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y a recomponer el monto de las becas estudiantiles. Según el CIN, el Gobierno nacional nunca terminó de cumplirla.
En diciembre de 2025, el juez Cormick dictó una medida cautelar que ordenaba aplicar esa actualización. El Ejecutivo apeló, y el 25 de junio de 2026 la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso oficial y confirmó la cautelar. Aun así, según el planteo de Bartolacci, la orden judicial sigue sin cumplirse plenamente.
«Desde agosto de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no logramos que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera cumplió la medida cautelar dictada por su Señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026», escribió el rector en su presentación, reproducida por distintos medios que accedieron al escrito.
Bartolacci fue más allá y sostuvo que el Gobierno «ha realizado numerosas presentaciones tendientes a obstaculizar el trámite y a ordinarizar esta cautelar», es decir, a demorar el proceso con los tiempos comunes de la Justicia en lugar de resolverlo con la urgencia propia de una medida cautelar.
Días antes de este pedido, el Gobierno había dado una señal parcial. El 16 de julio, mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 594/2026, amplió el Presupuesto 2026 en más de 4 billones de pesos, de los cuales 1,33 billones se destinaron al programa de Desarrollo de la Educación Superior. De ese monto, cerca del 98% quedó para transferencias a universidades nacionales y el resto para becas, entre ellas el Programa Manuel Belgrano.
Sin embargo, esa ampliación presupuestaria no garantiza que el dinero llegue pronto: el propio Gobierno aclaró que incorporar esos fondos al presupuesto no implica una transferencia automática, y que la distribución efectiva puede realizarse en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2026.
Mientras tanto, el recorte a las becas estudiantiles ya se siente en las universidades. Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la cantidad de Becas Progresar activas cayó de 1,8 millones a alrededor de 600.000 en los últimos años, con montos congelados. En la Universidad Nacional de Río Negro, los becarios Progresar pasaron de 2.455 en 2023 a apenas 684 en 2025, una caída acumulada del 72 por ciento.
Para el CIN, lo que está en juego excede el conflicto salarial. En el escrito, Bartolacci lo definió sin rodeos: «Esta es, sin dudas, su Señoría, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, de esto depende todo el sistema de educación universitaria». Con esa frase, el pedido busca que el juez entienda la urgencia y no deje la definición para después de las vacaciones de invierno, que en la mayoría de las provincias terminan el 31 de julio.
Glosario
- Feria judicial: período del año, como las vacaciones de invierno, en el que los tribunales reducen su actividad y solo tramitan causas urgentes.
- Medida cautelar: una orden que da un juez para proteger un derecho de manera provisoria, mientras se resuelve el juicio de fondo.
- Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): organismo que reúne a los rectores de todas las universidades públicas de Argentina para coordinar posiciones comunes.
- DNU (decreto de necesidad y urgencia): una norma que dicta el Poder Ejecutivo sin pasar primero por el Congreso, para casos que el Gobierno considera urgentes.
- Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria: ley N.° 27.795, aprobada en 2025, que fija cómo debe actualizarse el dinero para salarios universitarios y becas estudiantiles.
- Becas Progresar: un programa nacional que da una ayuda económica mensual a estudiantes para que puedan sostener sus estudios.