Desde el 5 de septiembre, en la Ciudad un chico o una chica de 14 años acusado de un delito puede ser juzgado penalmente. Si termina en un centro socioeducativo de régimen cerrado, falta definir qué pasa con su escuela. Un proyecto presentado en la Legislatura porteña propone que, en un plazo de 15 días hábiles desde su ingreso, cada adolescente tenga un diagnóstico y un plan educativo individual, y que se le haga un seguimiento durante un año después de salir.
La diputada porteña Marina Kienast, de La Libertad Avanza, presentó el 5 de octubre en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley. Se llama «Régimen de Trayectorias Educativas a Medida para Adolescentes y Jóvenes en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil». También lo nombra como «Ley de Segunda Oportunidad Educativa».
El objetivo es que los adolescentes y jóvenes que están dentro del sistema penal juvenil porteño no abandonen la escuela. Según los fundamentos, el proyecto busca adecuar la Ciudad a la nueva Ley Nacional 27.801 de Régimen Penal Juvenil. También busca bajar la reincidencia, es decir, que un joven vuelva a cometer un delito.
**A quiénes alcanza**
La iniciativa incluye a cuatro grupos:
– Adolescentes alojados en centros socioeducativos de régimen cerrado.
– Adolescentes en otros dispositivos con restricción de la libertad.
– Adolescentes con sanciones que no los privan de la libertad pero tienen un componente educativo.
– Menores no punibles que participan de programas de acompañamiento socioeducativo.
**Qué propone, paso a paso**
Primero, un diagnóstico educativo dentro de los 15 días hábiles desde el ingreso. Evaluaría lengua, matemática, la historia escolar previa, las habilidades para el trabajo y los intereses personales de cada joven.
Con ese diagnóstico se armaría un Plan Educativo Individual, con metas que se puedan medir, plazos trimestrales, tutorías y estrategias de apoyo.
El proyecto no crea escuelas nuevas. Propone combinar las modalidades que ya existen, como las escuelas de reingreso, la educación para adultos y la formación profesional. Suma clases en línea con títulos reconocidos por el Estado, convenios con empresas y cooperativas para hacer prácticas y conseguir un primer empleo, y una mentoría de un año para cada joven después de salir.
**Por qué ahora: la ley nacional que bajó la edad**
La Ley 27.801 se sancionó en febrero de 2026 en el Congreso, con 149 votos a favor y 100 en contra, y rige desde el 5 de septiembre. Bajó la edad de punibilidad de 16 a 14 años y fija penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes.
La misma ley establece que los jóvenes alcanzados tienen derecho a acceder a programas educativos para terminar la escolaridad obligatoria, a capacitación laboral y a deporte. También dice que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Uno de los puntos más debatidos fue el financiamiento. La ley no garantiza fondos propios a las provincias para aplicarla: los recursos dependen de convenios con la Nación.
En la Ciudad, los centros socioeducativos de régimen cerrado dependen desde 2017 de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. Esa dirección forma parte del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. Entre esos centros están el «José de San Martín», el «Manuel Belgrano» y el «Dr. Luis Agote».
**La otra cara: la escuela que denuncia**
El proyecto llega una semana después de que ccomusoc informara sobre otra decisión porteña vinculada a la misma ley. El 30 de septiembre contamos que el Ministerio de Educación de la Ciudad aprobó el «Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal». Ese protocolo obliga a directoras y directores a denunciar a estudiantes desde los 14 años.
Los gremios docentes lo rechazaron. Ademys publicó un pronunciamiento en contra el 1 de octubre. En la Legislatura, las diputadas Amanda Martín y Vanina Biasi lo calificaron como un protocolo de «persecución y criminalización».
Es decir: el protocolo regula cómo la escuela informa un posible delito a la Justicia, y el proyecto de Kienast se ocupa de qué pasa con la escolaridad del joven una vez que entra al sistema penal. Por ahora, ninguna norma porteña aborda las dos cosas juntas.
**Lo que viene**
El proyecto tiene que pasar por las comisiones de la Legislatura antes de que se pueda votar en el recinto. Propone medir los resultados con indicadores de avance educativo y de inserción laboral.
Algunos datos no aparecen en la información pública del proyecto: cuántos adolescentes hay hoy en los centros porteños, cuánto costaría aplicar la propuesta y qué organismo pagaría las tutorías y las mentorías. Son preguntas clave en una ciudad donde, según los mismos gremios, se están cerrando inscripciones en profesorados y bajan los recursos para la formación docente.
Glosario
- Edad de punibilidad: la edad desde la cual una persona puede ser juzgada y sancionada penalmente por un delito. Con la Ley 27.801 bajó de 16 a 14 años.
- Centro socioeducativo de régimen cerrado: lugar del Estado donde quedan alojados adolescentes acusados o condenados por delitos, sin poder salir libremente.
- Menor no punible: adolescente que, por su edad, no puede recibir una pena penal aunque haya participado de un hecho considerado delito.
- Reincidencia: cuando una persona que ya cometió un delito vuelve a cometer otro.
- Escuela de reingreso: secundaria porteña pensada para chicos y chicas que dejaron la escuela y quieren volver, con horarios y materias más flexibles.
- Plan Educativo Individual: programa de estudio armado a la medida de cada estudiante, con metas y plazos propios.
- Pedido de informes / proyecto de ley: herramientas de la Legislatura. El primero pide datos al Gobierno; el segundo propone una norma nueva que debe votarse.
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