Para una comunidad que vive desde siempre en el mismo monte, una orden judicial podía terminar con todo en una mañana. El 1 de noviembre de 2006, hace exactamente 20 años, el Congreso sancionó la Ley 26.160: suspendió esos desalojos y obligó al Estado a relevar las tierras indígenas.
La norma se promulgó el 23 de noviembre de 2006. Declaró la «emergencia en materia de posesión y propiedad» de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas del país.
Hizo tres cosas. Suspendió las sentencias y actos que buscaran desalojarlas. Le ordenó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hacer en tres años un relevamiento técnico-jurídico-catastral de esas tierras. Y creó un fondo de 30 millones de pesos para pagarlo, junto con abogados y trámites de títulos.
**Por qué hacía falta**
La reforma constitucional de 1994 reconoció, en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria de sus tierras. En 1992, la Ley 24.071 había aprobado el Convenio 169 de la OIT. Pero sin tierras medidas, esos derechos podían perderse en un juzgado.
**Cuatro años que se volvieron dieciocho**
La emergencia duraba cuatro años. El Congreso la prorrogó tres veces, y con ella el plazo del relevamiento: leyes 26.554 (2009), 26.894 (2013) y 27.400 (2017). En 2021, el Decreto 805 la estiró hasta noviembre de 2025.
Según el Estado nacional, la ley nunca contempló entregar títulos de propiedad comunitaria: solo relevar la ocupación actual.
**El final**
El 9 de diciembre de 2024, el Gobierno nacional firmó el DNU 1083/2024. Derogó el decreto de 2021 y dio por terminadas la emergencia y la suspensión de desalojos. En sus fundamentos contó 1.626 comunidades reconocidas y 254 hechos judicializados, y sostuvo que la prórroga generaba «inseguridad jurídica».
El artículo 75 de la Constitución sigue vigente. Lo que ya no rige es el freno a los desalojos que protegió a las comunidades durante 18 años.
En octubre, ccomusoc recordó los 150 años de la Ley Avellaneda, que obligó al Estado a recibir a quienes llegaban al país. La Ley 26.160 miró a quienes ya estaban acá antes de que existiera el país.
Glosario
- Relevamiento técnico-jurídico-catastral: estudio que mide un territorio y registra quién lo ocupa y cuál es su situación legal.
- Preexistencia: reconocimiento de que los pueblos indígenas estaban acá antes que el Estado argentino.
- DNU (decreto de necesidad y urgencia): norma con fuerza de ley que firma el Presidente sin pasar antes por el Congreso.
- Convenio 169 de la OIT: tratado internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras.
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