Centros de día, hogares y servicios de transporte que atienden a personas con discapacidad están al borde del cierre: hace hasta seis meses que no reciben los pagos del programa Incluir Salud. Más de mil organizaciones de todo el país denuncian una deuda que ya supera los $250.000 millones.
Familias, prestadores y organizaciones de todo el país alertaron en abril de 2026 sobre una crisis sin precedentes en el sistema de atención a personas con discapacidad. Denunciaron que el sistema atraviesa una situación «terminal», producto de las deudas acumuladas del programa Incluir Salud y de los recortes en el presupuesto del área. El programa es administrado por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Más de mil prestadores se encuentran sin recibir los fondos. El problema afecta a centros de día, escuelas especiales y transportistas, muchos de los cuales enfrentan dificultades para sostener sus servicios. La deuda acumulada supera los $250.000 millones a nivel nacional y cubre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026.
A ese desfinanciamiento se suma el impacto directo sobre los pacientes que dependen de tratamientos complejos y de alto costo, con medicaciones que resultan imposibles de sostener sin cobertura estatal.
La crisis no es nueva. La falta de actualización tarifaria puso en seria crisis al sistema de prestaciones básicas, regulado por la Ley 24.901, que obliga al Estado a garantizar la atención de aproximadamente 250.000 personas con discapacidad. Los fondos destinados al área registraron una caída del 31,3% en el primer trimestre de 2026 respecto a 2023, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina.
Ante el agravamiento, el Congreso actuó. La Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad establece la actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad. Sin embargo, la ley no se cumplió. La movilización de las organizaciones ocurre pese a la reciente reglamentación de esa ley mediante el Decreto 84/2026, que el Gobierno nacional oficializó cumpliendo con el plazo fijado por la justicia.
Un dato poco difundido explica parte del problema: desde el Ministerio de Salud señalan que no pueden pagar porque el Ministerio de Economía no envía el dinero. Las organizaciones reclaman que, además de saldar las deudas, se asegure la disponibilidad mensual de fondos. Desde el sector advierten que la interrupción de los pagos no responde a una falta de dinero, sino a una determinación gubernamental.
A esto se suma otro factor: los aranceles de las prestaciones presentan un atraso cercano al 40%, por lo que los valores actuales no alcanzan a cubrir los costos mensuales. Es decir, aunque el Estado pagara todo lo que debe, los montos ya serían insuficientes frente a la inflación real.
Existe también el temor de que el programa Incluir Salud sea disuelto por completo. Referentes del sector advierten que su desaparición generaría una catástrofe a nivel prestacional, porque las provincias no están preparadas para atender a esta gran cantidad de usuarios.
El acceso a prestaciones en discapacidad no es un beneficio opcional sino un derecho garantizado por la normativa vigente. La falta de pago por parte del Estado no solo incumple sus obligaciones legales, sino que traslada el costo del sistema a las instituciones y a los trabajadores, poniendo en riesgo miles de tratamientos.
Si tu tratamiento o el de un familiar está en peligro, podés actuar hoy. El primer paso es contactar al Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (foropermanentediscapacidad.org.ar), que nuclea organizaciones de todo el país y puede orientarte. También podés presentar un reclamo formal ante la SENADIS o ante el Defensor del Pueblo de la Nación, que recibe denuncias cuando el Estado no cumple con sus obligaciones. Estos reclamos quedan registrados y tienen respaldo legal.
Una vez más, el incumplimiento del Estado ha generado graves consecuencias: prestadores que han debido cerrar, trabajadores afectados y, fundamentalmente, personas con discapacidad que ven comprometida la atención que necesitan. Si no hay reclamos formales y visibles, el problema seguirá sin resolverse.
Glosario
- Incluir Salud: programa de la Secretaría Nacional de Discapacidad que brinda asistencia financiera a las provincias para que la red pública de prestadores atienda a personas con discapacidad. En la práctica, es el Estado nacional el que paga a clínicas, centros, transportistas y profesionales.
- SENADIS: Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que administra el programa Incluir Salud.
- Ley 24.901: regula el sistema de prestaciones básicas y obliga al Estado a garantizar la atención de aproximadamente 250.000 personas con discapacidad.
- Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad): establece la actualización y cancelación de deudas con los prestadores de salud y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Decreto 84/2026: norma que reglamenta la Ley 27.793, oficializada por el Gobierno nacional.
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