El 4 de enero de 2024, trabajadores de ARSAT llegaron a un depósito de San Fernando y encontraron los contenedores forzados: faltaban cables de cobre y equipos de la Red Federal de Fibra Óptica, la red pública que lleva internet a los pueblos del interior. Esa denuncia por robo terminó destapando una presunta red de coimas. Este 1 de octubre, la Cámara Federal de San Martín confirmó que la empresa privada acusada no puede vender sus bienes mientras avanza la causa.
El 1 de octubre de 2026, los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, confirmaron una restricción sobre los bienes de Argentina Logistic Services (ALS). Es la empresa que alquilaba a ARSAT un depósito en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, y le hacía fletes, transporte y servicio de grúas.
La medida impide que ALS venda o transfiera su flota de vehículos durante la investigación. La empresa puede seguir usándolos para trabajar. La causa está a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
Un día antes, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), habían pedido procesar a ocho personas. Entre ellas está Facundo Leal, exgerente general de ARSAT, a quien acusan de cohecho pasivo, es decir, de haber recibido sobornos, y de administración fraudulenta.
**Qué dice la acusación**
Según el dictamen fiscal, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024 funcionó un «acuerdo venal» entre directivos de ARSAT y los dueños de ALS. La empresa estatal le pagó a ALS casi 1,7 millones de dólares y más de 32 millones de pesos a través de 12 contratos.
Los fiscales citan mensajes entre los empresarios. En uno, de diciembre de 2020, se lee: «Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos». En otro, de mayo de 2022, el presidente de ALS escribe: «El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo». Gerardo Boschin era subgerente de Compras de ARSAT y también está imputado.
Ninguna de estas personas tiene condena. El pedido de procesamiento es un paso de la investigación, no una sentencia.
**De un robo a una causa por corrupción**
El caso no empezó por una denuncia de coimas, sino por el robo en el depósito de San Fernando. Allí ARSAT guardaba, en contenedores, equipos de la Red Federal de Fibra Óptica. El perjuicio por lo robado o dañado se estimó en unos 151 mil dólares, además de montos en pesos.
Al investigar quién custodiaba ese depósito, la Justicia llegó a los contratos con ALS. En mayo de 2026 allanaron propiedades de Leal: encontraron unos 650 mil dólares en su departamento de Palermo y 1,7 millones de dólares en una casa en Mendoza. En total, cerca de 2,4 millones de dólares en efectivo. Leal está con prisión domiciliaria en otra causa, por tenencia de drogas.
Leal pasó por la conducción de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández y siguió vinculado a la empresa con la gestión de Javier Milei. La causa abarca hechos ocurridos durante los dos gobiernos.
**La cifra puesta en perspectiva**
En julio de este año, el Ministerio de Economía aprobó el presupuesto 2026 de ARSAT con la Resolución 888/2026. Ahí se prevén gastos de capital (obras, equipos e infraestructura) por unos 30.600 millones de pesos, alrededor de 20 millones de dólares.
Es decir, el dinero en efectivo encontrado en las casas de un solo exdirectivo equivale a más de una décima parte de todo lo que la empresa estatal planea invertir este año en fibra óptica, centros de datos y satélites.
Hay otra comparación posible. En septiembre, ccomusoc informó que el Gobierno firmó un contrato de casi 12 millones de dólares con Starlink para conectar 6.000 escuelas rurales, mientras ARSAT quedaba al margen. Los dólares encontrados en las casas de Leal equivalen a una quinta parte de ese contrato.
**Por qué importa esta red**
La Red Federal de Fibra Óptica es una red pública de más de 30.000 kilómetros. Lleva internet mayorista a cooperativas y pequeños proveedores de localidades donde las grandes empresas no invierten porque no les resulta negocio. Cada equipo robado y cada peso desviado se pierde en la infraestructura que conecta a esos pueblos.
El caso llega en un momento delicado para la empresa estatal. Mientras la Justicia investiga a sus exdirectivos, el Gobierno contrata a una empresa extranjera para tareas que ARSAT podría cumplir con su propia red.
**Lo que viene**
Ahora el juez Mirabelli debe decidir si procesa a los ocho acusados, como pidieron los fiscales. Además sigue abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito para determinar de dónde salieron los 2,4 millones de dólares encontrados.
Si hay procesamiento, la causa puede avanzar hacia un juicio oral. Recién ahí se definiría si hubo delito y quiénes son responsables.
Glosario
- ARSAT: Empresa del Estado argentino que maneja satélites de comunicación, centros de datos y la Red Federal de Fibra Óptica.
- Red Federal de Fibra Óptica: Red pública de cables que transportan internet a distintas zonas del país, sobre todo a pueblos y ciudades del interior.
- Cohecho: Delito de dar (cohecho activo) o recibir (cohecho pasivo) un soborno a cambio de un favor desde un cargo público.
- Administración fraudulenta: Delito en el que quien maneja bienes ajenos, por ejemplo los de una empresa del Estado, los usa en perjuicio de su dueño.
- Procesamiento: Decisión de un juez que indica que hay pruebas suficientes para seguir avanzando contra una persona acusada. No es una condena.
- Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA): Oficina del Ministerio Público Fiscal que investiga la corrupción dentro del Estado.
- Gastos de capital: Dinero que se destina a obras, equipos e infraestructura que duran años, y no a gastos del día a día.
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