La Ciudad desalojó un conventillo de La Boca por «peligro de derrumbe», con un fallo judicial que exige vivienda para las familias todavía en discusión

Durante 12 años, el conventillo de Necochea 1245 fue la casa de un grupo de personas en La Boca, frente al Riachuelo y al puente Nicolás Avellaneda. Desde este martes está vacío. El Gobierno porteño lo desalojó porque, según sus inspectores, podía derrumbarse. Lo presentó como la sexta propiedad «usurpada» que recupera sobre la calle Necochea. No informó cuántas personas vivían ahí ni a dónde fueron.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó el martes 23 de septiembre el conventillo de la calle Necochea 1245, en el barrio de La Boca. Participaron la Policía de la Ciudad e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que según el Gobierno porteño comprobaron un «peligro inminente de derrumbe».

También intervinieron la Guardia de Auxilio, el servicio de Emergencias, la Red de Cuidados y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que haya intervenido ese Consejo indica que en el edificio vivían chicos. Pero la información oficial no dice cuántas familias había ni qué solución de vivienda recibieron.

Para el Gobierno, el operativo es parte de un plan para «recuperar» la calle Necochea que empezó a mediados de 2024. Además de los desalojos, el plan incluye veredas niveladas, luces LED, árboles, bancos y un nuevo sistema de desagües. Uno de los inmuebles recuperados va a ser un centro cultural.

«Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas», dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según datos oficiales, la Ciudad recuperó 62 propiedades en La Boca y más de 970 en toda la Ciudad desde diciembre de 2023.

**Un fallo que pide vivienda antes del desalojo**

El operativo se hizo mientras sigue vigente un conflicto judicial por este tipo de desalojos.

El 16 de junio, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 dictó una medida cautelar. Esa medida le ordenó al Gobierno porteño que deje de desalojar viviendas por razones de seguridad edilicia sin cumplir antes algunos requisitos mínimos. Los principales son dos. Si el Estado saca a una familia de su casa, tiene que darle una respuesta habitacional «inmediata, transitoria y adecuada» para ese grupo familiar. Y en las intervenciones urgentes tiene que avisarle a la Justicia.

La presentación la hicieron las legisladoras y los legisladores Victoria Freire y Alejandro «Pitu» Salvatierra, junto con familias desalojadas y el Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI). Sostuvieron que entre septiembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026 el Gobierno porteño sacó de hoteles familiares, pensiones y conventillos a más de 1.200 personas sin orden judicial. Según la denuncia, una de cada tres era un chico o una chica. Además, el 56% de los desalojos de 2026 usó el argumento del «peligro de derrumbe».

Según publicaciones de fines de julio, el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo ante la Cámara. Las fuentes consultadas no dicen si en el caso de Necochea 1245 se avisó al juzgado ni si las familias recibieron una vivienda transitoria.

**No es el primer caso en la misma calle**

En agosto de 2024, en la esquina de Pedro de Mendoza y Necochea, a pocos metros de este conventillo, la Ciudad desalojó por decreto a alrededor de veinte familias. Según medios barriales, algunas vivían ahí desde hacía más de treinta años. En ese caso también se habló de riesgo de derrumbe. Las familias contrataron a un arquitecto por su cuenta, que dijo que ese peligro no existía. Según esas mismas publicaciones, el Gobierno pensaba usar el edificio para una galería de arte.

A principios de este año también fueron desalojadas siete familias del conventillo de Melo 580, en La Boca, con el mismo argumento. Según la revista Cítrica, el subsidio habitacional que reciben las familias desalojadas no llega a cubrir ni el 25% del alquiler de una pieza de hotel.

**Un barrio de conventillos**

La Boca es uno de los barrios con más conventillos de la Ciudad. Un relevamiento del Gobierno nacional, citado por el medio Sección Ciudad, contó unos 400. En más de la mitad las familias viven hacinadas. El 63% alquila, pero solo un tercio tiene algún tipo de contrato.

Los conventillos no son solo un problema legal. En enero de este año, un incendio en una vivienda de tres pisos del barrio dejó una persona muerta. Por eso, el deterioro de los edificios es un riesgo real. La discusión es qué hace el Estado con quienes viven adentro cuando decide cerrarlos.

«Estos operativos tienen que ser transparentes, con personal capacitado y con planes que garanticen el derecho a la vivienda», reclamó a comienzos de año Freire, legisladora de Unión por la Patria. Vecinas y vecinos agrupados en «La Boca Resiste y Propone» vienen denunciando que la renovación del barrio empuja a las familias pobres hacia afuera.

Este desalojo se suma a otra realidad que ccomusoc ya contó en agosto: uno de cada dos casos de violencia contra personas en situación de calle en el país ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando un desalojo termina sin una vivienda de reemplazo, la calle es uno de los destinos posibles.

Mientras tanto, en Necochea las obras avanzan. Lo que queda por saber, y lo que la Justicia tiene que resolver, es si las familias que se van del barrio tienen asegurado un lugar donde vivir.

Glosario

  • Conventillo: casa antigua con muchas habitaciones donde viven varias familias, que comparten baño, cocina y patio. Es muy común en La Boca desde la llegada de inmigrantes a fines del siglo XIX.
  • Desalojo administrativo: desalojo que ordena el propio Gobierno, por ejemplo por riesgo de derrumbe, sin un juicio previo donde las familias puedan defenderse.
  • Medida cautelar: decisión rápida de un juez o jueza para proteger un derecho mientras se resuelve el juicio de fondo.
  • Usurpación: ocupar un inmueble sin permiso de su dueño. Es la palabra que usa el Gobierno porteño para estos casos.
  • Agencia Gubernamental de Control (AGC): organismo de la Ciudad que inspecciona edificios, comercios y obras para controlar que sean seguros.
  • Subsidio habitacional: ayuda en dinero que da el Estado para pagar un lugar donde vivir durante un tiempo.

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