Un adolescente de 14 años, acusado de un intento de robo en la Ciudad, quedó sobreseído después de que una jueza declarara inconstitucional la nueva ley que permite juzgarlo como si fuera mayor de edad penal. El jefe de Gobierno porteño respondió anunciando que pedirá su destitución.
El caso empezó con un hecho puntual: un chico de 14 años fue acusado de participar en la tentativa de un robo en la Ciudad de Buenos Aires. Por la nueva ley penal juvenil, podría haber sido juzgado y condenado como un adulto. Pero la jueza que tuvo el expediente en sus manos decidió otra cosa.
Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad, firmó el lunes 21 de septiembre una resolución que declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 —la que bajó la edad de imputabilidad— y sobreseyó al menor. El fallo aplica solo a ese caso puntual, no a toda la Ciudad.
La noticia se conoció el 21 de septiembre y tuvo respuesta política inmediata: este martes 22 de septiembre, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en sus redes sociales que pedirá el juicio político contra la magistrada. «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», escribió.
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso a fines de febrero de 2026, publicada el 9 de marzo y entró en vigencia recién el 5 de septiembre. Bajó de 16 a 14 años la edad mínima a partir de la cual un chico o una chica puede ser perseguido penalmente, con penas de hasta 15 años de prisión si se prueba su responsabilidad. Antes de la ley, un adolescente de 14 o 15 años acusado de un delito no podía ser juzgado penalmente: el Estado intervenía a través del sistema de protección integral de derechos, sin proceso penal ni condena.
El de De Marinis no es el primer freno judicial a esta ley. Es, según coinciden varios medios que siguen el tema, el segundo fallo que declara inconstitucional el nuevo régimen desde que empezó a regir hace apenas 17 días, lo que muestra que la discusión judicial recién empieza y que el debate no se resuelve con una sola sentencia.
En los fundamentos de su fallo, la jueza citó las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le hizo a la Argentina en 2018 y en 2024, pidiendo mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. También se apoyó en estudios de neurociencia que muestran que la corteza cerebral —la parte del cerebro que permite medir consecuencias y planificar— todavía está en desarrollo durante la adolescencia. Para De Marinis, aplicarle a un chico de 14 años una ley penal más dura que la que regía antes es un retroceso en derechos ya reconocidos.
En la Ciudad de Buenos Aires, un juicio político a una jueza no lo decide el jefe de Gobierno: el trámite pasa primero por el Consejo de la Magistratura porteño, que puede abrir un proceso de remoción y, si avanza, acusar a la magistrada ante el Jurado de Enjuiciamiento, que es quien finalmente resuelve si la jueza sigue o no en su cargo. El anuncio de Macri es, por ahora, una manifestación política: todavía debe formalizarse ante ese organismo.
El caso vuelve a poner en el centro una tensión que ya venía de antes: la de un Poder Ejecutivo que impulsa mano dura contra los delitos cometidos por menores, frente a jueces y juezas que aplican tratados internacionales de derechos humanos para frenar esa política. Es un conflicto que, según lo que muestran los propios antecedentes de este año, probablemente vuelva a repetirse con otros casos similares mientras la ley siga vigente.
Glosario
- Imputabilidad: la capacidad legal que tiene una persona para ser juzgada y responsabilizada penalmente por un delito.
- Inconstitucional: que contradice la Constitución Nacional o los tratados de derechos humanos que tienen el mismo rango, por lo que un juez puede decidir no aplicarlo.
- Sobreseimiento: la decisión judicial que cierra una causa penal y libera de responsabilidad a la persona acusada.
- Juicio político: el proceso por el cual se puede destituir a un funcionario, en este caso una jueza, por mal desempeño en su cargo.
- Consejo de la Magistratura (CABA): el organismo que administra el Poder Judicial porteño y decide si abre o no un proceso de remoción contra un juez o jueza.
- Jurado de Enjuiciamiento: el tribunal que, en la Ciudad de Buenos Aires, resuelve en última instancia si un juez o jueza acusado es removido de su cargo.
CCOMUSOC se sostiene con el aporte de quienes nos leen. Si te sirve, podés colaborar con un aporte mensual y acceder a contenido exclusivo y a la revista completa.