En abril, un grupo de legisladores porteños presentó un proyecto de cámaras corporales después de detectar incumplimientos en los protocolos de uso de la fuerza policial. Cinco meses después, ese reclamo sumó un aliado inesperado: Horacio Rodríguez Larreta presentó su propio proyecto con el mismo objetivo, y ahora peronismo y larretismo presionan juntos a Jorge Macri para que la Policía de la Ciudad use cámaras en los chalecos de forma obligatoria.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene sobre la mesa, desde este miércoles 17 de septiembre de 2026, dos proyectos de ley que apuntan al mismo objetivo por caminos distintos: que los agentes de la Policía de la Ciudad usen cámaras corporales en sus chalecos durante los procedimientos. Uno lo impulsa el bloque de Horacio Rodríguez Larreta (Confianza y Desarrollo), junto con Emmanuel Ferrario, Guadalupe Tagliaferri, Graciela Ocaña, Sebastián Nagata y Edgardo Alifraco. El otro lo presentaron en abril Claudia Neira y Federico Mochi, del bloque peronista Fuerza Buenos Aires. La coincidencia entre dos espacios que compiten por el mismo electorado pone presión sobre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que la Ciudad regule un uso que hoy es parcial y no tiene marco legal.
El proyecto original, el de Neira y Mochi, nació en abril de 2026 como respuesta a «eventos donde se observó el incumplimiento de los protocolos de uso progresivo de la fuerza» por parte de agentes porteños, según explicó entonces Neira. La idea era —y sigue siendo— que las cámaras generen «registros objetivos de las interacciones entre agentes y ciudadanía», con un despliegue progresivo que priorice primero los barrios populares, las manifestaciones y los eventos masivos, es decir, los contextos de mayor conflictividad.
Los dos proyectos comparten puntos centrales: ambos prohíben expresamente que las cámaras se usen para identificación biométrica o reconocimiento facial, y ambos prevén que la grabación se active de forma manual pero que el dispositivo guarde automáticamente los segundos previos a ese click, para no perder contexto. Ahí terminan las coincidencias técnicas. El proyecto de Larreta propone conservar las grabaciones 60 días —tres años si hubo uso de la fuerza— y que el control quede en el Ministerio de Seguridad porteño. El de Neira y Mochi extiende la conservación a un mínimo de seis meses —cinco años si interviene la Justicia— y propone un centro de control descentralizado, además de una función que activa por proximidad las cámaras de otros agentes cercanos apenas uno de ellos empieza a grabar.
La discusión llega en un momento en el que la Ciudad ya invirtió fuerte en videovigilancia fija: el Gobierno porteño completó en los últimos años una red de más de 15.000 cámaras de seguridad en la vía pública, con una cobertura que ronda el 75% del territorio porteño. Pero esa infraestructura mira la calle, no documenta lo que hace un policía en un procedimiento puntual. Hoy la Policía de la Ciudad ya usa algunos dispositivos de cámaras corporales, pero sin una regulación específica que establezca cuándo se activan, cuánto tiempo se guarda el material o quién puede acceder a él.
Ninguno de los dos proyectos tiene todavía media sanción. Para avanzar, ambos deberán pasar por la comisión de Seguridad de la Legislatura, donde ningún bloque tiene mayoría propia y necesitarán sumar votos del PRO, el espacio de Jorge Macri, que hasta el momento no fijó una posición pública sobre ninguna de las dos iniciativas.
Glosario
- Cámara corporal: cámara pequeña que se coloca en el uniforme o el chaleco de un agente de seguridad para grabar lo que ocurre durante un procedimiento.
- Uso progresivo de la fuerza: protocolo que establece que un policía debe aplicar primero las medidas menos violentas posibles antes de llegar a una más grave, según cómo reaccione la persona.
- Identificación biométrica: tecnología que reconoce a una persona por rasgos físicos únicos, como la cara o las huellas digitales.
- Media sanción: aprobación de un proyecto de ley en una sola de las dos instancias necesarias para convertirse en ley (por ejemplo, un primer debate en el recinto), que todavía no lo transforma en norma vigente.
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