En La Banda, Santiago del Estero, el Club Besares consiguió sus primeras bicicletas adaptadas gracias a la donación de una fundación. Ese tipo de ayuda puntual es, hoy, la principal vía de financiamiento del deporte adaptado en los clubes argentinos. Un proyecto presentado este fin de semana en Diputados busca convertir esa excepción en regla.
Cuando el Club Besares de básquet, en La Banda, Santiago del Estero, decidió sumar ciclismo adaptado a su oferta, no lo hizo con presupuesto propio. Las bicicletas llegaron por una donación de la Fundación Superadaptados. Es una historia con final feliz, pero también un retrato de cómo funciona hoy el financiamiento del deporte adaptado en la Argentina: depende de que aparezca una fundación, una campaña solidaria o una donación puntual, no de una fuente de ingresos estable.
Ese es exactamente el problema que un grupo de diputados nacionales dice querer resolver. Este sábado 13 de septiembre, el diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) presentó en la Cámara de Diputados, junto a otros 18 legisladores, el expediente 3360-D-2026, que crea el «Sistema de Promoción y Financiamiento del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico».
El proyecto obliga a las grandes empresas —y en particular a las vinculadas al sector deportivo— a destinar como mínimo el 20% de sus presupuestos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) a financiar proyectos, equipamiento, infraestructura accesible, becas y capacitaciones en clubes y entidades de deporte adaptado. «Promover el deporte adaptado es promover derechos. Queremos más clubes participando, más deportistas desarrollándose y más posibilidades de alto rendimiento», declaró Castagneto al presentarlo.
Según el INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, de acuerdo con el último Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. Es la base sobre la que el proyecto justifica la necesidad de un sistema de financiamiento permanente, y no de gestos aislados.
Para acceder a los fondos, los clubes y entidades deportivas deberán acreditar al menos dos años de actividad continua, participación activa de personas con discapacidad y contar con instalaciones propias o cedidas. El texto aclara que el Estado no va a intermediar en el reparto del dinero: los acuerdos se firman directamente entre empresas y clubes, y la Subsecretaría de Deportes de la Nación actúa solo como autoridad de control, sin que esto implique gasto público adicional.
No es la primera vez este mes que el Congreso discute cómo sostener económicamente al deporte de base. El 19 de agosto, otro proyecto había propuesto crear la «Tarjeta Club», un aporte mensual para clubes de barrio financiado con un impuesto a las apuestas online. Se trata de una lógica distinta: aquella iniciativa apunta a clubes de barrio en general y depende de un nuevo tributo estatal; la de Castagneto apunta puntualmente al deporte adaptado y no toca las arcas públicas, sino los presupuestos de RSE que las empresas ya destinan por ley o por decisión propia. Ambos proyectos comparten el diagnóstico de fondo: los clubes de base, adaptados o no, llegan a fin de mes con dificultad y necesitan una fuente de ingresos que no dependa de la buena voluntad de turno.
El expediente recién ingresó a la Cámara y todavía debe pasar por las comisiones correspondientes antes de llegar a un dictamen y, eventualmente, a una votación en el recinto. Como ocurre con la mayoría de los proyectos legislativos, no tiene plazo fijado para su tratamiento.
Glosario
- RSE (Responsabilidad Social Empresaria): son las acciones y aportes que una empresa destina de manera voluntaria u obligatoria a causas sociales, por fuera de su actividad comercial habitual.
- Expediente legislativo: es el número con el que se identifica un proyecto de ley desde que se presenta en el Congreso, y que permite seguir su recorrido hasta que se aprueba, se rechaza o pierde estado parlamentario.
- Deporte adaptado: es la práctica deportiva modificada en sus reglas, elementos o infraestructura para que puedan participar personas con discapacidad.
- Dictamen: es el informe que elabora una comisión del Congreso sobre un proyecto de ley, y que se necesita para que ese proyecto pueda discutirse en el recinto.
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