En la recepción de un hospital público porteño, antes de darte un turno ahora te preguntan de dónde sos y si tenés residencia en el país. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reveló que esa población representa menos del 1% de la atención hospitalaria, justo cuando el cobro a extranjeros sin residencia se extendió esta semana a todos los hospitales del país.
Desde el martes 11 de agosto, cualquier hospital administrado por el Estado nacional en la Argentina debe cobrarle la atención no urgente a una persona extranjera que no tenga residencia permanente en el país. Lo estableció la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, firmada por el ministro Mario Lugones y publicada en el Boletín Oficial.
La norma reglamenta un cambio que ya venía de antes: el Decreto 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones. A partir de ahora, si la persona tiene un seguro de salud, el hospital le factura a la aseguradora; si no lo tiene, debe pagar antes de ser atendida. La única excepción es la emergencia: ningún hospital puede negar, restringir o demorar la atención cuando hay riesgo cierto para la vida, un órgano o una función del cuerpo, sin importar la situación migratoria de la persona.
En ese contexto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló este miércoles por Radio La Red y dio un dato que pocos manejaban: antes de que la Ciudad empezara a cobrarles a los extranjeros no residentes, esa población representaba menos del 1% de toda la atención en los hospitales públicos porteños. Después de que arrancó el cobro, esa proporción «ridículamente pequeña», en sus palabras, bajó todavía más. Quirós aclaró además que la mayoría de las personas con acento extranjero que se atienden en los hospitales de la Ciudad tienen residencia permanente y DNI argentino, así que acceden a la salud en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
La Ciudad no llegó sola a esta política: fue una de las pioneras. El cobro a extranjeros no residentes empezó a aplicarse en Buenos Aires el 14 de marzo de 2025, por una iniciativa de la legisladora porteña Pilar Ramírez, después de que Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz ya lo hicieran durante 2024. Lo que cambió esta semana es que la medida dejó de depender de cada provincia y se volvió una regla única para todos los hospitales nacionales del país.
El patrón que Quirós describió en la Ciudad ya se había documentado en otras provincias. Según relevó Chequeado, en Salta, Jujuy y Mendoza se registró una fuerte reducción en la cantidad de consultas de personas extranjeras después de que empezara a cobrarse la atención, la misma tendencia que ahora confirma el ministerio porteño.
No todas las lecturas del dato son iguales. Para el Gobierno, la baja demuestra que la medida cumple su objetivo: ordenar el uso de un sistema pensado para residentes. Para otros actores, la misma cifra —una población que ya representaba menos del 1%— muestra que el problema que se buscaba resolver era, desde el inicio, marginal. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) calificó la resolución nacional como una medida que «viola los principios de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU y profundiza una política xenófoba», en palabras de su presidenta, María Fernanda Boriotti, quien sostuvo que cobrar en el momento de la admisión «siempre se convierte en una barrera para la atención efectiva». Organizaciones como la Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados (CAREF) también vienen señalando que este tipo de políticas pueden chocar con derechos básicos de las personas migrantes.
En paralelo, el Gobierno porteño informó este año que parte de lo recaudado por atención a extranjeros, obras sociales y prepagas se destinó a financiar más de 150 obras de infraestructura hospitalaria en la Ciudad. Argentina es un país construido, en gran parte, por migrantes que llegaron buscando trabajo o escapando de guerras y crisis. Ese dato histórico no decide si la política actual es correcta o no, pero sí es el marco en el que las cifras de Quirós y las advertencias de Fesprosa y CAREF están hoy en discusión.
Glosario
- Residencia permanente: Es el trámite migratorio que le permite a una persona extranjera vivir en la Argentina de forma estable y acceder a los mismos derechos que un ciudadano argentino, incluida la salud pública gratuita.
- DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia): Una norma que firma el Poder Ejecutivo sin pasar primero por el Congreso, y que tiene fuerza de ley mientras el Congreso no la rechace.
- Boletín Oficial: Es el medio donde el Estado publica de forma oficial las leyes, decretos y resoluciones para que empiecen a tener validez legal.
- Xenofobia: El rechazo o la discriminación hacia las personas extranjeras solo por ser de otro país.