Todas las mañanas, en barrios como Parque Patricios, Barracas o Retiro, cuadrillas de recicladores recorren la Ciudad separando cartón, papel y plástico. Ese trabajo, que nació con la crisis de 2001 y hoy sostiene a unas 7.000 personas organizadas en doce cooperativas, quedó esta semana en el centro de una disputa con el Gobierno porteño por una nueva licitación de residuos reciclables.
Las cooperativas de reciclado urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunciaron, en declaraciones publicadas el 4 y el 10 de agosto, que la nueva licitación pública de residuos secos reciclables pone en riesgo la continuidad del sistema que manejan desde hace más de dos décadas. El pliego técnico, aprobado por la Secretaría de Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri a través de la Resolución 53/SECH/26, divide a la Ciudad en seis zonas y habilita a empresas privadas a competir por la recolección, el traslado y el procesamiento de los materiales reciclables, con control satelital de toda la flota de camiones.
Hace más de veinte años, cuando la Argentina se hundía en la crisis de 2001, miles de personas empezaron a juntar cartón y papel en las calles de Buenos Aires para poder comer. Con el tiempo, ese trabajo se organizó en cooperativas, con carros, galpones y acuerdos con el Estado porteño. Esta semana, doce de esas cooperativas salieron a decir que todo eso puede desarmarse.
El sistema que hoy está en discusión no es menor: según las propias cooperativas, una sola de ellas recupera cerca de 1.200 toneladas de material por mes, y en conjunto agrupan a 7.000 trabajadores y trabajadoras. Buenos Aires llegó a ser, gracias a ese trabajo, una referencia regional en gestión de residuos urbanos.
La situación porteña no es un caso aislado. En La Plata, un cambio de modelo en el sistema de reciclado impulsado por el municipio dejó sin trabajo a más de 400 familias de recicladores y generó un conflicto social que todavía se discute en la Justicia y en la calle. Las cooperativas de Buenos Aires citan ese antecedente como una señal de alerta sobre lo que puede pasar si se avanza sin ellas.
El Gobierno porteño presenta la licitación como una modernización: incorpora geolocalización, telemetría y un tope de descarte del 20% en las plantas de tratamiento. Pero las cooperativas sostienen que el problema de fondo no es la tecnología, sino que el propio Gobierno ya había reducido antes los fondos destinados al transporte y al financiamiento de su trabajo, y que ahora avanza con una licitación sin abrir una discusión real con quienes sostienen el sistema hace veinte años. «La incorporación de tecnología puede mejorar el sistema, pero no puede reemplazar el trabajo humano ni la organización comunitaria que lo sostiene», señalaron desde las cooperativas.
El reclamo tiene, además, una dimensión de género poco visible. Según datos de la Federación Argentina de Cartoneros y Carreros, hasta un 65% de las personas que se dedican a la recolección informal en el país son mujeres, un porcentaje mayor al promedio regional. En la Ciudad, cinco de las doce cooperativas ya cuentan con equipos de promoción ambiental integrados por 72 mujeres que antes trabajaban en la calle separando residuos y hoy dan charlas y capacitan a los vecinos sobre cómo reciclar.
La incertidumbre ya se siente puertas afuera de las cooperativas. La titular de la Cooperativa El Álamo señaló que los nuevos pliegos generan confusión entre comerciantes, empresas y vecinos, que no saben con claridad adónde llevar sus materiales reciclables mientras se define el nuevo esquema. Las organizaciones también advierten que el cambio de modelo podría derivar en el cierre de Puntos Verdes en distintos barrios.
Por ahora, el proceso sigue en instancia de consulta pública, un paso obligatorio antes de que la licitación se adjudique de manera definitiva. En ese marco, referentes sindicales como Alejandro Gianni, de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA-T), pidieron que la discusión incluya a las cooperativas y no las deje afuera del sistema que ayudaron a construir.
Glosario
- Cooperativa de recicladores urbanos: grupo de trabajadores organizados que juntan y separan materiales reciclables en la calle, sin patrón, y reparten las ganancias entre sus integrantes.
- Licitación pública: proceso por el cual el Estado invita a empresas u organizaciones a presentar ofertas para prestar un servicio, y elige la que mejor cumple con las condiciones pedidas.
- Pliego técnico: documento oficial que fija las reglas, obligaciones y condiciones que debe cumplir quien gane una licitación.
- Punto Verde: lugar público donde los vecinos pueden llevar materiales reciclables para que se procesen correctamente.
- Consulta pública: instancia previa a una decisión oficial en la que cualquier persona u organización puede presentar objeciones o sugerencias antes de que se apruebe definitivamente.
- Telemetría: tecnología que permite seguir a distancia, en tiempo real, la ubicación y el recorrido de un vehículo, en este caso los camiones recolectores.