Este miércoles, en las aulas de la UBA conviven la clase normal y el aula vacía: algunos docentes dictan clase y otros se suman al paro nacional universitario. La universidad más grande del país decidió no cerrar sus puertas y dejó la adhesión a la medida de fuerza en manos de cada docente y trabajador no docente.
Los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas paran este 12 de agosto en todo el país. La Universidad de Buenos Aires anunció que no cerrará sus puertas y dejó en manos de cada trabajador la decisión de sumarse. El conflicto de fondo sigue siendo el mismo: una ley de financiamiento que el Gobierno no aplica del todo y una brecha salarial que los gremios calculan en más del 28%.
Este miércoles, en las facultades de la UBA, la escena es mixta: algunos docentes dictan clase con normalidad y otros se suman al paro nacional universitario. Esa convivencia no es casual: el propio vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, lo anticipó un día antes al confirmar que «la Universidad va a estar abierta», aunque aclaró que la adhesión a la medida de fuerza «va a depender de cada profesor y trabajador no docente» en forma individual.
El paro de 24 horas fue convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a FEDUN, FATUN, FAGDUT, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y a los gremios propios de la UBA, ADUBA y APUBA, entre otros. Afecta a las universidades públicas de todo el país, aunque la sede porteña de la UBA —la universidad más grande de Argentina— concentra buena parte de la atención por su peso institucional y su ubicación en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta nota actualiza una cobertura previa de CCOMUSOC: el 7 de agosto ya habíamos contado que las universidades anunciaban este paro y sumaban a su reclamo la crisis de los hospitales universitarios. Lo nuevo hoy es que la medida se concretó, que la UBA definió una postura institucional propia —mantener las puertas abiertas— y que se conocieron cifras concretas sobre la brecha salarial que sostiene el conflicto.
Los gremios reclaman tres cosas puntuales: la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada hace casi 300 días; el cumplimiento de la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema, que ordena actualizar salarios y becas a valores de noviembre de 2023; y fondos para los hospitales universitarios, que según los gremios ya afectan la atención sanitaria y la investigación.
Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), planteó que el aumento del 21,33% otorgado en junio «no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben». Los gremios universitarios calculan que la brecha salarial acumulada ronda el 28,5%, y reclaman el pago retroactivo desde octubre de 2025.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, calificó el paro de «ilegítimo» y «político», y sostuvo que ya transfirió más de $666.823 millones en gastos de personal e incrementos salariales, a los que sumó otros $448.544 millones adicionales. El organismo argumenta que un acuerdo paritario firmado el 10 de junio fijó subas acumuladas del 24,33% entre junio y octubre.
Este cruce de cifras —lo que el Gobierno dice haber pagado y lo que los gremios dicen que todavía falta— viene repitiéndose desde julio, cuando el Ejecutivo destinó $1,32 billones adicionales a las universidades para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, sin que eso alcanzara para cerrar el reclamo salarial ni las medidas de fuerza.
El conflicto no se agota hoy. El 19 de agosto, cuando se cumplan 300 días de la sanción de la ley de financiamiento, los gremios prevén «abrazos simbólicos» a sedes universitarias de todo el país y una marcha en la Ciudad de Buenos Aires hacia el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Capital Humano. Conadu Histórica ya convocó un paro nacional del 18 al 22 de agosto, y para el 27 y 28 de agosto está anunciado un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo. Antes de esa fecha, el Gobierno convocó a una nueva mesa paritaria para el 1° de septiembre.
Glosario
- Medida cautelar: una orden judicial que se dicta antes de la sentencia final de un juicio, para proteger un derecho mientras dura el proceso. En este caso, ordena actualizar los salarios universitarios.
- Ley de Financiamiento Universitario: una ley que establece cuánto dinero del presupuesto nacional debe destinarse a las universidades públicas, incluyendo salarios, becas y funcionamiento.
- Paritaria: la negociación entre sindicatos y empleadores (en este caso, el Estado) para acordar salarios y condiciones de trabajo.
- Brecha salarial: la diferencia entre lo que un trabajador cobra hoy y lo que debería cobrar si su sueldo hubiera mantenido el mismo poder de compra que tenía en un momento anterior.