En muchos clubes de barrio, los chicos entrenan, hacen la tarea o van a la colonia de vacaciones en una cancha o un salón que, en los papeles, no es de nadie: son terrenos ocupados desde hace décadas, sin escritura. Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca que esas instituciones puedan convertirse, por fin, en dueñas legales de sus propias sedes.
El diputado nacional Agustín Rossi, junto con otros legisladores del bloque Unión por la Patria, presentó el jueves 30 de julio en el Congreso de la Nación un proyecto para crear un Régimen de Regularización Dominial de Clubes de Barrio. La iniciativa ya empezó su recorrido por las comisiones de la Cámara de Diputados.
El objetivo es simple de explicar aunque no de resolver: hay clubes que funcionan hace 40, 50 o 60 años en el mismo terreno, con actividad ininterrumpida, pero nunca pudieron escriturarlo. El proyecto establece que esas instituciones podrán acceder a la titularidad del inmueble si demuestran una «posesión pública, pacífica, continua y con destino comunitario», es decir, si prueban que usan ese espacio desde hace mucho tiempo, a la vista de todos y sin conflicto, para actividades sociales o deportivas.
«Los clubes de barrio son espacios de encuentro, contención e inclusión, donde miles de chicos y chicas crecen aprendiendo valores y construyendo vínculos», afirmó Rossi al presentar la iniciativa. «Fortalecer a los clubes también es fortalecer a nuestras comunidades», agregó.
No tener el título de propiedad no es un detalle burocrático menor. Según explicaron los impulsores del proyecto, esa falta de seguridad jurídica les impide a los clubes acceder a créditos para mejorar sus instalaciones, complica cualquier obra de infraestructura y en varios casos derivó en conflictos judiciales por la tenencia del predio.
Esta no es la primera vez que el Estado intenta ordenar la situación de los clubes de barrio. En 2015 entró en vigencia la Ley 27.098, que creó el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo y les dio acceso a tarifa social de servicios públicos y apoyo económico para infraestructura. Esa ley reconoció y protegió a los clubes como entidades de bien público, pero no resolvió el problema específico de la propiedad de la tierra: un club puede estar inscripto en ese registro y, aun así, no ser dueño del terreno donde funciona. El proyecto de Rossi apunta justamente a esa parte que quedó pendiente.
El problema tampoco es exclusivo del ámbito nacional. En junio de este año, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador Nicolás Pakgojz (La Libertad Avanza) presentó otra iniciativa distinta pero relacionada: un régimen de «alivio burocrático» para clubes porteños, que contempla condonar deudas y multas por incumplimientos formales y suspender clausuras mientras las instituciones regularizan su situación administrativa. No se trata del mismo problema —ese proyecto no aborda la propiedad de la tierra— pero muestra que la regularización de los clubes de barrio es una preocupación que atraviesa a distintos espacios políticos y distintos niveles de gobierno.
Quienes impulsan el proyecto también señalan el contexto económico en el que operan estas instituciones: la inflación y el aumento de costos de insumos deportivos y de energía presionan sobre presupuestos que, en la mayoría de los clubes, dependen de las cuotas de los socios y del trabajo voluntario.
Más allá del trámite legal, lo que está en juego es el rol social que cumplen estos espacios. Según se detalla en el proyecto, los clubes de barrio no solo ofrecen escuelas deportivas: también dan apoyo escolar, talleres culturales, actividades para personas mayores y colonias de vacaciones. Durante la pandemia, muchos de ellos funcionaron además como centros de asistencia comunitaria, repartiendo alimentos y ayudando a organizar la vacunación en sus barrios.
El proyecto todavía debe ser debatido en comisiones y luego, eventualmente, en el recinto de Diputados y en el Senado. Si se aprueba, miles de clubes de todo el país podrían iniciar el trámite para acceder finalmente al título de propiedad de los terrenos donde llevan adelante, desde hace generaciones, su tarea social.
Glosario
- Régimen de regularización dominial: un conjunto de reglas que permite que alguien que ocupó un terreno durante mucho tiempo, sin ser el dueño legal, pueda finalmente convertirse en su propietario ante la ley.
- Posesión pública, pacífica y continua: usar un terreno a la vista de todos, sin que nadie lo haya disputado y sin interrupciones, durante un tiempo prolongado.
- Personería jurídica: el reconocimiento legal que convierte a una organización (como un club) en una entidad que puede firmar contratos, tener bienes y actuar ante la Justicia.
- Tarifa social: un precio más bajo que el Estado autoriza para servicios como luz o gas, pensado para aliviar a instituciones o personas con menos recursos.
- Comisiones legislativas: grupos de diputados o senadores que estudian un proyecto de ley en detalle antes de que se debata en el recinto completo.