En Entre Ríos, el sistema de salud pública está en una situación crítica. Desde que Rogelio Frigerio asumió como gobernador, en diciembre de 2023, hospitales y centros de salud funcionan con menos recursos, menos personal y más problemas para atender a la gente.
Uno de los hechos más graves es la falta de insulina. Según denunció la exministra de Salud Sonia Velázquez, hace más de 25 días que los hospitales públicos no tienen este medicamento. El Programa Provincial de Diabetes atiende a más de 8.000 pacientes. Sin insulina, muchas personas deben comprarla por su cuenta o interrumpir tratamientos básicos. El gobierno provincial no dio respuestas públicas.
También hay un fuerte conflicto con los trabajadores de la salud. Desde mayo de 2025 realizan paros y protestas por recortes del 20% en horas extras, salarios congelados y contratos que no se renuevan. Esto se traduce en menos enfermeros, médicos que se van y servicios clave con personal insuficiente, como guardias, neonatología y salud mental.
La situación se agravó tras la renuncia del ministro de Salud Guillermo Grieve, en abril de 2024. Su salida estuvo rodeada de denuncias por compras sin licitación y manejo irregular de fondos. No hubo auditorías ni investigaciones judiciales.
Para quienes viven en Buenos Aires, el panorama recuerda a los peores momentos de la pandemia: guardias llenas, faltan medicamentos básicos, ambulancias rotas y centros de salud rurales cerrados.
El presupuesto 2025 recortó en términos reales un 18% el gasto en salud, mientras aumentó el dinero destinado a publicidad oficial. El resultado es claro: menos atención médica y más dificultades para acceder a un derecho básico.
El ajuste no es un dato abstracto: se siente en cada guardia colapsada, en cada paciente que no recibe su medicamento y en cada trabajador que deja el sistema. Lo que hoy ocurre en Entre Ríos expone una realidad que, para el AMBA, funciona como alerta temprana: cuando la salud pública falla en una provincia, el problema no se queda ahí. Muchas personas terminan viajando a la Ciudad de Buenos Aires porque en sus lugares ya no consiguen atención, turnos, medicamentos o tratamientos. Eso satura las guardias, retrasa estudios y hace colapsar hospitales porteños que ya trabajan al límite.
No es culpa de la gente. Nadie viaja cientos de kilómetros por mero gusto para atenderse. Lo hacen porque su sistema de salud está roto. La Ciudad termina cubriendo lo que algunas provincias no garantizan, sin coordinación ni refuerzos entre gobiernos. La responsabilidad es política. Cuando se ajusta la salud, el costo lo pagan las personas, y la crisis se traslada de una provincia a otra hasta explotar en los hospitales de la Ciudad.