El Poder Ejecutivo redujo el presupuesto del Plan Nacional de Alfabetización en más de 35.000 millones de pesos mediante una decisión administrativa. El recorte afecta directamente las transferencias a las provincias y llega en un momento en que más de la mitad de los alumnos de tercer grado no comprende textos simples.
El Gobierno nacional oficializó a través de la Decisión Administrativa 20/2026 un recorte total de 78.768 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación. La mayor reducción recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió 35.288 millones de pesos, con impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución. La medida se conoció en mayo de 2026, días antes de una multitudinaria marcha universitaria en todo el país.
El Plan Nacional de Alfabetización fue creado en 2024 para que todos los estudiantes argentinos pudieran leer, comprender y producir textos. En mayo de ese año, en el marco del Consejo Federal de Educación, se firmó el Compromiso Federal por la Alfabetización, que suscribieron las 24 provincias, asumiendo el compromiso de trabajar de manera articulada para revertir esa realidad. El programa contemplaba formación docente, entrega de materiales y ampliación del tiempo escolar.
Los números del problema son preocupantes. Los resultados de las pruebas «Aprender Alfabetización» en 2024 muestran que un 55% de los estudiantes de tercer grado no logran leer ni comprender textos simples. Además, según el Censo 2022, Argentina es un país «libre de analfabetismo» con solo el 1,9% de personas que no saben leer ni escribir, pero esto no refleja la creciente cantidad de analfabetos funcionales que está produciendo el sistema educativo.
El analfabetismo funcional es una forma de exclusión invisible. El analfabeto funcional es la persona que, aunque sabe leer y escribir frases sencillas, no domina la técnica de la lectoescritura ni tiene conocimientos básicos de matemáticas y aritmética. Para los adultos que no terminaron la escuela primaria, el recorte significa la posible suspensión de los programas que los ayudaban a incorporarse al mundo laboral y social.
Hay causas poco mencionadas detrás de este recorte. La medida no se tomó de forma aislada: se suma a otras acciones ya eliminadas durante la actual gestión, como el programa Conectar Igualdad o el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Además, desde 2023 los recortes nacionales afectaron más a los fondos para educación obligatoria —nivel inicial, primario y secundario— que a los de las universidades. Esto sugiere que el ajuste golpea principalmente a quienes menos herramientas tienen para reclamar: los sectores más vulnerables del sistema educativo.
Especialistas del campo educativo advirtieron sobre el impacto. Cecilia Veleda, de la ONG Argentinos por la Educación, señaló que el ajuste en el Plan de Alfabetización equivale a un porcentaje importante del recorte aplicado a la Secretaría de Educación, cuyos recursos ya eran limitados no solo para lograr mejoras en lengua, sino también en matemática. También alertó que la educación básica «no genera tanta movilización como la superior» , lo que la vuelve más vulnerable a los ajustes.
Argentina tiene una historia larga de planes de alfabetización. Desde la década de 1980, distintos gobiernos implementaron programas para reducir el analfabetismo. Entre 2006 y 2011 se crearon cerca de 50.000 centros en todo el país con la participación de casi 35.000 alfabetizadores. Esos esfuerzos continuados lograron bajar la tasa de analfabetismo del 2,6% en 2001 al 1,9% en 2022. El recorte actual interrumpe esa trayectoria.
Las consecuencias pueden sentirse en el corto plazo. La reducción afecta principalmente las transferencias directas a las provincias destinadas a implementar el programa educativo. Sin esos fondos, las jurisdicciones con menos recursos propios —generalmente las del norte del país— serán las más perjudicadas. Los adultos que participaban de programas de terminalidad educativa podrían quedar sin acompañamiento, retrasando su reinserción laboral y su acceso a derechos básicos como la salud o la vivienda.
Glosario
Analfabetismo funcional: Situación de una persona que aprendió a leer y escribir, pero no comprende bien lo que lee ni puede resolver operaciones básicas. Puede tener título primario y aun así tener dificultades para entender un contrato, una receta médica o un formulario.
Decisión Administrativa: Herramienta legal que usa el Poder Ejecutivo para modificar el presupuesto sin necesidad de aprobación del Congreso. Permite reasignar o reducir fondos ya aprobados.
Transferencias a provincias: Dinero que el Estado nacional envía a cada provincia para que ejecute programas educativos. Si esos fondos se recortan, las provincias deben cubrir el gasto con sus propios presupuestos o reducir el programa.