Todo empezó con el pedido de una mujer que es tutora de su hijo, un joven con discapacidad intelectual. Ella llevó el reclamo a la Justicia Federal de Córdoba junto a otras personas con discapacidad y a quienes las cuidan todos los días. Pedían algo simple: que el Estado pagara lo que debía. Meses después, ese pedido se convirtió en una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación.
La diputada nacional por Córdoba Natalia De la Sota denunció el miércoles 8 de julio a Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, por «desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público». La presentó ante la Justicia Federal de Córdoba, después de que el Gobierno no cumpliera un fallo judicial que ordenaba pagar y regularizar las prestaciones para personas con discapacidad.
El fallo lo dictó el juez federal Hugo Vaca Narvaja. Primero, el 28 de mayo, había dictado una medida cautelar. Después, el 24 de junio, ratificó esa decisión con una sentencia que le dio al Estado un plazo de 72 horas para regularizar los pagos a través de Incluir Salud y PAMI, los organismos que cubren a personas con pensiones no contributivas por discapacidad. Ese plazo venció hace más de una semana y, según la denuncia, el Gobierno no lo cumplió.
Detrás del expediente hay instituciones que todos los días atienden a personas con discapacidad y que dicen no cobrar desde hace meses. Entre ellas están Apadim, el Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría, que reportaron atrasos de pago de más de cinco meses. Esos atrasos ponen en riesgo la continuidad de hogares, centros de día, servicios educativos, terapias de rehabilitación y la provisión de medicamentos.
La deuda no es nueva: viene acumulándose desde fines de 2025. Y el sistema que la Justicia ordenó cumplir tiene casi treinta años: la Ley 24.901, sancionada en 1997, es la que obliga al Estado a garantizar prestaciones básicas —de salud, educación y rehabilitación— a las personas con discapacidad en todo el país.
El Cottolengo Don Orione, una de las instituciones que reclama, informó que pagó más de 41 millones de pesos en intereses a la ARCA (la agencia que reemplazó a la AFIP) durante 2026, por no poder cumplir a tiempo con sus obligaciones previsionales a causa de los atrasos del Estado en los pagos.
«Todo tiene un límite. No vamos a ser indiferentes», escribió De la Sota en la red social X al confirmar la denuncia. La diputada había advertido semanas atrás sobre los atrasos y ahora eligió llevar el reclamo a la Justicia penal.
PAMI, por su parte, sostuvo públicamente que ya realizó los pagos correspondientes y que no mantiene deudas pendientes con los prestadores de discapacidad. Esa respuesta contrasta con lo que denuncian las instituciones y complica cualquier salida rápida al conflicto: mientras el organismo dice haber pagado, los prestadores insisten en que los atrasos continúan.
Si la Justicia Federal de Córdoba avanza con la causa, el ministro Lugones podría tener que dar explicaciones judiciales por el incumplimiento del fallo. Mientras tanto, las familias y las instituciones que dependen de esos pagos siguen esperando que la plata llegue, para poder sostener tratamientos que, según advirtieron, no pueden interrumpirse sin consecuencias graves para quienes los reciben.
Glosario
- Amparo colectivo: una herramienta legal que permite a un grupo de personas pedirle a la Justicia que proteja un derecho que está siendo vulnerado, sin que cada una tenga que presentar su propio reclamo por separado.
- Desobediencia judicial: delito que se comete cuando una persona no cumple una orden dada por un juez, a pesar de haber sido notificada.
- Medida cautelar: una decisión judicial rápida y provisoria que busca proteger un derecho mientras se resuelve el juicio de fondo.
- Incluir Salud: el programa del Estado nacional que brinda cobertura de salud a las personas que reciben una pensión no contributiva por discapacidad.
- PAMI: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el organismo que brinda cobertura de salud a jubilados, pensionados y, en algunos casos, a personas con discapacidad.
- Ley 24.901: la ley nacional que obliga al Estado a garantizar prestaciones básicas de salud, educación y rehabilitación a las personas con discapacidad.
- ARCA: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el organismo que reemplazó a la AFIP y se encarga de cobrar impuestos y aportes en Argentina.