En los barrios populares del país, ese dinero se convertía en la compra de la semana en el almacén de la esquina. Ahora, tras un fallo judicial, el Estado dejará de pagar el programa «Volver al Trabajo» a partir de agosto de 2026, y unos 900.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular perderán ese ingreso mensual.
«Esos 78.000 pesos eran fundamentales para la economía de nuestros compañeros», dijo Daniela Torres, referente regional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Movimiento Evita, durante la jornada de protesta del miércoles 22 de julio. Según explicó, ese dinero no se ahorraba: circulaba directo en los comercios de los barrios donde viven los propios beneficiarios.
El «Volver al Trabajo» es un programa social a cargo de ANSES que llegaba a alrededor de 900.000 personas inscriptas en la economía popular —changas, trabajo comunitario, cooperativas de cartoneros, cuidado de espacios públicos, entre otras tareas—. Fue creado por el Decreto 198/2024, en reemplazo del anterior Potenciar Trabajo, con un esquema de 24 cuotas mensuales.
Esas 24 cuotas se completaron ahora, en julio de 2026. El Gobierno nacional había querido dar por cerrado el programa antes, pero una medida judicial obligaba al Ministerio de Capital Humano a seguir pagando. Esa protección se cayó: la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que sostenía los pagos, y el depósito de julio será el último. Desde agosto, el Estado ya no tiene obligación de transferir el beneficio.
La UTEP calificó la decisión judicial como un golpe al derecho al salario de los trabajadores de la economía popular. El gremio había anunciado con anticipación una jornada nacional de lucha para el 22 de julio, en la que participaron también la CGT y las dos CTA, con el Congreso de la Nación, en Buenos Aires, como epicentro. Hubo cortes de ruta y de autopistas en distintos puntos del país, entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.
La misma semana, la Mesa de Barrios Populares —que agrupa a organizaciones sociales, TECHO Argentina y referentes de distintas provincias— se movilizó frente a sedes de ANSES, como en La Rioja, bajo la consigna «los barrios populares no se tocan». Reclamaron la reactivación de obras de urbanización paralizadas y el acceso a agua potable, cloacas y electricidad en barrios populares. Ese reclamo apunta, en particular, a un debate legislativo previsto para el 6 de agosto sobre el futuro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo que desde 2018, por la Ley 27.453 votada por unanimidad en el Congreso, coordinaba las urbanizaciones.
Ambos reclamos —el fin del «Volver al Trabajo» y la crisis de la integración socio-urbana— se dan en el mismo contexto: la baja del gasto público destinado a los sectores más vulnerables. Un informe de Cáritas Argentina y más de 200 organizaciones, difundido en febrero de este año, había advertido que el personal de la ex SISU pasó de 585 a 290 trabajadores en dos años, con más de 700 obras de urbanización paralizadas en todo el país.
El plan oficial es reemplazar el «Volver al Trabajo» por un sistema de «vouchers» de capacitación laboral, que trasladaría los fondos ya no a las personas directamente sino a empresas, centros de formación provinciales y organizaciones que dicten talleres de oficios. El Gobierno no comunicó públicamente todavía una fecha de implementación de ese nuevo esquema.
Para las familias afectadas, la pérdida es inmediata: sin el pago de agosto, y sin certeza sobre cuándo empezará el sistema de vouchers, miles de hogares de barrios populares de todo el país quedan, al menos por un tiempo, sin ese ingreso mensual con el que sostenían gastos básicos.
Glosario
- Economía popular: conjunto de trabajos que no tienen un empleo formal ni patrón, como changas, cooperativas o tareas comunitarias, que muchas familias usan para llegar a fin de mes.
- ANSES: la Administración Nacional de la Seguridad Social, el organismo del Estado argentino que paga jubilaciones, pensiones y programas sociales como el que se menciona en esta nota.
- Medida cautelar: una orden de un juez que obliga a hacer o no hacer algo mientras dura un juicio, antes de que haya una sentencia final.
- Barrios populares: barrios o asentamientos donde las viviendas se construyeron de forma informal y que, en muchos casos, no tienen acceso completo a servicios como agua potable o cloacas.
- RENABAP: el Registro Nacional de Barrios Populares, una lista oficial del Estado que identifica estos barrios para poder llevarles obras y servicios.